Piden inhabilitación y cárcel para el alcalde de Zurgena y el derribo de las viviendas

En el caso están implicados concejales del PA, del PSOE y del PP
LAEDICION.NET.-Daniella Montenegro.-El alcalde de Zurgena, el andalucista Cándido Trabalón, acumula un total de 12 procedimientos penales abiertos, entre ellos la Operación Costurero que supuso su detención en 2007, y por la que el fiscal le pide siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, además de seis meses de prisión. Le acusa la Fiscalía de autorizar, mediante la concesión de licencias municipales en acuerdos de pleno, la construcción en suelo no urbanizable de 41 viviendas unifamiliares a sabiendas de que constituía una ilegalidad.

Pero Trabalón no está solo en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería en 8, 9 y 10 de marzo de 2011, ya que el juez instructor apuntó a otras 24 personas por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental. Y es que entre esos detenidos figuran el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), los ex ediles también andalucistas Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios municipales bajo las siglas del PP-- y los ex concejales de PSOE Juan Morales y José Antonio Ramos, así como del PP, José Juan Sánchez. También estará con ellos el técnico municipal Francisco Salvador Granados.
Para todos estos imputados el fiscal solicita la misma pena como presuntos autores de un delito de prevaricación, el pago de multa de 24 meses a razón de 12 euros al día.

También estarán en el banquillo Isidoro García y Francisca Muñoz, los dueños de la empresa constructora Promociones 'Las Canaícas SL', con sede en Albox, que se enfrentarán a dos años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo de tiempo para ejercer profesión y oficio relacionado con la construcción, además de pago de sendas multas de 24 euros a razón de 30 euros al día.
Según el relato de los hechos, en 2006 esta mercantil construyó 53 viviendas unifamiliares en el 'Barranco de Los Pinos' y 'Cortijo Zurano' sobre "suelo no urbanizable", y doce de esas edificaciones, que no llegaron a terminarse, "no contaban con licencia municipal y no eran autorizables". Pero ya había en pie 41 que se construyeron al menos vendido una treinta a ciudadanos británicos que se acudirán al juicio como testigos. El fiscal argumenta que las licencias se dieron "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y que concedida por los acusados que formaban parte entonces de la corporación local bajo informe favorable "emitido a sabiendas de su injusticia" por el técnico municipal Francisco Salvador Granados. Una de las polémicas principales resulta ser precisamente esta, ya que si el informe técnico era favorable, los ediles no tenían argumentos para oponerse a las licencias.
La fiscalía pdie la demolición de lo construido y la indemnización a los propietarios con 200.000 euros.