El Gobierno pone coto a la contratación de luz, móvil y gas por vía telefónica

El Gobierno ha modificado la normativa de contratación telefónica para exigir firma física, con el objetivo de evitar abusos de las empresas.

LAEDICION.NET.-Cerrar un contrato de servicios como la línea de móvil y ADSL, la luz y el gas exclusivamente a través del teléfono dejará de ser posible.
El Consejo de Ministros ha aprobado una profunda reforma de la legislación sobre protección al consumidor que exigirá a las compañías contar con la firma física de los clientes para darles de alta.
Como adelantó EXPANSIÓN el 27 de marzo, el anteproyecto de ley, propuesto por el Ministerio de Sanidad, busca "reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores como de los empresarios; contribuir a la eliminación de disparidades existentes en la legislación europea de los contratos celebrados entre empresas y consumidores, y elevar el nivel de protección de los derechos de los consumidores y usuarios", según el texto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN antes de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la modificación de esta normativa.
La posibilidad de cerrar un contrato de servicios sin firma física, solo con la grabación telefónica de la aceptación, ha permitido a las empresas agilizar los trámites para captar clientes de la competencia, al tiempo que ahorra costes en el proceso. Los usuarios, por su parte, ganan comodidad en la contratación de los servicios. Pero también se pueden multiplicar los abusos por parte de las compañías y los contratos fraudulentos, una posibilidad que el Ejecutivo quiere eliminar con la nueva regulación.
Evitar fraudes
En el artículo 98 de la nueva normativa, bajo el título de Requisitos Formales de los Contratos a Distancia, se especifica que, "en caso de que un contrato a distancia vaya a celebrarse por teléfono, el empresario deberá confirmar la oferta al consumidor por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El consumidor sólo quedará...

Crespo (PP): «La consejera Cortés ha firmado desahucios hasta abril»

La delegada del Gobierno en Andalucía la califica de «extremista» y tilda de «magnífica» la instrucción de los ERE

LAEDICION.NET.-La delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, ha recriminado este jueves a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, la comunista Elena Cortés, que «ella ha firmado desahucios hasta abril de este año». Discrepa así de lo manifestado por la responsable autonómica, que presume de haber paralizado los expedientes de desahucio administrativo que afectan al parque público perteneciente a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a su Consejería, desde que tomó posesión del cargo en el Gobierno autonómico el 7 de mayo de 2012.

Durante una entrevista en Canal Sur Televisión, la responsable del Ejecutivo de Mariano Rajoy coincide con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al señalar que es «de dudosa legalidad» el decreto para expropiar el uso de viviendas a los bancos cuando éstas se encuentran inmersas en procesos de desahucio aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno presidido por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Abogó, en este sentido, porque en este asunto «el consenso parta de todos los españoles y se apliquen medidas contundentes» para todo el Estado.

Crespo censuró la actuación de la consejera de IU porque, según ha apuntado, adopta posiciones «muy extremistas al respecto» recordando que Cortés manifestó que si no fuera consejera de la Junta ella mísma se sumaría a los «escraches» que están protagonizando miembros de la plataforma Stop Desahucios en los domicilios de cargos públicos del PP. Para la delegada del Ejecutivo central, que ha sido diputada del PP por Almería en el Parlamento andaluz, estos acosos a diputados están «orquestados» y agregó que «debe compatibilizarse el derecho a la manifestación con no violentar el domicilio familiar» de los diputados.

Preguntada por las instrucciones que tiene la Policía Nacional para actuar en este tipo de conflictos, Crespo indicó que «cuando haya una manifestación de forma irregular se puede identificar a las personas y puede llegar a la detención si hay algún acto delictivo».

Acerca del déficit de las comunidades autónomas, la delegada del Gobierno también abogó por abordar cuestiones «bilaterales» entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos, como ha hecho Rajoy con el president catalán, Artur Mas, cuando hay «circunstancias personales», aunque debe haber, puntualizó, «una línea común con todas las comunidades». Recordó que Andalucía «se ha pasado en un 0,52 por ciento del objetivo de déficit» marcado por el Gobierno a las regiones.

Caso de los ERE

Por último, Carmen Crespo se ha referido a la instrucción judicial y policial del fraude de los ERE financiados con fondos públicos de la Junta de Andalucía. Calificó de «magnífica» la investigación ordenada por la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, y consideró «exquisita» la actuación de la Policía Nacional, que en marzo realizó 20 detenciones y 13 registros dentro de las pesquisas relacionadas con el cobro de sobrecomisiones de los ERE, que están bajo secreto de sumario. Indicó que «lo importante es cómo se ha vulnerado la ley en 1.100 millones de euros destinados a los desempleados».

Griñán cree legal expropiar casas y avanza que habrá más medidas

El presidente de la Junta ve con respaldo constitucional el acuerdo de su Consejo de Gobierno e ‘invita’ al PP a presentar enmiendas en el Parlamento
LAEDICION.NET.-El presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió ayer que el decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas “en inminencia” de desahucio “en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas” es “plenamente constitucional” y ha invitado al PP-A a presentar enmiendas durante su tramitación parlamentaria “si considera que hay inseguridad jurídica”.
Griñán se ha pronunciado de este modo después de que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, haya alertado sobre la “inseguridad jurídica” del decreto y haya acusado al Ejecutivo andaluz de “manipulación política” en el tema de los desahucios para “confundir” a los ciudadanos.
El presidente de la Junta ha indicado que tiene la “tranquilidad de que los servicios jurídicos han estudiado profundamente esta normativa y creemos que es plenamente constitucional” y ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1987 sobre la reforma agraria, que establece que “el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad y función social”.
“Se consideró constitucional la expropiación de uso que se llevaba a cabo en bienes que no estaban siendo utilizados con una finalidad económica o de rentabilidad social”, ha añadido Griñán, quien también se ha referido al derecho comparado, asegurando que en muchos países europeos como Francia, Reino Unido o Noruega, entre otros, se aplica una “confiscación” de hasta seis años en casos de viviendas que no se utilizan.
Tras insistir en que son medidas que tratan de paliar el problema y que no van a ser las últimas que la Junta dedique a luchar contra la exclusión social y las desigualdades, el presidente de la Junta ha querido hacer hincapié en que el Gobierno andaluz seguirá tomando decisiones en este sentido. “Hemos dado un primer paso y no será el último”, ha advertido.
Griñán, que ha negado que las sanciones establecidas tengan afán recaudatorio, ha dicho que se producen “porque hay un problema social que queremos solucionar”. A su juicio, cuando hay tantas miles de viviendas sin ningún uso y tantas familias que no disponen de techo o de acceso a la vivienda, “es una función de cualquier gobierno con sensibilidad poner o buscar las posibilidad de que esas viviendas puedan ser accesibles a través de una fórmula que está en el Código Civil”.