La Justicia tumba el realojo de dos familias gitanas en Ponte Caldelas

sentencia
Una sentencia anula los contratos de alquiler de la casa hechos por el Concello de Poio
LAEDICION.NET.-Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra da la razón al Concello de Ponte Caldelas en su oposición al realojo de dos familias gitanas del poblado de O Vao (Poio) en la aldea de Caritel (Ponte Caldelas). El fallo, difundido ayer, estima parcialmente el recurso interpuesto hace poco más de un año y anula uno de los dos acuerdos adoptados por el gobierno local de Poio para hacer frente a los derribos de varias chabolas en O Vao. En concreto, el acuerdo del 4 de febrero del 2008 por el que el que Poio adjudicó los contratos de alquiler de las viviendas a esas dos familias. Entiende que esa decisión supone «un ejercicio extraterritorial de la competencia municipal del Concello de Poio en materia de servicios sociales».Ponte Caldelas perseguía también la anulación del otro acuerdo, adoptado el 27de diciembre del 2007, por el que Poio adquirió dos viviendas usadas de carácter rural para realojar a las familias dentro del programa de erradicación del chabolismo. En este caso, el juez estima que no es contrario a derecho que una Administración local adquiera viviendas en otro término municipal porque «pueden cumplir otras finalidades».
«Un grave problema social»

El alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez (PP), indicó ayer que a raíz de la sentencia el Concello de Poio «debe dar marcha atrás de inmediato a esos realojos para evitar mantener un conflicto que ha generado un grave problema social en la parroquia de Caritel y que la Justicia ha confirmado que hicieron contraviniendo la ley». El regidor, que trasladó el fallo a la mancomunidad de vecinos de Caritel, tendió la mano a su homólogo de Poio, Luciano Sobral (BNG), para sentarse a dialogar. Pero anunció que solicitará la ejecución provisional de la sentencia si Poio recurre ante el Tribunal Superior de Xustiza en su empeño por alargar más de un año «realojos ilegales».Sobral adelantó que el fallo, que estudia con los abogados, será previsiblemente recurrido al entender que no anula todo el proceso sino solo los contratos de alquiler. «Non anula a compra da vivenda, o Concello segue sendo propietario e hai que ver como se resolve o novo contrato. Unha das cousas que di a sentenza é que o convenio de asistencia se tiña que ter firmado coa Xunta e non coa Fundación Secretariado Gitano».Por su parte, el líder gitano Sinaí Giménez subrayó que las familias de Miguel Montoya y Mariano Silva no son responsables de los fallos de otras Administraciones. «Desde la asociación Pueblo Gitano vamos a luchar para que tengan una vivienda digna sea en Ponte Caldelas o donde sea», dijo tras apuntar que la sentencia no es firme y confiar en que Poio la recurra.