La Junta forma a 24 personas con discapacidad en atención a personas dependientes

LAEDICION.NET.--El delegado territorial de Salud y Bienestar Social, Alfredo Valdivia, ha clausurado hoy dos talleres de empleo promovidos por la Federación Almeriense de Personas Con Discapacidad (FAAM) y la Asociación El Saliente, en Almería y Huércal de Almería, en los que se han formado un total de 24 personas con discapacidad en atención sociosanitaria, con una subvención de 536.145,12 euros por parte de la Junta de Andalucía.

Los dos talleres de empleo clausurados hoy por el delegado territorial de Salud y Bienestar Social están dirigidos a personas con discapacidad. Quienes superen con éxito el taller de empleo, reciben al terminar un Certificado de Profesionalidad, que les acredita como profesionales cualificados en sus especialidades, lo que les ayudará a encontrar empleo.

En los actos de clausura de los talleres de empleo promovidos por la FAAM y El Saliente, el delegado territorial de Salud y Bienestar Social ha estado acompañado por los presidentes de ambas entidades, Valentín Sola y Matías García, respectivamente. Alfredo Valdivia ha destacado el esfuerzo económico realizado por la Junta de Andalucía para aportar la inversión de 19,5 millones de euros que permite poner en marcha 68 talleres de empleo y casas de oficios en la provincia de Almería, en los cuales están participando 949 personas desempleadas y con dificultades de inserción laboral que se formarán y trabajarán durante un año en especialidades demandadas por el mercado de trabajo y relacionadas con sectores emergentes como la atención a las personas en situación de dependencia, las nuevas tecnologías, el turismo y la hostelería, la recuperación y conservación del patrimonio o las energías renovables.

Impulso a la Dependencia

Alfredo Valdivia ha explicado que “24 alumnos-trabajadores han participado en los dos talleres promovidos por la FAAM y El Saliente, recibiendo cada mes una beca salario de 1.128 euros, por las prácticas profesionales que han realizado durante los proyectos”.

El delegado de Salud y Bienestar Social ha señalado que por su temática, centrada en la atención sociosanitaria “estos dos talleres tienen una importante salida laboral a pesar de los momentos que vivimos” y en este sentido ha recordado el impulso que desde la Junta de Andalucía se ha dado al desarrollo de Ley de Dependencia, al que se han destinado más de 4.000 millones de euros y que ha permitido que nuestra Comunidad Autónoma aglutine más del 25% de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiaras del conjunto de España.

Cuidado de personas con discapacidad y mayores

El taller ‘Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y domicilios’, promovido por la FAAM ha permitido formar en esta materia a doce personas con discapacidad y en situación de desempleo. El Taller que finaliza la octava edición ha estado compuesto de 1.920 horas de formación, de ellas 1.185 horas han sido prácticas realizadas por los alumnos en 55 domicilios de personas en situación de dependencia y seis centros de día de personas mayores y en situación de dependencia con plazas concertadas por la Consejería de Salud y Bienestar Social.

De los doce alumnos trabajadores, siete de ellos han sido mujeres y cinco hombres, población que ya ocupa casi el 50% en esta formación tan específica que tradicionalmente ha correspondido a la población femenina.

Los alumnos del Taller de Empleo ‘Cuidador de personas con discapacidad y mayores El Saliente’ han recibido desde junio de 2012 un total 1.920 horas de formación teórico-práctica en los siguientes módulos: higiene y atención sanitaria domiciliaria, atención y apoyo psicosocial domiciliario, apoyo en domicilios y alimentación familiar, apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional, intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones, intervención en la atención sociosanitaria en instituciones, y apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones.

Se trata del quinto taller de empleo gestionado por la Asociación ‘El Saliente’, tras otras tres experiencias de las mismas especialidades desarrolladas en 2009, 2010 y 2011 y otro taller de polimantenedor de edificios y equipamientos urbanos llevado a cabo durante 2010. En total, se han formado gracias a estos cuatro talleres de empleo 49 personas con discapacidad y la financiación de la Junta de Andalucía a estos proyectos ha alcanzado 1.021.674 euros.

El sector de la dependencia sitúa a Andalucía "a la cabeza del desastre"

LAEDICION.NET.-El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, advirtió ayer que los recortes públicos en ayudas a la dependencia está "hundiendo" al sector de atención a estas personas, y que los centros se encuentran en situación de "quiebra". Sólo el pasado año cerraron 400 centros privados de atención a los dependientes, lo que supone "más de uno al día" y un número que "va en aumento", denunció Echevarría.

Las autonomías que están, según el presidente de la FED, "a la cabeza del desastre", son la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

El presidente de la FED participó ayer en Valencia en una jornada sobre la rehabilitación psicosocial en centros sociosanitarios de salud mental, organizada por la Comisión Salud Mental y Discapacidad Aerte de la Comunidad Valenciana. "Nosotros colaboramos con la Administración en todos los sentidos, hacemos estudios técnicos con beneficios no sólo para los usuarios, pero no somos correspondidos", lamentó. En su opinión, la Administración central y las autonómicas "podrían recortar en otros servicios que no son esenciales", como "rotondas o pruebas de Fórmula Uno", y alertó de que ahorrar en dependencia "va a generar más gastos sanitarios y médicos".

