El PA defenderá en el Congreso cambios en la ley hipotecaria para que se permita la “cancelación por devolución”.

Ruiz ha recordado que PP y PSOE se opusieron, y los andalucistas volverán a plantear este tema en las Cortes.


DANIELLA MONTENEGRO.-LAEDICION.NET El candidato al Congreso por el Partido Andalucista, Pedro Ruiz, ha informado que la representación nacionalista en las Cortes Generales, después de las elecciones del 20-N, “volverá a poner sobre la mesa el necesario cambio de la Ley Hipotecaria, que permita la cancelación de la deuda con el banco con la entre de las vivienda a la entidad financiera”. El andalucista ha querido destacar que tanto PP como PSOE se opusieron a esta modificación en el Congreso, mientras “ayudan con dinero público a los bancos, y dejan en la calle a los parados andaluces, incumpliendo el derecho a una vivienda digna que contempla el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía“.

Para el candidato “los desahuciados no son morosos que no quieren pagar, son desempleados que no pueden hacer frente a los pagos de su hipoteca en un momento en que tienen que elegir entre comer o pagar al banco”. Es más, ha resaltado “la tremenda injusticia que supone que las familias desahuciadas, víctimas de una crisis financiera de la que no son culpables, son expulsadas de sus hogares y obligadas a seguir pagando la hipoteca de una vivienda en la que no viven”.

Los andalucistas “defendemos que los poderes públicos deben tomar medidas para evitar el drama familiar de quedar sin vivienda y en la calle, por lo que proponemos la creación de una Oficina de Mediación y Asesoramiento a las familias amenazadas de embargo, que además renegociará el préstamo hipotecario para que ninguna familia víctima de la crisis sea expulsada de su vivienda y obligada a seguir pagando el préstamo, siendo los gastos de la renegociación de las condiciones de pago del préstamo hipotecario a cargo de la parte autonómica de la deducción fiscal por vivienda”. También defienden que haya viviendas públicas disponibles para situaciones de emergencia social, en la que los afectados puedan acceder, si son desahuciados, por un precio de alquiler según sus ingresos.