Las pesquisas judiciales en Arboleas indagan fuera de la política

El ex secretario municipal interrogado sólo estaría en posesión de algunas pruebas
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Los primeros resultados de la investigación llevada a cabo por el Juzgado número 3 de Huércal Overa, el marco en el que se produjo el registro de dependencias municipales de Alboreas, podrían desatar en las próximas horas las detenciones de empresarios y constructores implicados en la comisión de presuntos delitos urbanísticos. Ése es el objetivo principal de la operación Estrella de Oriente, que llevó a la Policía a interrogar durante seis horas al ex secretario del Ayuntamiento de Arboleas. Éste, en principio, no sería el objetivo último de la actuación policial, sino la persona que custodiaba la documentación y agilizaba los trámites en las dependencias municipales.

Las diligencias que ha abierto el magistrado de Huércal-Overa, Alberto Blanco, para dirimir si hay indicios de irregularidades urbanísticas en el planeamiento del municipio de Arboleas pueden determinar en las próximas horas la imputación de varias personas "ajenas al ámbito político o público" por su presunta relación en la comisión de delitos contra la ordenación del territorio. Estas personas pueden ser llamadas a declarar en las próximas horas, aunque fuentes cercanas a la investigación de los hechos se negaron a facilitar el grado de imputación que tendrá cada una de ellas. Lo que sí parece claro es que el ex secretario municipal sólo estaría en posesión de las pruebas.

Según informó la agencia Europa Press, el registro efectuado por la Policía Autonómica adscrita a la Junta de Andalucía responde a un nuevo atestado que amplía el que dio origen a la apertura de diligencias previas en 2009 y por el que, tal y como consta en el auto de entrada y registro dictado el pasado día 13, se añade a la causa la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística. La imputación por delito contra la ordenación del territorio, según el Código Penal, apunta a constructores, promotores y directores técnicos de obra que han edificado en el término municipal, de alrededor de 4.000 habitantes, ya que, de momento, no se han pedido responsabilidades a autoridades ni a funcionarios por este delito ni por el de prevaricación urbanística.