Echevarría recordó que la asistencia a la dependencia "tiene retorno positivo para la sociedad", ya que por cada euro invertido "un euro y medio retorna a la Administración" a través de la Seguridad Social e impuestos. A pesar de ello, denunció el presidente de la FED, "las empresas de atención a dependientes, después de más de 16.000 millones de inversión solo en centros residenciales, están al borde de la quiebra".

Promueven en Almería una campaña de firmas para reclamar el cumplimiento de la Ley de Dependencia

LAEDICION.NET.-ALMERÍA.- La Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia, presidida por Antonio Carrión, está promoviendo en la provincia de Almería una recogida de firmas para reclamar tanto al Gobierno de la nación como al autonómico que se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y se dote al sistema de la partida presupuestaria que garantice su desarrollo.
La Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia, organización miembro de ASEMPAL, ha unido sus fuerzas a la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia, de la que es miembro, y que junto con otras entidades y colectivos del sector está coordinando actuaciones en demanda del cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia.
Con la recogida de firmas, se quiere trasladar a los ciudadanos la necesidad de movilizarse “porque la pasividad no nos puede hacer partícipes de la muerte de los derechos que contempla esta ley bajo el pretexto de la crisis económica”. Antes al contrario, para la asociación almeriense, precisamente por la crisis es el momento de aumentar los recursos en dependencia ya que diferentes estudios han demostrado que cada euro invertido en dependencia genera un retorno de 1,2-1,3 euros y constituyen medidas de impulso de la economía. En muchas zonas rurales, supone, la única fuente de ingresos, sobre todo, en mujeres con cargas familiares.
Así y en una acción coordinada con el resto de provincias, en las próximas semanas se establecerán puntos de Información y recogida de firmas en distintos enclaves de la geografía provincial al objeto de alcanzar las 40.000 firmas con las que se pretende acudir al Parlamento Andaluz, así como aportar un buen número de las 500.000 que son necesarias para acudir al Congreso de los Diputados en demanda de que se dote presupuestariamente la partida correspondiente para el cumplimiento de la Ley, tarea en la que se espera contar con el concurso de todas las fuerzas políticas, dado que una Ley que nació del consenso político necesita seguir contando con éste para su cumplimiento.
Según el último estudio del INE sobre “Proyecciones de población 2012”, la tasa de dependencia en la provincia de Almería se situará en un 30,1% de incremento durante la próxima década. Una de cada cuatro personas en España con alguna prestación por la Ley de la Dependencia es andaluza. Aproximadamente, son 190.000 beneficiarios en Andalucía.

UGT Almería denuncia que la falta de financiación pone en peligro la atención a los dependientes

LAEDICION.NET.-ALMERÍA.- La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Almería quiere denunciar que la Ley de la Dependencia ha supuesto uno de los más grandes avances con respecto a la protección social, y Andalucía está a la cabeza del Estado en cuanto a la atención a la Dependencia se refiere, con un total de 251.080 (el 27% de prestaciones concedidas a nivel nacional) y el 25% del conjunto nacional con respecto a las personas atendidas, 183.186 personas (según fuentes Junta Andalucía). Si bien estos datos nos llevaban a felicitar a la administración, en la actualidad la situación que se vive en la comunidad es otra bien distinta, que nos alerta del peligro que corre dicha atención en Andalucía.
Además, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Almería critica que la falta de tasa de reposición, se ha bajado en torno a un 2,5% el índice de cobertura de servicios al no incorporar nuevos usuarios al sistema, situación que pone en peligro los puestos de trabajo en el sector. Una pérdida estimada entre 2011 y 2012 de unos 3.000 empleos directos
Como se informa desde la Federación, los retrasos en el pago de los servicios (algunos desde diciembre de 2012), provoca un alto índice de conflictividad en el terreno laboral. Dicha conflictividad viene determinada por la falta de pago de las nóminas, así como el cambio de las condiciones laborales (bajada de salarios, perdida de jornadas, etc.). “Esta situación está generando que el empleo sea cada vez más precario en el sector y peligre la atención a los usuarios” ha asegurado el Secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FSP UGT Almería, Juan Carlos González Fenoy.
Ante esto, la FSP UGT Almería reclama a la Junta de Andalucía que establezca prioridades presupuestarias para el mantenimiento del sistema en nuestra comunidad, tal como se estableció en el Acuerdo Marco Andaluz para la prevención y Atención a la Dependencia en el cual se acordó entre otras cuestiones:
Desarrollar un sistema que garantice la calidad en el empleo y en la prestación de los servicios para la adecuada atención a las necesidades de las personas en situación de dependencia, estableciendo estándares de acreditación suficiente, y
garantizar una financiación suficiente y progresiva del Sistema.
“Desde este sindicato se quiere hacer un llamamiento a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para exigirle que gestione políticamente estos problemas administrativos para que los trabajadores de estas empresas cobren regularmente sus nóminas así como los atrasos pendientes que muchos de ellos tienen. No queremos vernos obligados a tomar medidas de presión, pero si esto no se soluciona en los próximos días, no dudaremos un instante” ha señalado González Fenoy.
Así mismo, ha detallado que “esta situación se traduce en la provincia de Almería en un rosario de descuelgues salariales, impagos de nóminas, despidos y lo que es mas grave, la desatención de los dependientes que esperan su valoración para recibir los servicios que necesitan, mientras sus expedientes se pudren en un cajón”.
Algunos centros Sociosanitarios afectados por la falta de pago de las administraciones son:
Residencia ciudad de Berja: Un ere con despidos de trabajadores y aún les deben nóminas atrasadas.
Residencia de Fuente Victoria: Bajada de sueldos a los trabajadores.
Centro de Día de Padules: Ere con despidos.
Residencia de Vera: ERES despidos e impago de nóminas.
Residencia de Oria: Impago a los trabajadores.
Residencia de Ballesol: Reducciones salariales.
Residencia de Huércal Overa: Retrasos en los pagos debido a los impagos de la administración
Residencia de Pulpí: Retrasos en los pagos debido a los impagos de la administración.
Residencia de la Cañada: Impagos a los trabajadores.
Residencia de Serón: La empresa propone un descuelgue salarial.
Centro de día de Armuña: Retrasos en los cobros de las nóminas y descuelgue salarial.
En lo referente a ayuda a domicilio, el responsable sindical ha manifestado que “el retraso en la tramitación de nuevos casos por parte de la administración esta produciendo numerosos despidos debido a la disminución de horas para los trabajadores del sector, a esto hay que sumarle la asfixia económica a la que están siendo sometidas las empresas y cooperativas del sector”.
“Desgraciadamente la lista anteriormente citada es solo un ejemplo de la situación en la que están la inmensa mayoría de los centro Sociosanitarios de la provincia” ha concluido el Secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FSP UGT Almería.

