El TSJA celebra este jueves el juicio por prevaricación contra el alcalde de Berja (PP)

LAEDICION.NET.-( Daniella Montenegro).-La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), celebra este jueves la vista oral por un presunto delito de prevaricación contra el alcalde de Berja, Antonio Torres (PP), dada su condición de aforado al ser también diputado en el Parlamento de Andalucía, por su actuación en el cese y posterior nombramiento en el año 2007 del jefe de la Policía Local.

Está previsto que el juicio comience a las nueve y media de la mañana, con el interrogatorio del regidor virgitano y las cuestiones previas, sin la participación del Ministerio Fiscal, al no haber formulado acusación al entender que fue una cuestión meramente ‘administrativa’. La acusación popular la ejerce en este caso el PSOE de Berja, quien también pide una multa de 50 euros diarios durante ocho meses.

Torres ha abonado una fianza de 12.000 euros para enfrentar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de su actuación.

El presunto delito de prevaricación que se le imputa a Torres viene motivado por el cese del jefe de la Policía Local de Berja, Antonio Castillo, que accedió a dicha plaza por concurso-oposición en 1985. En junio de 2007, fue sustituido durante el mes que se tomó de vacaiones, siendo sustituido temporalmente.

Sin embargo, Castillo no se reincorporó a su puesto “a causa de una baja por enfermedad sicológica, producida por el sentimiento de estar sometido a acoso laboral o “mobbing” por el acusado”.
En noviembre de 2007, Torres dictó un decreto por el que cesaba a Castillo y nombraba jefe de la Policía a su sustituto temporal, sin efectuar “ninguna gestión para cerciorarse de la corrección o incorrección del informe de la Secretaria del Ayuntamiento de Berja”.

Ese mismo mes, Salmerón presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto, de resultas del cual el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Almería dictó el 8 de octubre de 2008 una sentencia que declaró que la actuación del querellado Antonio Torres López había sido ilegal y había incurrido en desviación de poder, estimado el recurso con expresa imposición de las costas al ayuntamiento demandado. Dos meses más tarde, Castillo era reintegrado en su puesto.