Arenas pide que la Junta devuelva un coche oficial de 67.000 euros

El presidente del PP-A alega un caso similar en Extremadura, donde se consideró un "error" la comprar de otro coche oficial, y solicita la devolución del nuevo vehículo de Luciano Alonso
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha solicitado hoy a la Junta de Andalucía la devolución del coche oficial de más de 66.000 euros adquirido para el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, al igual que ha hecho el Gobierno autonómico extremeño en un caso similar.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no aceptó la dimisión de su vicepresidenta económica, María Dolores Aguilar, que compró un vehículo de la misma marca que el de Alonso y valorado en más de 68.000 euros, pero anunció que el coche se iba a devolver al considerar su compra un "error".

Durante su intervención en un acto en Marbella (Málaga), Arenas ha criticado que "no puede ser que una cosa sea un error en Extremadura y aquí sea un acierto" y ha demandado que con el vehículo de Alonso "se haga lo mismo" que con el de la vicepresidenta económica extremeña y se devuelva.

El líder del PP andaluz ha adelantado en este sentido que su formación propondrá en el Parlamento autonómico la creación de un "código de buenas prácticas" que establezca los límites en gastos como la adquisición de vehículos oficiales, hoteles, comidas, protocolo o retribuciones de libre disposición.

Ha apuntado que dicho código recogerá también el número de asesores permitido, así como los sueldos y coches oficiales del Parlamento andaluz, y ha mostrado su disposición de que la propuesta se traslade también a los ayuntamientos.

"No puede ser que no haya límite para el dinero público", ha afirmado Arenas, que ha destacado la necesidad de que en Andalucía "no seamos campeones del despilfarro".

Según el presidente del PP-A, "hay gente que piensa que el dinero público no es de nadie y el problema es que el dinero público es de todos", por lo que "de Andalucía nada más que se habla en España por el despilfarro" de un Gobierno autonómico "con 700.000 parados".