Las pequeñas empresas dedicadas a la dependencia, ahogadas por los impagos

LAEDICION.NET.-La dependencia en Almería está pasando por momentos complicados, los retrasos en los pagos de la Junta de Andalucía a los responsables de organizar los cuidados y los recortes del Gobierno de la nación han hecho que el agujero por el que circula el dinero se haya estrechado y el que no pasa se atasque, yendo esto en perjuicio de los dependientes y, consecuentemente, de las empresas que se dedican al sector. Según explicó ayer Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, "las empresas pequeñas están siendo las más perjudicadas y si no se llega a un acuerdo en la negociación colectiva (habrá una nueva reunión el próximo mes de junio) lamentablemente tendrán que cerrar muchas de estas empresas".

Además, tal y como explican, la Junta de Andalucía está pagando en la actualidad entre 60 y 120 días a las residencias y en más de 120 días a aquellas personas que están sujetas a la ayuda a domicilio. "En Almería hay trabajadores a los que se le deben hasta cuatro pagas extras", explica Juan Vergel, secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Almeria. Explican, además, que se pretende reducir el salario de los trabajadores, que en Almería de media cobran unos 900 euros, e incluso el ratio de trabajadores, pasando de los 0,50 a entorno al 0,43. Estos son dos temas que aún se tienen que tocar la próxima reunión que se llevará a cabo con las distintas administraciones y el sector empresarial.

"Para nosotros es imprescindible que no se toque el ratio de plantilla, algo que sería lo más cómodo para los empresarios. En la actualidad está en 0,50. Desde CCOO tenemos como prioridad que no se pierdan puestos de trabajo, es algo que no nos podemos permitir con 6,2 millones de parados en nuestro país", manifiesta Antonio Cabrera.

En cuanto al pago por la dependencia, cuando se aprobó la Ley, el Gobierno central aportaba un 42% mientras que la Junta un 58%. El siguiente paso fue que el Gobierno abonara el 25% y la Junta el 75% y según afirman desde CCOO, en el nuevo paquete de medidas que se ha llevado a Bruselas, el Gobierno central "pasaría a pagar nada, un cero por ciento".

Con estas medidas en vigor, la provincia de Almería en torno a 300 trabajadores del sector. En la actualidad cuenta con en torno a mil quinientos.

IU denuncia el 'uso político del empleo público' en Níjar a través de las concensionarias

LAEDICION.NET.-NÍJAR.- Ante el intento de despido de más de 50 trabajadoras que actualmente ejercen su actividad en el Servicio de Ayuda a Domicilio, servicio en concesión administrativa del Ayuntamiento de Níjar, el Grupo municipal de Izquierda Unida ha manifestado su profundo malestar y su total apoyo a estas trabajadoras.
“Este intento de despido contradice claramente el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 15 y 70 del vigente Convenio Colectivo Estatal de Dependencia. En el pleno del 14 de mayo presentamos una “Moción No Resolutiva” exigiendo que desde este Ayuntamiento se pongan los medios para que de manera inmediata se restablezcan los derechos de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, concesionado por el Consistorio, y se ponga freno a las presiones que se están ejerciendo contra estos trabajadores”, explica el portavoz de IULVCA Níjar, Alexis Pineda”.
Expresamos nuestra máxima indignación ante las presiones a las que están siendo sometidas las trabajadoras por parte de la empresa concesionaria para que extingan voluntariamente sus contratos y consideramos inaceptable que nuestro alcalde haya intentado confundir a las trabajadoras, anunciándoles que no eran objeto de subrogación y encontrando por nuestra parte sólo dos posibles causas: la falta de información y desconocimiento de nuestro primer edil y el intento de hacer una concesión “a medida” con personal afín a su partido.
IU denuncia el uso político del empleo público sistemáticamente en Níjar a través de la contratación de concesiones de toda índole.
Con la presencia de las trabajadoras afectadas con sus batas blancas en el Pleno, se interpeló al alcalde a manifestarse al respecto en varias ocasiones, mediante mociones, ruegos y preguntas sin ningún resultado.
El alcalde ha manteniendo absoluto silencio ante las decenas de trabajadoras que esperaban sus palabras sin dignarse dirigirse a su pueblo.
“Tememos además que finalmente sea nuestro Ayuntamiento quien tenga que sufrir los costes por despido indebido si la nueva concesionara no pagara las indemnizaciones correspondientes. No podrá negar el Alcalde que ha sido informado de la vulneración de la ley que suponen estos despidos, teniendo claramente las trabajadoras derecho legal a la subrogación”, matiza Pineda.

