La Junta deja en manos del Ayuntamiento de Albox la posibilidad de no demoler las viviendas ilegales

A pesar de la sentencia del TSJA el delegado de Ordenación del Territorio dice que podría evitarse

LAEDICION.NET.-REDACCION.-Medio millar de británicos se ha manifestado en las calles de la capital para pedir que no sean derribadas sus viviendas, tal como ratifica –en sentencia inapelable- el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para ocho inmuebles ubicados en diseminados del término municipal de Albox cuyas licencias municipales han sido declaradas nulas.

Las casas unifamiliares se localizan en las pedanías de Las Hortichuelas (2), La Aljambra (2), Las Labores (1), Las Pocicas (1), Rambla de la Higuera (1), El Saliente (1). Por su parte, el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Luis Caparrós, ha venido a decir que el Gobierno andaluz intentará no derribar las viviendas ilegales, ya que existe un "precedente" acerca de cómo suspender la órdenes de demolición dictadas. Asegura que "estaría en manos" del Ayuntamiento de Albox la solución a estos casos concretos que se escapan de la administración autonómica, que lo que hace -afirma- es colaborar con la Justicia, que es quien decide el derribo. Los lemas utilizados por los manifestantes convocados por la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), han sido 'Permitiría usted que se demoliese la casa de sus abuelos', 'Llegamos, compramos y fuimos engañados' o 'Basta de corrupción e incompetencia administrativa'. Esta protesta llega tres días después de que un juez, a instancias de un recurso de incidencia interpuesto por el Consistorio de Vera, ordenase paralizar la ejecución de una orden de derribo dictada contra una vivienda, pero sobre todo cuando se cumplen dos años de la demolición de la casa del matrimonio Prior, a quienes el amparo del Tribunal Constitucional (TC) llegó meses tarde y ahora viven en un garaje. Patricia Sampson, portavoz de AUAN asegura que cinco de los afectados en Albox no tuvieron conocimiento del proceso judicial contra sus viviendas iniciado en 2002 hasta 24 horas antes del Día de Navidad. En ese mismo sentido, los propietarios afirman que adquirieron "de buena fe" sus casas y que "algo falla en el sistema cuando se prevé echar a un jubilados sin garantía de indemnización alguna y quebrando sus derechos humanos más básicos". Los ocho inmuebles son una mínima parte de las cerca de 11.000 fuera de ordenación que un estudio elaborado por los dos colectivos apunta que hay que la provincia almeriense.

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