Desde que hace un año se descubrió que bajo las alfombras de la Junta existía una poza oculta infectada de ayudas a falsos prejubilados (intrusos), la maquinaria de propaganda del Gobierno andaluz se puso a trabajar. Sin descanso. Fabricó un discurso exculpatorio para escurrir el bulto de las responsabilidades políticas. A remolque de la investigación policial, judicial y periodística, el Ejecutivo de José Antonio Griñán reaccionó, primero, ofreciendo unas pocas cabezas de turco en escalones intermedios de la Consejería de Empleo. Después, se vio forzado a abrir una investigación interna que no mostró el saqueo público en toda su magnitud. Y con estas coartadas, agravios y medias verdades como material levantó un dique de contención que no ha logrado tapar la evidencia de su fracaso: que creó, alimentó y no evitó durante una década el fraude social con ayudas al empleo en la región más golpeada por el paro.
ABC rebate con argumentos su decálogo de «trampas» en la crisis de los ERE.
1. La Junta destapó el fraude
No fue la Junta la que abrió la caja de pandora del fraude, mantra que repiten Griñán o el propio Rubalcaba presumiendo de haber llevado la iniciativa. Está personada como acusación en el proceso desde marzo, pero todo arrancó antes, en diciembre de 2010, gracias al empeño de la Policía y, sobre todo, de la juez Mercedes Alaya que investigaba por entonces el supuesto cobro de comisiones ilegales en la empresa municipal Mercasevilla a cambio de favores urbanísticos, un caso que tuvo su origen en una grabación que publicó en exclusiva ABC. Tirando del hilo, Alaya, a la que el PSOE quiso apartar del caso, se topó con un escándalo de dimensiones aún mayores en la Consejería de Empleo. La llave que abrió la caja fue el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que autorizó un ERE irregular en Mercasevilla. Fue él y no la Junta quien reveló a la Policía que había un «fondo de reptiles» de 647 millones para ayudar empresas en crisis al margen de los controles legales.
2. La culpa, de «cuatro golfos»
Desde el primer minuto, el Gobierno andaluz ha intentado minimizar el caso a medida que los indicios de irregularidad se acumulaban. Los urdidores de la trama eran «cuatro golfos», insistió, para cargar el pesado fardo de la ley sobre los hombros de Guerrero como muñidor de las ayudas. Luego, la cuadrilla de «golfos» creció. La jueza imputó al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el delegado del ramo en Sevilla Antonio Rivas fue llamado al banquillo por Mercasevilla. La «onda expansiva» de los ERE atrapó a una concejal socialista de Camas, al regidor de Cazalla de la Sierra, al alcalde de El Pedroso y a su hijo exedil, sin olvidar a la nutrida tropa de aseguradoras, conseguidores, bufetes, sindicatos, empresas, familiares y amigos del «entorno» del PSOE que tomaron parte en el «botín». Y la lista no para de crecer.
3. Guerrero actuó solo
Este axioma se desmonta con otra verdad incontrovertible: Javier Guerrero, imputado en el caso, permaneció nada menos que nueve años (1999/2008) al frente de la Dirección de Trabajo, con tres consejeros distintos que lo ratificaron en el cargo porque era muy resolutivo, como admitió el exconsejero de Empleo José Antonio Viera (2000/2004). Guerrero despachaba sus gestiones en reuniones periódicas con sus superiores. Sus tejemanejes pasaron el filtro del consejo del IFA o la Agencia IDEA, que ponía el dinero con una asignación anual del presupuesto.
4. El Gobierno no firmó nada
«Los consejeros decidían las ayudas directas a empresas», confesó el exdirector en una entrevista. El Gobierno lo negó, pero no tardaron en salir a la luz actas del IFA aprobando ayudas irregulares a ayuntamientos y sociedades con las comprometedoras firmas de Viera y Fernández. Y trascienden escritos incorporados al sumario alertando al expresidente de la Junta Manuel Chaves de que había falsos prejubilados en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla.
5. Objetivo: agilizar ayudas
El «fondo de reptiles» nació el 17 de julio de 2001 de un convenio oficial firmado por José Antonio Viera y el presidente del IFA, Antonio Fernández. Esta fórmula se ideó en teoría, según el Ejecutivo, para «agilizar» los incentivos a empresas en crisis. En la práctica, supuso ocultar al control 647 millones durante una década. Se montó un sistema opaco para repartir subvenciones a dedo, se le enchufó una manguera de dinero público y, sólo a posteriori y al socaire de una investigación policial y judicial, se descubrió que estaba plagado de «fugas».