La empresa de ayuda a domicilio subroga a 45 de las 55 trabajadoras

LAEDICION.NET.-De batacazo. Así podría definirse la denuncia que realizó ayer la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Níjar, Esperanza Pérez, sobre la situación de las 55 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que hoy iban a ser despedidas al no aceptar la nueva empresa concesionaria del servicio su subrogación. Seis horas más tarde de esta afirmación, el Ayuntamiento de Níjar remetía un comunicado de prensa en el que el alcalde, Antonio Jesús Rodríguez (PP), señalaba que "no es cierto que se haya producido ningún despido, y hasta esta tarde del jueves (por ayer), 45 de las 55 trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio de Níjar, han firmado sus nuevos contratos laborales con la empresa adjudicataria, esperando que en lo que queda de día, lo hagan las restantes que estén interesadas en trabajar".

Con esta declaración, el regidor nijareño ha desmontado la denuncia de Pérez que pedía ayer en rueda de prensa en la sede del partido en la capital que Rodríguez respetase la legalidad vigente y que "todas las empleadas sean subrogadas por la nueva empresa concesionaria que va a prestar el servicio en el municipio nijareño". A este respecto, el regidor ha destacado la implicación de la nueva empresa concesionaria (GEDESA) a la hora de contar con el personal que ya venía desarrollando el servicio porque a su juicio "han atendido nuestras peticiones y tal y como yo me comprometí con las trabajadoras y han contratado a todas las que han mostrado interés en trabajar para la nueva empresa".

De esta forma, el Ayuntamiento cumple con la normativa que establece el convenio estatal de atención a la Dependencia que señala que el personal de la empresa saliente pasará a estar adscrito a la nueva empresa titular de la contrata. Un hecho que según Pérez no estaba reflejado en el pliego de condiciones y que a su juicio podría deberse "a la ignorancia o una intención decidida del alcalde de no introducir esta obligación legal".

En este sentido, Pérez señaló ayer que "en agosto de 2007, recién llegado a la Alcaldía, el alcalde elaboró una lista a dedo con un gran número de trabajadores que no tenían ninguna relación laboral con el Ayuntamiento y en ese momento sí obligó en el pliego elaborado a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines a asumirlos".

La portavoz del PSOE también ha denunciado que el alcalde no dio ninguna información sobre este conflicto en el pleno celebrado el martes y "en presencia de un numeroso grupo de trabajadoras, abandonó el pleno sin mediar palabra".

El Defensor pide un plan urgente para salvar la ley de dependencia

La institución lanza un SOS a la Junta para que priorice la ayuda a domicilio y los centros de día, incorpore a nuevos beneficiarios y pague las deudas acumuladas con familias y entidades Coincidencia o no, a la misma hora en la que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, presumía ayer del liderazgo de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, comunicaba en su página web una serie de actuaciones para reclamar acciones del Ejecutivo andaluz que eviten la "defunción" del sistema provocada por las decisiones del Gobierno central de Mariano Rajoy.

La ofensiva del Defensor incluyó una denuncia, un pronunciamiento y una propuesta de actuación, acompañada de una intervención del propio Chamizo en un videoblog. Todo para dar respuesta a las numerosas quejas y denuncias recibidas en la oficina que han llevado al Defensor a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En opinión de Chamizo, el "deterioro" de la ley provocado por las decisiones del Gobierno central no ha encontrado la defensa esperada de la Junta "más allá de las enérgicas protestas", pero "sin una respuesta proactiva dirigida a salvaguardar los logros del sistema en Andalucía". De hecho, subraya que en la comunidad hay una "parálisis" desde junio de 2012, hace diez meses, y pone en evidencia algunas de las actuaciones (desconocidas muchas de ellas) que ha llevado a cabo la Administración andaluza en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el Defensor expone que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema, salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho". Como consecuencia de ello, han aparecido situaciones "insólitas", como "la existencia de plazas vacantes en residencias y centros de día, una menor demanda de la ayuda a domicilio y un grave y en ocasiones irreversible problema laboral y económico de los trabajadores del sector".

Y otra novedad igual de grave: el Defensor denuncia que la Junta está haciendo "en gran número" revisiones de oficio con las que están aminorando el grado de dependencia reconocido.

