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miércoles, 1 de mayo de 2013

La Junta incrementa el salario social un 76% a la espera de la Renta Básica




El Gobierno andaluz ha triplicado el presupuesto desde 2008 para hacer frente al aumento de solicitudes de personas sin recursos Griñán quiere trasladar a Rajoy sus planes en una reunión
LAEDICION.NET.-El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto ley de medidas urgentes con el que la Administración andaluza quiere taponar el riesgo de exclusión de miles de andaluces, en especial, parados de larga duración y mayores y menores de edad.

El plan de la Junta contará con 120 millones de euros, de los que 76 ya estaban presupuestados este año para contrataciones laborales por parte de los ayuntamientos y para un plan de solidaridad alimentaria, que ahora se ejecutarán. La nueva aportación, 44 millones, se destinará a reforzar el Ingreso Mínimo de Solidaridad, denominado salario social, una paga que es el último recurso disponible para las personas que han agotado todos los demás recursos. Se concede durante seis meses y oscila entre 392,5 y 633,3 euros al mes dependiendo de los miembros de la unidad familiar.

Aparte de este plan, en salario social la Junta ya destina 71 millones este año y, sumada esta ampliación, habrá para este recurso el triple de los 41 millones que se destinaron al inicio de la crisis, en 2008. Entonces esta ayuda la pidieron 29.000 andaluces; el pasado año fueron 55.440 solicitudes presentadas, y se concedieron sobre el 60%.

Con este incremento presupuestario la Junta quiere hacer frente al crecimiento de peticiones de parados que agotan su prestación y las ayudas excepcionales de 420 euros. Además, el Gobierno andaluz pretende agilizar la tramitación de la ayuda y que ésta se conceda en el plazo máximo de dos meses. El año pasado hubo retrasos de hasta un año, según denunciaron el Defensor del Pueblo estatal y autonómico.

Estas medidas transitorias (acaban a final de año) suponen un parche contra la exclusión, a pesar del discurso exultante en el que incurrieron en rueda de prensa tanto la consejera de Salud, María Jesús Montero, como el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. La Junta lleva una década prometiendo una reforma de los Servicios Sociales de 1988 que desembocaría en una Ley de Inclusión Social que vincularía la percepción de estos subsidios a la búsqueda de trabajo. En ella se integraría la Renta Básica, una suerte de salario social universal y sin límite de tiempo que ya tienen País Vasco o Navarra.

La consejera aseguró que se trabaja en la aprobación de esta Renta en Andalucía, pero aseveró que mientras "no se puede esperar", en contraposición a la "paciencia" que reclamó este domingo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "No es posible esperar mientras el azote del paro está dejando sin ingresos a miles de familias", añadió el portavoz para justificar estas medidas "paliativas y de carácter temporal".

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, reclamará una reunión a Rajoy para trasladarle estas medidas, según confirmó Vázquez. Griñán ha pedido, entre otros pactos (empleo, contención fiscal y modernización de la economía), uno de exclusión social. La Junta demuestra que "otra política es posible" para no "dejar a nadie en la cuneta", dijo Vázquez entre otras glosas a un decreto ley que puede ser catalogado como de autoría compartida del PSOE con IU, tras el éxito del decreto ley de vivienda acuñado a la coalición de izquierdas.

Entre otras novedades, Montero avanzó que se pedirá al Gobierno que el plan de contratación en los ayuntamientos, el PER social, pueda librarse de las cuotas a la Seguridad Social, y así destinar otros 16 millones suplementarios a estos contratos.

También se supo qué niños se beneficiarán de las tres comidas de la red alimentaria. Serán aquellos cuyas familias no ganen más de 1,5 veces el Iprem (unos 800 euros). Se estiman 46.800 menores con "privación material severa" de lo 72.000 que en la actualidad ya tienen bonificado el almuerzo en su totalidad y no pagan nada.

La consejera comentó que será cada colegio el que decida cómo se ofrece el desayuno y la merienda, pero apuntó como posibilidad que se podría aprovechar el almuerzo para hacerle entrega de las otras dos comidas. En principio, no se abrirán los comedores escolares en verano. Para ayudar a los niños sin recursos en época estival, las ONG irán a las zonas con necesidades de transformación (barriadas marginales) con campamentos alimentarios. Se han identificado 5.536 niños en estas circunstancias. Habrá que esperar al BOJA para conocer si se añaden festivos y fines de semana.

También se ampliará el servicio en los centros de día de personas mayores y se sufragará el catering a domicilio que ya ofrecen algunos ayuntamientos para mayores de 65 años con dificultades para desplazarse a los comedores.