6. Griñán, sin responsabilidad
El Gobierno que colocó a Guerrero en un alto cargo y lo dejó actuar imbuido de impunidad nueve años no ha depurado aún ninguna responsabilidad política. Para eludirla, se abona a la tesis de que no sabía nada, lo que contrasta con el dato objetivo de que hasta ocho veces, con Chaves de presidente, fue advertido por la Intervención General de Hacienda —que dependía de Griñán siendo consejero de Economía entre 2004 y 2009— de que el procedimiento administrativo utilizado para financiar los ERE era irregular. Lo cambió después de estallar el fraude. Griñán se escuda en que el órgano fiscalizador no emitió informes de actuación ni detectó «el menoscabo a las arcas públicas». Su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera entonces, aseguró que nunca le entregó los avisos al actual presidente andaluz. Pero su afán por salvarle la cara no evitó que Alaya lo implicara en dos autos por la autorización de créditos a 21 empresas con el «fondo de reptiles» y ampliaciones del presupuesto de esta partida que llevan su firma. No fueron una ni dos sino trece las veces que se infló el polémico fondo, según reveló la Junta a la magistrada.
7. Luz y taquígrafos
El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha blasonado de transparencia al mismo tiempo que su partido ponía sordina al caso en el Parlamento andaluz vetando diez veces la creación de una comisión de investigación y la comparecencia del interventor para aclararlo, pedida por el PP. Tampoco fue su empeño voluntarista por poner «luz y taquígrafos» sobre la red fraudulenta la razón de que abriera en febrero un proceso de información reservada. Encargó una investigación interna forzado por la instrucción de la juez, que requirió a la Junta los expedientes subvencionados. Las pesquisas se publicaron por entregas. Recio colgó en Twitter y Facebook el resultado final: 72 intrusos y 111 «discordancias» administrativas —así las llamó— en 68 empresas analizadas. Luego se supo que se había quedado corto, pues la juez detectó a más «polizones» colados en ERE de empresas donde nunca trabajaron.
8. Colaboración con la juez
La denominada «colaboración proactiva» con la Justicia se ha convertido en un eslógan-comodín del Ejecutivo andaluz, pero el año transcurrido desde que arrancó la investigación ha estado jalonado de hechos objetivos que lo desmienten. De hecho, no le han dolido prendas en manifestarlo cuando el severo escrutinio de la juez puso la lupa sobre las 480 actas de los Consejos del Gobierno de la última década. El Gabinete de Griñán se negó a dárselas en un principio y planteó un conflicto de competencias que el Tribunal Supremo resolvió a favor de Alaya, quien había defendido su relevancia para indagar en el fondo que transfirió la Consejería de Empleo al IFA destinado a ayudas sociolaborales. Mientras los dos poderes chocaban, el aparatoso armario blindado que contenía once sobres lacrados con las actas iba y venía de la Junta al juzgado, dejando una secuencia propia de una película de Berlanga.
Pero si no había quedado ya acreditado con este episodio que su colaboración, en gran parte, era pura fachada, el PSOE y la Junta emprendieron una campaña de acoso y derribo contra la juez con acusaciones zafias de Alfonso Guerra que fueron reprobadas por el Consejo General del Poder Judicial. Alaya reaccionó poniendo bajo sospecha al mismísimo presidente en dos autos que, fueron recurridos por la Junta de Andalucía.
9. Fraude de 9 millones
Atendiendo a los 72 intrusos incrustados en ERE, Empleo calculó que el agujero dejado en sus arcas fue «sólo» de 9 millones. «Representa el 1,39 por ciento del fondo de 647 millones de euros destinado a los ERE en diez años», proclamó Recio en un intento por rebajar el eco mediático de un caso que escandaliza a la opinión pública. Pero había más cera de la que ardía. Aparte de los 580 millones gastados en despidos y expedientes de regulación, se repartieron 65 millones del «fondo de reptiles» en ayudas directas y arbitrarias a empresas que muchas veces no estaban en crisis. Alcaldes del PSOE también recibieron favores en forma de cheques para proyectos «fantasma». Como guinda del pastel, el fraude dejó una hipoteca cercana a 300 millones correspondiente al crédito de aseguradoras.
10. Recuperación del dinero
El mismo Gobierno que se ha comprometido a «recuperar hasta el último céntimo» cobrado de forma ilícita tardó nueve meses en pedir por su cuenta a los falsos prejubilados que devolvieran el dinero. Se tomó su tiempo para iniciar, al margen de la vía penal, un proceso administrativo de reintegro con pocas posibilidades de éxito, ya que las primeras ayudas ya han prescrito. El tiempo dirá cuántos céntimos retornan a las arcas y cuántos se pierden por el camino.
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