Las quejas que llegan a la Oficina "van más allá del sentimiento de indignación, impotencia y enfado para centrarse en la idea de injusticia y en una petición de sinceridad y claridad a quienes ostentan la responsabilidad", expone Chamizo en su informe.

Otra de las denuncias se refiere al incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas reconocidas. El Defensor anota que tampoco se ha cumplido la anualidad prevista para marzo de 2013. La Consejería remitió respuesta el 2 de abril en el que repite el argumento de los recortes de financiación del Gobierno y alude a problemas de Tesorería.

El Defensor se desespera y resume: "la situación es la siguiente: no se contraen nuevas obligaciones, al no entrar nuevos dependientes en el sistema; menguan los costes financieros derivados de las prestaciones y servicios del sistema, al estarse produciendo una revisión de oficio del grado de dependencia y se está produciendo un incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas ya reconocidas a favor de dependientes". También reprocha el enfoque de dar pagas económicas, una opción a la que se abona la Junta. Chamizo critica que es un "subsidio" familiar que lastra la libertad de los cuidadores, mujeres en su amplia mayoría, y la creación de empleo.

Por todo ello, el Defensor propone a la Junta, en primer lugar, que propicie el desarrollo y mantenga los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de día ante el "más estéril y retrógrado" de las pagas. También que reconozca la teleasistencia como servicio de proximidad.

En segundo lugar, la institución pide a la Junta que regule por ley un nivel mínimo para mantener la tasa de reposición, es decir, que cuando fallezca un dependiente, entre otro. Reclama una iniciativa autonómica para que se traslade esta petición al Gobierno.

Y por último exige a la Junta un plan especial de financiación para afrontar el pago de las deudas, incluidas el abono de los atrasos a las asociaciones. Un plan de urgencia, en definitiva, para no dejar morir la ley de dependencia.

Chamizo y CCOO piden "dinamizar" la Ley de Dependencia y no "resignarse a un titular de prensa"

LAEDICION.NET.-El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, y el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, han recalcado la necesidad de introducir "elementos dinamizadores" respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia ante los últimos recortes anunciados por la administración central, apuntando asimismo a la Junta andaluza al señalar que "no se puede zanjar el asunto culpando al Gobierno español y resignarse a dar un titular de prensa".
     Así lo ha indicado Carbonero en declaraciones a los periodistas con motivo de una reunión mantenida con el Defensor del Pueblo Andaluz, en la que ha alertado de la situación "absolutamente precaria" de mucha gente "que no puede vivir sin esa atención a la dependencia".
     "No sólo se les quita el derecho de vivir con dignidad, sino que se destruye muchísimo empleo de mujeres que están en una edad en la que, además de perder su empleo, cuentan con una imposibilidad de tener pensión en el futuro", ha remarcado el secretario general de CCOO-A, que ha abogado por una acción "contundente" para "explicar y decir que la dependencia es un elemento fundamental para muchas personas, y no es compatible demandar eso cuando también el gobierno andaluz puede recortar, y recorta".
     Por su parte, Chamizo ha incidido en las propuestas planteadas desde la oficina que dirige, y que pasan por aplicar la tasa de reposición en el sentido de que "si alguien se muere, que otro entre al sistema"; mantener la ayuda a domicilio, "que crea tantísimos puestos de trabajo, sobre todo en el medio rural"; y que tanto Estado como Junta se pongan de acuerdo para pagar los atrasos, pues, de no ser así, "el Defensor sólo podrá firmar el acta de defunción".
   "Hay que ponerse las pilas, es una ley que está en vigor y que hay que cumplir como sea", ha añadido el Defensor, que ha incidido en la existencia de muchas personas "que dejaron su trabajo porque tenían la seguridad social y una pequeña ayuda para atender a sus padres, y ahora se ven sin seguridad social, lo que es una tremenda crueldad, porque el puesto de trabajo que dejaron no lo van a encontrar en estos momentos".

El PP y el Gobierno andaluz se enzarzan por la dependencia

LAEDICION.NET.-Que si es un recorte o si no. El Gobierno andaluz y el PP polemizaron ayer sobre el supuesto recorte que Mariano Rajoy ha comunicado a Bruselas en su plan de reformas de más de mil millones a la dependencia. La Junta insistió en que se trata de un nuevo recorte; según el PP, éste ya estaba acordado con las comunidades desde julio del año pasado y ahora se ejecuta una de las medidas: el incremento del copago un 5% a los beneficiarios.

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP-A, Loles López Gabarro, aseveró ayer que es "rotundamente falso" que el Gobierno de la nación haya aprobado un nuevo plan de medidas de ajuste que suponga el recorte de otros 1.108 millones de euros al sistema de protección de los dependientes.

En conferencia de prensa, López Gabarro salió al paso de las críticas vertidas por dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno andaluz, que han acusado al Ejecutivo central de "dejar caer" el derecho de los dependientes y han asegurado que el recorte hace "inviable" la prestación de este servicio en Andalucía.

López Gabarro se preguntó "por qué no se negó la Junta a aplicar las medidas de ajuste y asumir con recursos propios la diferencia presupuestaria", tras lo que argumentó que no lo ha hecho porque "sabe que [José Luis] Rodríguez Zapatero dejó un agujero de 1.034 millones de euros" en el sistema de dependencia.