La Junta dotará con 4 millones de euros más el plan de ayudas económicas familiares, que este año tenía 1,2 millones para las necesidades alimentarias de menores (leche de continuidad, entre otras). Cambiará los requisitos y perderán las ayudas las madres en unidades familiares que superen en 4 veces el Iprem (por encima de los 2.000 euros) para beneficiar en mayo grado (de un 100 a un 120% de bonificación) a las madres con ingresos inferiores a 800 euros (1,5 veces el Iprem).

martes, 16 de abril de 2013

La Caixa comunica a Chamizo que ha devuelto a 67 personas cantidades de sus participaciones preferentes



LAEDICION.NET.- CaixaBank ha remitido una comunicación al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, informando de que ha llegado a un acuerdo para devolver cantidades a 67 personas afectadas por las participaciones preferentes que ha permitido a las mismas recuperar el total de la inversión realizada.
   Según indica la oficina del Defensor, esta comunicación es una primera respuesta de La Caixa al listado de mas de 350 personas, titulares de participaciones preferentes, que le fue remitido por esta institución a la entidad financiera, interesando que se diera una solución a los casos planteados.
   CaixaBank ha manifestado su "compromiso de dar respuesta en breve plazo a la totalidad de los supuestos que le han sido trasladados".
   El Defensor del Pueblo Andaluz ha expresado su "satisfacción" por la resolución favorable de estos casos, ha reconocido la "buena disposición" manifestada por CaixaBank y ha reafirmado su compromiso con todas las personas afectadas por la comercialización de este producto financiero.
PRONUNCIAMIENTO DE LA FISCALÍA
   Ya a inicios de año, la Fiscalía Superior de Andalucía emitió un decreto en el que ordena a las fiscalías provinciales de la comunidad autónoma abrir diligencias de investigación penal para analizar la posible ilicitud en la emisión de las llamadas participaciones preferentes, dando por sentado que ha existido una "mala praxis generalizada" por parte de las entidades financieras denunciadas por este asunto.
   El departamento que dirige el fiscal superior Jesús García Calderón incoó el caso después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le trasladara unos 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a estos productos financieros, que, según los datos de esta institución, podrían haber perjudicado a un total de 67.000 personas en Andalucía.
   El escrito trasladado por Chamizo llevó a la Fiscalía Superior a ordenar una investigación a la Policía Judicial, que, tras el análisis de las denuncias, ha concluido que ha existido esa "mala praxis generalizada" que, según se señala en el escrito firmado por el fiscal Arturo Gómez Pardo ha consistido en "no observar escrupulosamente las directrices comunitarias", en la "vulneración" de diversos preceptos de la Ley de Mercado de Valores y en el "incumplimiento" de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

viernes, 23 de noviembre de 2012

El Banco de España estudia penalizar a las entidades con más quejas



LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Se exigiría a todos los grupos un depósito que podrían perder por exceso de reclamaciones El Banco de España está estudiando penalizar a las entidades que superen un volumen elevado de reclamaciones o quejas, dentro de un paquete de medidas para mejorar la transparencia en el trato con los clientes. La propuesta consistiría en exigir a los bancos un depósito, que podrían llegar a perder si supera un cierto límite en el volumen de reclamaciones.

Así lo puso de manifiesto el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez, durante su comparecencia a puerta cerrada en la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios del Congreso el pasado 7 de noviembre, según consta en las actas de la reunión a las que ha tenido acceso Efe.

En cuanto a las "insuficiencias" en relación con los productos financieros complejos, explicó que valoran una propuesta del Defensor del Pueblo para "incluir también algún símbolo fácilmente comprensible sobre el grado de riesgo asociado al mismo". El Defensor del Pueblo sugirió el sistema de los semáforos, con el que se puede hacer una escala de tres colores (rojo, amarillo o ámbar, y verde) de manera que el cliente pudiera asociar "rojo" con un producto de riesgo. El ámbar y el verde serían para productos sin riesgo aparente, explicó Priego, quien añadió que al Banco de España le parece "una idea útil".

 

lunes, 29 de octubre de 2012

El Defensor se queja de los errores al tramitar el copago de medicamentos



Chamizo pide a la Junta y a la Seguridad Social que se coordinen con más eficacia.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Se veía venir y el Defensor ha dicho que ya está bien: la aplicación de los tramos de renta al copago farmacéutico es percibida por los ciudadanos como una monumental chapuza y eso tiene que arreglarse. La institución parlamentaria que dirige en funciones José Chamizo ha abierto una queja de oficio sobre el nuevo copago de medicamentos y pide a la Consejería de Salud de la Junta y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que se coordinen mejor. El Defensor pedirá informes al respecto a ambas administraciones públicas.

