El PSOE denuncia que Almería XXI debe a los bancos 11 millones

LAEDICION.NET.-Desvelan que el débito se duplicará el próximo año por la bajada de las ventas de la VPOEl Grupo Municipal Socialista ha llamado la atención al Gobierno municipal sobre el "alto nivel" de endeudamiento que está acumulando la empresa municipal Almería XXI, cuya razón empresarial es la promoción de viviendas de VPO. Según el PSOE, la deuda con bancos asciende a 11 millones de euros, a los que se sumarán otros 12, de acuerdo con las previsiones contables. El concejal socialista Rafael Guijarro, miembro del Consejo de Administración, ha recordado que "estas deudas se pagan con el dinero de todos los almerienses".

"Esta situación de endeudamiento se debe, según las cuentas de la empresa, a la bajada de demanda y de ventas en las promociones de VPO que ha ido poniendo el Ayuntamiento en el mercado". Guijarro ha recordado al alcalde, presidente de Almería XXI, cuál es la razón de ser de la empresa, por lo que le ha pedido que se ciña a eso en lugar de "promover vivienda libre en competencia con el sector profesional, que ha expresado públicamente sus quejas por lo que considera competencia desleal por parte del propio Ayuntamiento".

Propone, en este sentido, que Almería XXI alcance acuerdos con promotores privados para poner en alquiler viviendas ya construidas, actuando como mediador, y que las viviendas de VPO de promoción municipal que no han sido vendidas se destinen igualmente al alquiler".

La empresa municipal Almería XXI estudia poner en alquiler las viviendas con dificultades de venta

La empresa municipal Almería XXI, destinada a facilitar el acceso a una vivienda y a la promoción de vivienda social, ha planteado la posibilidad de poner en alquiler aquellos inmuebles de protección oficial con dificultades para su venta, si bien se descarta la posibilidad de que éste sea un alquiler social o que las casas se utilicen para realojos.

  LAEDICION.NET.-Así lo han indicado a LAEDICION.NET,fuentes municipales, quienes han señalado que se solicitará una autorización a la Junta de Andalucía para que permita realizar las modificaciones oportunas que den lugar a que las VPO destinadas a la venta puedan pasar al régimen de alquiler o de alquiler con opción a compra.

   En este sentido, actualmente existen unas 15 vivienda en la zona de La Cañada y Los Molinos destinadas a su venta, si bien la adquisición de las mismas se ve limitada ante el contexto económico actual. Así, desde la empresa municipal se aboga por tratar de fomentar su alquiler "en lugar de dejarlas en desuso"; una práctica que podría extenderse a promociones futuras en caso de que la Junta autorice los cambios.

   Con esto, las mismas fuentes han recordado que las competencias en materia de Vivienda corresponden al Gobierno andaluz, por lo que esperan que éste "no traslade a los ayuntamientos su responsabilidad y asuma sus competencias". En este sentido, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció recientemente ante el Pleno del Parlamento que ha solicitado a los ayuntamientos andaluces que pongan a su disposición sus parques de viviendas para poder realojar a las personas desahuciadas.

   A tenor de esto, desde el Consistorio han señalado que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) dispone de alrededor de 70.000 viviendas en todo el territorio andaluz, "muchas de las cuales están desocupadas y que podrían ser puestas a disposición de las familias desahuciadas". En esta misma línea, el Parlamento andaluz rechazó una moción del PP-A en la que se pedía que la Junta impulsara la puesta a disposición de su parque de vivienda social y de promoción pública para las familias más necesitadas y perjudicadas por la crisis afectadas por desahucios.

   "Este es un tema muy serio al que el Gobierno de la nación trata de dar respuesta de forma urgente e inmediata", afirman desde el Ayuntamiento, donde lamentan la "demagogia" del PSOE que "tras muchos años de hacer nada ahora quiere encabezar la defensa de las familias que lamentablemente están en esta situación".

El Ayuntamiento pide ayuda a la Junta en los casos de desahucios

Adoptan un acuerdo para construir 20 viviendas en un solar en el que EPSA debía haberlas concluido ya y cuyo coste del realojo de familias lo asume el Consistorio
Redacción / Almería.-El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en sesión plenaria una moción del PP en la que se insta a la Junta de Andalucía a tomar medidas de protección y ayuda en caso de deudas hipotecarias y desahucios de vivienda habitual en familias sin recursos, una iniciativa que ha contado con el respaldo de Izquierda Unida y el voto en contra del Grupo Socialista.

La concejala del Área de Asuntos Sociales, Aránzazu Martín, ha explicado que "la imposibilidad de miles de familias de hacer frente al préstamo hipotecario ha sido una de las más graves consecuencias de la destrucción de puestos de trabajo, por lo que la Junta de Andalucía no debe esperar más tiempo para tomar las medidas necesarias y ofrecer soluciones".

La edil ha recordado que "es el momento de que la administración autonómica preste un mejor servicio en materia de asesoramiento y mediación y también debe poner la vivienda protegida y el parque de vivienda social en alquiler de la Junta a disposición de estas familias, así como tomar las medidas necesarias para contemplar la dación en pago".

El portavoz socialista, Juan Carlos Usero, ha defendido su oposición alegando que "todos los servicios a los que se refiere la edil popular ya los lleva a cabo la Junta y en el caso de la dación en pago sólo se puede aprobar desde el Gobierno Central".

El Pleno ha aprobado también, en este caso por unanimidad, el convenio de encomienda de gestión entre el Ayuntamiento y la Empresa Municipal Almería XXI para la ejecución integral de las obras de un inmueble destinado a 20 viviendas en un solar municipal ubicado entre la calle Maromeros y calle Impresores. El responsable de Urbanismo, Pablo Venzal, ha recordado que "correspondía a la Empresa Pública del Suelo, EPSA, la ejecución de esta actuación, por lo que el Pleno del Ayuntamiento acordó, en octubre de 2007, ceder a la Junta las parcelas".

El acuerdo plenario debía ratificarse a través de la firma de un convenio entre ambas instituciones, algo que nunca ha ocurrido, por lo que el Ayuntamiento lleva haciéndose cargo del realojo de las familias que vivían en el edificio, que se desalojó y derribó por motivos de seguridad, desde 2006, "un coste permanente para las arcas municipales que ha supuesto ya una cuantía cercana a los 664.000 euros, por lo que se ha tomado la decisión de adoptar los acuerdos necesarios para que se construyan las viviendas previstas.