La dirigente popular acusó además a la Junta de paralizar las nuevas solicitudes del sistema de dependencia, de forma que mientras que en el resto de las comunidades aumentó el número de usuarios de estos servicios, en Andalucía no ha sido así y hay 57.221 personas que no reciben las prestaciones pese a tenerlas reconocidas. López Gabarro recordó que el propio Defensor del Pueblo ha advertido en un informe que la Junta lleva más de un año paralizando la tramitación de expedientes.

 

Las últimas horas de la dependencia

La Junta avisa de que "ralentizará" la entrada de nuevos beneficiarios ante el último recorte de Rajoy.

El Gobierno la está matando y la Junta no es capaz de insuflarle esperanzas. Ése es el estado de la ley de dependencia, de nuevo en el disparadero de los políticos tras el anuncio de un nuevo recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuyo Ministerio de Sanidad y Política Social aseguró ayer que ya estaba anunciado. El Gobierno habría trasladado a Bruselas unas medidas con las que "ahorraría" 1.100 millones de euros y que, según dijo, ya había puesto en conocimiento de las comunidades en 2012: serían la reducción del 15% de la prestación a cuidado familiar, la eliminación del pago de cuotas de la seguridad social de cuidadores familiares, priorizar las prestaciones a servicios profesionales y la fijación del copago del ciudadano en un 5%.

Ésta última desató ayer la reacción airada de los contrincantes políticos. A pesar de que la Junta tiene paralizada la entrada de nuevos beneficiarios, según denuncian diversas instituciones, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, aseguró ayer en Granada que las decisiones del Gobierno obligarán a "ralentizar" la entrada de nuevos dependientes. "Si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia no tiene futuro", aseguró Montero.

Otros dirigentes de la Junta y el PSOE se apresuraron a criticar esta medida. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, advirtió que "se está dejando caer un derecho".

El Defensor pide un plan urgente para salvar la ley de dependencia

LAEDICION.NET.-La institución lanza un SOS a la Junta para que priorice la ayuda a domicilio y los centros de día, incorpore a nuevos beneficiarios y pague las deudas acumuladas con familias y entidades Coincidencia o no, a la misma hora en la que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, presumía ayer del liderazgo de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, comunicaba en su página web una serie de actuaciones para reclamar acciones del Ejecutivo andaluz que eviten la "defunción" del sistema provocada por las decisiones del Gobierno central de Mariano Rajoy.

La ofensiva del Defensor incluyó una denuncia, un pronunciamiento y una propuesta de actuación, acompañada de una intervención del propio Chamizo en un videoblog. Todo para dar respuesta a las numerosas quejas y denuncias recibidas en la oficina que han llevado al Defensor a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En opinión de Chamizo, el "deterioro" de la ley provocado por las decisiones del Gobierno central no ha encontrado la defensa esperada de la Junta "más allá de las enérgicas protestas", pero "sin una respuesta proactiva dirigida a salvaguardar los logros del sistema en Andalucía". De hecho, subraya que en la comunidad hay una "parálisis" desde junio de 2012, hace diez meses, y pone en evidencia algunas de las actuaciones (desconocidas muchas de ellas) que ha llevado a cabo la Administración andaluza en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el Defensor expone que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema, salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho". Como consecuencia de ello, han aparecido situaciones "insólitas", como "la existencia de plazas vacantes en residencias y centros de día, una menor demanda de la ayuda a domicilio y un grave y en ocasiones irreversible problema laboral y económico de los trabajadores del sector".

Y otra novedad igual de grave: el Defensor denuncia que la Junta está haciendo "en gran número" revisiones de oficio con las que están aminorando el grado de dependencia reconocido.

Las quejas que llegan a la Oficina "van más allá del sentimiento de indignación, impotencia y enfado para centrarse en la idea de injusticia y en una petición de sinceridad y claridad a quienes ostentan la responsabilidad", expone Chamizo en su informe.

Otra de las denuncias se refiere al incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas reconocidas. El Defensor anota que tampoco se ha cumplido la anualidad prevista para marzo de 2013. La Consejería remitió respuesta el 2 de abril en el que repite el argumento de los recortes de financiación del Gobierno y alude a problemas de Tesorería.

El Defensor se desespera y resume: "la situación es la siguiente: no se contraen nuevas obligaciones, al no entrar nuevos dependientes en el sistema; menguan los costes financieros derivados de las prestaciones y servicios del sistema, al estarse produciendo una revisión de oficio del grado de dependencia y se está produciendo un incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas ya reconocidas a favor de dependientes". También reprocha el enfoque de dar pagas económicas, una opción a la que se abona la Junta. Chamizo critica que es un "subsidio" familiar que lastra la libertad de los cuidadores, mujeres en su amplia mayoría, y la creación de empleo.

Por todo ello, el Defensor propone a la Junta, en primer lugar, que propicie el desarrollo y mantenga los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de día ante el "más estéril y retrógrado" de las pagas. También que reconozca la teleasistencia como servicio de proximidad.

En segundo lugar, la institución pide a la Junta que regule por ley un nivel mínimo para mantener la tasa de reposición, es decir, que cuando fallezca un dependiente, entre otro. Reclama una iniciativa autonómica para que se traslade esta petición al Gobierno.