A raíz de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012, que sienta las bases de la reforma del Sistema Nacional de Salud impulsada desde el actual Gobierno de la nación, el copago farmacéutico se amplía a los pensionistas y modifica su estructura interna en función de la renta de cada persona. Aplicar esa decisión a la práctica cotidiana de la dispensación de medicamentos en las farmacias sujetos a receta de la sanidad pública ya está siendo, de por sí, un proceso complicado, que está dando lugar a sobrecargas laborales y confusiones en las comunidades que definen la situación de cada usuario en función de tarjetas de colores a cumplimentar por el médico o a sobrecargas del sistema informático en territorios donde está fuertemente implantada la receta electrónica, como Andalucía. A todo ello se suma como hecho determinante de la queja del Defensor el que los datos de renta están cerrados a fecha de término del año fiscal anterior y hay muchas personas que cambian su situación respecto al seguramiento público mientras se actualizan o no los datos: pérdida de empleo, cambios en la cuantía de los ingresos, jubilación... Eso significa que se están dando situaciones injustas, en las que un pensionista es considerado aún activo a efectos de copago farmacéutico o un parado afronta el copago como si aún trabajase.

La Junta dice que el problema tiene que resolverlo el INSS y éste dice que sólo se ocupa de reconocer el derecho a la asistencia sanitaria y a definir el tipo de aseguramiento. Y el Defensor quiere que se aclare todo esto. Ya.

sábado, 14 de abril de 2012

El Defensor del Pueblo investiga la queja del profesor Lirola a quien el rector impide matricularse en la UAL tras haberle sancionado

Chamizo ha admitido la petición del docente a quien Molina había sancionado por haberle denunciado ante la Fiscalía por una presunta prevaricación en la concesión de una cátedra • Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz aceptando investigar el asunto • La UAL impide la matrícula de un profesor como alumno a pesar de estar suspendido y no dar clases en la Universidad • Sanción de 4 años y 3 meses a un profesor universitario por denunciar al Rector de la Universidad de Almería y hacer pública la denuncia • Personal Docente e Investigador de la UAL da su apoyo a Lirola y pide que se investigue si es víctima acoso laboral • El Rector impide por la fuerza una rueda de prensa en la que un profesor denunciaba presuntas irregularidades • Profesor denuncia al rector de la UAL por presunta prevaricación en la convocatoria de una cátedra El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la queja del profesor de la Universidad de Almería Jorge Lirola Delgado y procede a iniciar actuaciones ante la negativa del Rector, Pedro Molina, a que pueda matricularse en Filología Hispánica. Legalmente un profesor no puede matricularse en la Universidad en la que trabaja, pero se da la circunstancia de que Lirola está sancionado y por tanto no ejerce como tal. En diciembre pasado, el Vicerrector de Estudiantes, José Guerrero Villalba resolvió denegando la solicitud de matrícula de Jorge Lirola, argumentando que un profesor no puede matricularse en el mismo centro en el que imparte docencia, sin tener en cuenta que el Rector de la Universidad lo había sancionado por un supuesto trato irrespetuoso con un superior y por atentado grave contra ese superior o contra la institución, suspendiéndolo de sus funciones durante 4 años y 3 meses, por lo que, actualmente, Jorge Lirola no está impartiendo docencia. El 19 de enero de 2012 el profesor sancionado presentó, asimismo, recurso ante el Rector para que le diera la razón frente a la resolución del Vicerrector, de forma que pudiera matricularse. Casi tres meses después, Pedro Molina sigue sin pronunciarse al respecto. Jorge Lirola, quien había denunciado a Pedro Molina y a José Luis Martínez Vidal por presunta prevaricación y otros delitos ante la Fiscalía y recientemente los ha vuelto a denunciar a ambos por prestar falso testimonio en documento público (afirma que han mentido al juez), considera que la negativa a aceptarlo como alumno en la UAL es una muestra más del abuso de poder que Pedro Molina está ejerciendo al frente del Rectorado de la Universidad de Almería y no le basta con sancionarlo como represalia a las denuncias públicas que realizó, sino que quiere también impedirle completar la licenciatura de Filología Hispánica.

