AUC advierte que se está configurando un
nuevo marco legislativo en materia de propiedad intelectual que puede ser muy
perjudicial para los usuarios.
LAEDICION.NET.-La Asociación
de Usuarios de la Comunicación ha mostrado su preocupación ante las propuestas
para restringir al mínimo la posibilidad de los ciudadanos de copiar contenidos
en la red de forma legal y sin ánimo de lucro, que les reconoce la actual
legislación de propiedad intelectual y que, según algunas filtraciones se
estaría pensando en eliminar a través de un cambio normativo.
AUC recuerda
que diferentes iniciativas legales en 2011 y 2012 han acabado con el llamado
“canon digital”, sustituyéndolo por un modelo en el que la compensación a los
autores y otros titulares de derechos por la existencia de la copia
privada se hace con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El hecho de
que la estimación de esa compensación se haya reducido en más de un 90% (la
cantidad a pagar pasa de 113 a 5 millones), lleva a pensar que se intentan
cuadrar las cuentas dejando fuera del derecho a compensación la mayoría de los
contenidos que hasta ahora era lícito copiar para uso privado y sin ánimo de
lucro.
La Asociación
de Usuarios de la Comunicación considera que el nuevo modelo de compensación
por la copia privada a través de los Presupuestos Generales del Estado no es el
más adecuado en un momento de crisis económica como el actual, en el que se
está produciendo drásticos recortes en ámbitos fundamentales como la sanidad o
la educación. AUC señala que este modelo es más indiscriminado que el
canon digital, puesto que obliga al pago por derechos de propiedad intelectual
a sectores de la población que no utilizan soportes ni equipos digitales, y que
tampoco realizan en ningún caso copias privadas. Además, no queda clara su
adecuación a la normativa comunitaria, al desvincular la responsabilidad del
pago del perjuicio que pueda producirse derivado de la copia.
La Asociación
considera finalmente que la sustitución del canon digital por el pago a través
de impuestos vuelve a convertir a los ciudadanos particulares en los únicos
“paganos” de esos derechos de propiedad intelectual, en lugar de diseñarse un
modelo en el que sean los que se lucran, y mucho, gracias a la posibilidad de
copia privada (la industria de las TICs y los operadores de telecomunicaciones),
los que asuman esa compensación.
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