Y por último exige a la Junta un plan especial de financiación para afrontar el pago de las deudas, incluidas el abono de los atrasos a las asociaciones. Un plan de urgencia, en definitiva, para no dejar morir la ley de dependencia.

El Defensor pide un plan urgente para salvar la ley de dependencia

LAEDICION.NET.-La institución lanza un SOS a la Junta para que priorice la ayuda a domicilio y los centros de día, incorpore a nuevos beneficiarios y pague las deudas acumuladas con familias y entidades Coincidencia o no, a la misma hora en la que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, presumía ayer del liderazgo de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, comunicaba en su página web una serie de actuaciones para reclamar acciones del Ejecutivo andaluz que eviten la "defunción" del sistema provocada por las decisiones del Gobierno central de Mariano Rajoy.

La ofensiva del Defensor incluyó una denuncia, un pronunciamiento y una propuesta de actuación, acompañada de una intervención del propio Chamizo en un videoblog. Todo para dar respuesta a las numerosas quejas y denuncias recibidas en la oficina que han llevado al Defensor a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En opinión de Chamizo, el "deterioro" de la ley provocado por las decisiones del Gobierno central no ha encontrado la defensa esperada de la Junta "más allá de las enérgicas protestas", pero "sin una respuesta proactiva dirigida a salvaguardar los logros del sistema en Andalucía". De hecho, subraya que en la comunidad hay una "parálisis" desde junio de 2012, hace diez meses, y pone en evidencia algunas de las actuaciones (desconocidas muchas de ellas) que ha llevado a cabo la Administración andaluza en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el Defensor expone que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema, salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho". Como consecuencia de ello, han aparecido situaciones "insólitas", como "la existencia de plazas vacantes en residencias y centros de día, una menor demanda de la ayuda a domicilio y un grave y en ocasiones irreversible problema laboral y económico de los trabajadores del sector".

Y otra novedad igual de grave: el Defensor denuncia que la Junta está haciendo "en gran número" revisiones de oficio con las que están aminorando el grado de dependencia reconocido.

Las quejas que llegan a la Oficina "van más allá del sentimiento de indignación, impotencia y enfado para centrarse en la idea de injusticia y en una petición de sinceridad y claridad a quienes ostentan la responsabilidad", expone Chamizo en su informe.

Otra de las denuncias se refiere al incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas reconocidas. El Defensor anota que tampoco se ha cumplido la anualidad prevista para marzo de 2013. La Consejería remitió respuesta el 2 de abril en el que repite el argumento de los recortes de financiación del Gobierno y alude a problemas de Tesorería.

El Defensor se desespera y resume: "la situación es la siguiente: no se contraen nuevas obligaciones, al no entrar nuevos dependientes en el sistema; menguan los costes financieros derivados de las prestaciones y servicios del sistema, al estarse produciendo una revisión de oficio del grado de dependencia y se está produciendo un incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas ya reconocidas a favor de dependientes". También reprocha el enfoque de dar pagas económicas, una opción a la que se abona la Junta. Chamizo critica que es un "subsidio" familiar que lastra la libertad de los cuidadores, mujeres en su amplia mayoría, y la creación de empleo.

Por todo ello, el Defensor propone a la Junta, en primer lugar, que propicie el desarrollo y mantenga los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de día ante el "más estéril y retrógrado" de las pagas. También que reconozca la teleasistencia como servicio de proximidad.

En segundo lugar, la institución pide a la Junta que regule por ley un nivel mínimo para mantener la tasa de reposición, es decir, que cuando fallezca un dependiente, entre otro. Reclama una iniciativa autonómica para que se traslade esta petición al Gobierno.

Y por último exige a la Junta un plan especial de financiación para afrontar el pago de las deudas, incluidas el abono de los atrasos a las asociaciones. Un plan de urgencia, en definitiva, para no dejar morir la ley de dependencia.

Las CCAA cobraron 170 millones en ayudas a la dependencia de 42.000 muertos

LAEDICION.NET.-El informe del Tribunal de Cuentas es implacable al respecto. Pide al Estado que acabe "con carácter inmediato" el descontrol que supone que las CCAA se hayan beneficiado de 170 millones de euros en ayudas a la dependencia de 41.200 muertos. El Gobierno no derogará la Ley de Dependencia
El órgano fiscalizador ha criticado la "escasa diligencia" de las comunidades autónomas a la hora de cobrar estas subvenciones y de comunicar el fallecimiento de los dependientes al Imserso. Así mismo, recoge este martes el diario El Mundo, el Tribunal de Cuentas también lamenta "la significativa ausencia de control interno por parte del Imserso". Este documento ha sido remitido al Congreso de los Diputados.
No obstante, añade el diario madrileño, de los 170 millones de euros aportados por el Estado a través del Imserso a las Comunidades Autónomas, 140,3 millones ya han sido recuperados, ya que el Tribunal de Cuentas avisó a las distintas administraciones mientras elaboraba el documento.
El Tribunal comenzó este trabajo en 2011, con el fin de fiscalizar en principio el funcionamiento del sistema de ayuda a la dependencia desde el Real Decreto de 2007. Y en ese sentido, comenzó a analizar, contrastar y cruzar los datos del Imserso desde el 30 de abril de 2011. El resultado fue que "el total de las personas fallecidas por las que el Imserso estaba pagando indebidamente a las CCAA ascendió a 41.200 personas".
Según el informe, aún hay 9.227 personas que continúan constando como beneficiarios. Entre tanto, el director del Imserso asegura en sus alegaciones que ha dado ya de baja a 2.809, y que continúa analizando el resto. Leire Pajín, exministra de Sanidad, ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Otros posibles fraudes