miércoles, 21 de marzo de 2012

En España hay 726.156 fincas sin titular que no tributan

LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-La Oficina del Defensor del Pueblo recomienda que se vuelquen los esfuerzos de la inspección en la investigación de fincas que actualmente no tienen titular (726.156 en 2010), pues esto significa que no tributan. La institución que dirige María Luisa Cava de Llano incluye esta petición en el informe monográfico “La realidad catastral en España, desde la perspectiva del Defensor del Pueblo” que acaba de hacer público. Para la realización del informe, la Institución ha recogido información a partir de las investigaciones realizadas en la tramitación de las quejas ciudadanas. Además, se han enviado cuestionarios a 51 gerencias y se han realizado 22 visitas presenciales. Una de las deficiencias detectadas, a juicio de la Institución, es la insuficiente dotación de personal, una circunstancia que se encuentra detrás de los retrasos en la resolución de procedimientos. Según se pudo comprobar, las bajas médicas por enfermedad no se cubren. Tampoco las bajas por maternidad o paternidad. También se pone en entredicho el funcionamiento de la Sede Electrónica del Catastro ya que, según la Institución del Defensor del Pueblo, ”está creando situaciones de inseguridad jurídica, puesto que la actual configuración de la sede electrónica permite que actos de trámite del procedimiento, adoptados sin ninguna garantía, se conviertan en actos firmes, sin procedimiento que los ampare”. En cuanto a la inspección, la Institución recomienda que se vuelquen los esfuerzos en la investigación de fincas que actualmente no tienen titular, pues esto significa que no tributan. De la información obtenida a través de los más de 50 cuestionarios que cumplimentaron las gerencias, se desprende que en el año 2010 existían 726.156 bienes inmuebles sin titular, lo que quiere decir que no hay un sujeto pasivo que tribute por los mismos. La Administración debe insistir en reducir este número, ya que las fincas o bien pertenecen a la Hacienda Pública, o tienen un dueño que debe tributar por ellas. Valor catastral El informe monográfico estudia con detalle el procedimiento de valoración catastral, valor que se toma como base de muchos impuestos. El valor catastral se asigna a todos los inmuebles partiendo de los fijados en las ponencias de valores, que se aprueban por la Dirección General del Catastro y tienen categoría normativa. Los valores se adoptan con referencia al mercado, pero el concepto “valor de mercado” entendido como un reflejo de la realidad socioeconómica, es un dato variable y dinámico que no casa bien con el estatismo de los procedimientos administrativos que tienen vocación de perdurar. Por ello, el procedimiento para la aprobación del valor catastral y sus actualizaciones se alzan, a juicio de la Defensoría, como el principal escollo para que los ciudadanos comprendan la actividad de la Dirección General del Catastro. A lo largo de 21 años de la aplicación de la Ley de Haciendas Locales el incremento de los valores catastrales asciende a un 57,19% de revalorización automática. Para el Defensor del Pueblo, el hecho de que el valor catastral se fije de forma unilateral por la Administración y que su desvirtuación precise de la impugnación por los interesados (lo que supone un coste importante para el ciudadano) así como el hecho de que los criterios para su cálculo sean genéricos y se establezcan de manera unitaria para todo el territorio nacional, provoca su alejamiento de los principios de justicia tributaria. Por ello, la asignación de los valores individuales a los bienes inmuebles debería ofrecer suficiente motivación y garantías para que el interesado pueda impugnarlo y defender sus derechos constitucionales. Así las cosas, en opinión de la Institución, la valoración catastral debe ser un sistema reglado, masivo, estable e independiente de la coyuntura de mercado. En este sentido, se han recibido numerosas quejas ciudadanas que denuncian que se ha incorporado una dinámica mercantil a las valoraciones, cuando lo cierto es que existen grandes diferencias entre poblaciones limítrofes, debido a factores como la existencia de polígonos industriales, la cercanía de infraestructuras de comunicación, actividad comercial, etc. La actividad frenética del mercado inmobiliario en la última década ha provocado la aprobación de ponencias de valores basadas en estudios de mercado insuficientes, ocasionando la nulidad de las mismas. Pese a ello, la Dirección General de Catastro no ha rectificado dichas ponencias, sin tener en cuenta las denuncias ciudadanas y municipales, hasta que se han estimado por sentencia firme, cuya tardanza ha incrementado el perjuicio para todos. Otro problema detectado es que la actual situación del mercado inmobiliario puede producir que algunos valores catastrales se encuentren fuera del límite legalmente fijado. De esta forma, aquellos valores asignados tras una ponencia que tomó las muestras en un mercado alcista como era el de 2007, se encuentran fuera de dicho límite. Además, en un mercado a la baja, los nuevos valores catastrales no tienen margen suficiente para absorber la pérdida de valor de los inmuebles. Ello ha sido objeto de numerosas quejas y ha dado lugar a que se plantee a la Dirección General del Catastro y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la necesidad de establecer alguna reducción en el valor catastral. Recomendaciones