-Los nueve miembros del jurado popular juzga por el caso Nagore

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Los nueve miembros del jurado popular del proceso que desde el 2 de noviembre juzga en Pamplona a José Diego Yllanes por el crimen de Nagore Laffage, han comenzado esta mañana sus deliberaciones para determinar la culpabilidad o no del acusado y si los hechos están probados o no. Las seis mujeres y tres hombres que componen el jurado se encuentran aislados desde anoche, cuando recibieron del juez que preside el tribunal un cuestionario con más de treinta preguntas a las que deberán responder en base a las pruebas y testimonios apreciados en los siete días de vista oral.
Tras pernoctar en un hotel pamplonés, el jurado ha sido trasladado esta mañana al Palacio de Justicia, donde, tras recibir las correspondientes instrucciones, se encuentra desde las 10:00 horas deliberando sobre los hechos ocurridos el pasado 7 de julio de 2008, en plenos Sanfermines.
El veredicto tendrá que determinar la culpabilidad o no de Yllanes en los delitos de asesinato u homicidio, si hubo alevosía en el crimen o si profanó su cadáver, entre otras cuestiones que el jurado debe decidir por cinco de los nueve votos si es a favor del acusado y por un total de siete si es en su contra.
Una vez que haya una respuesta con al menos esta proporción, aunque no hay un límite de tiempo para alcanzar el veredicto, el jurado entregará el acta de votación al magistrado, quien será el encargado de redactar la sentencia en la que argumentará las penas que se impongan.
En el juicio, el fiscal pidió 17 años y 6 meses de cárcel por asesinato y profanación de cadáver, con la circunstancia atenuante de reparación del daño, mientras que la defensa solicitó 7 años por homicidio con las atenuantes de reparación del daño, intoxicación etílica, confesión y arrebato y obcecación.
Por su parte, la acusación particular pidió en nombre de la familia Laffage 20 años y 5 meses por asesinato y profanación de cadáver, y las acusaciones populares (ejercidas por los Ayuntamientos de Pamplona e Irún, el Gobierno de Navarra y las Juntas Generales de Guipúzcoa) defendieron penas que van desde los 17 a los 22 años de prisión.