Queda también por fiscalizar, remarca El Mundo, y siempre según el informe del Tribunal, si, a su vez, cuidadores o familiares de fallecidos han engañado a las comunidades autónomas. Además, el documento señala la posibilidad de otros pagos indebidos a 35.437 beneficiarios que constan en la base de datos del Imserso. Otros 220 millones pueden estar en juego por esta razón. Además, este no es el único descontrol. Cuentas ha detectado 1.363 beneficiarios duplicados, o lo que es lo mismo, aquellos donde un mismo DNI figura como beneficiario en más de un expediente dentro de una misma comunidad autónoma o provincia. 5,2 millones de euros se habrían impagado indebidamente.

El alcalde anuncia su intención de bajar el IBI gracias a la gestión realizada sobre las cuentas municipales

El Pleno celebrado esta mañana ratifica el acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo de Personal Laboral para el trienio 2013-2105

LAEDICION.NET.-El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha anunciado hoy la intención del Equipo de Gobierno municipal de bajar el IBI en próximos ejercicios habida cuenta de los resultados de la gestión económica, “prudente y razonable”, que se viene aplicando al frente del Ayuntamiento de Almería el Partido Popular. Así lo manifestado durante la celebración del Pleno extraordinario en el transcurso del debate que se ha producido en uno de sus puntos, el quinto de los quince incluidos en el orden del día, relativo a la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento y los sus Organismos Autónomos del ejercicio 2012.

Rodríguez-Comendador ha vuelto a defender la gestión económica al frente del Consistorio, que se traduce en una solvencia “que hace posible el pago a proveedores y que significa, a su vez, el mantenimiento de empleos, que los funcionarios de la casa puedan seguir cobrando puntual y regularmente y que se puedan seguir acometiendo inversiones. Eso es rigor y eficiencia. Solo así podremos seguir haciendo cosas, como bajar el IBI a los ciudadanos, que lo vamos a bajar”, remachó el primer edil.

Las críticas que de la liquidación han realizado hoy en el pleno los grupos de la oposición, IU y PSOE, han tenido cumplida respuesta también por parte de la responsable del Área de Hacienda, Rafaela Abad, quien ha destacado que “la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento cumple con los planes de estabilidad presupuestaria y eso significa que no gastamos lo que no tenemos. Es para sentirse orgullosos de la liquidación que hoy damos cuenta, con resultados muy positivos para las arcas municipales, y, por ende, para la propia ciudad al cerrar con superávit todas las magnitudes económicas. Y en la línea de la austeridad, del rigor y la eficiencia en la aplicación del gasto público vamos a continuar. Esa es la línea que nos ha permitido contar con liquidez suficiente para hacer frente a los pagos y seguir siendo de los Ayuntamientos más solventes de España, un Ayuntamiento fiable, que dinamiza la ciudad y genera empleo”, ha indicado.

Según Abad, la buena gestión del Equipo de Gobierno no se puede discutir a la vista de las cifras de la liquidación del presupuesto, con un remanente líquido de tesorería para gastos generales de 12.908.422,9 euros y un superávit en términos de estabilidad presupuestaria de 10.904.717,63 euros, “un balance que nos permite seguir avanzando en un doble objetivo: eliminar deuda con los proveedores y continuar saneando nuestras cuentas y mejorando la solvencia del Ayuntamiento”, señaló.

La responsable del Área de Haciendo ha incidido en otros datos positivos de esta liquidación, “como el 87% en el nivel de ejecución presupuestaria o el 84,73% de eficacia recaudatoria, así como el porcentaje del 55% en inversiones realizadas, a pesar de la lentitud de los procedimientos para su ejecución”.

Abad ha lamentado,  sin embargo, que estas cifras no puedan ser mejores como consecuencia de la disminución que la Junta de Andalucía viene realizando en sus aportaciones, “cantidades que este Ayuntamiento tiene que aportar y que viene haciendo sistemáticamente para garantizar servicios, como ocurre en con los Planes Concertados, talleres de empleo o con la Ley de Dependencia. La situación se hace del todo insostenible cuando, como es el caso, la Junta no cumple con sus obligaciones o no paga lo que nos debe”, ha sentenciado.

Convenio Colectivo

En otro orden de cosas, los votos favorables del Equipo de Gobierno han sido suficientes para la aprobación del acuerdo de funcionarios y convenio colectivo de personal laboral del Ayuntamiento de Almería para los próximos tres años. Los grupos de la oposición han votado en contra de un acuerdo que, en palabras de la responsable del Área de Personal, Lola de Haro, “consolida la gran mayoría de los derechos adquiridos por los empleados municipales, garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, y no toca sueldos”

La edil popular ha señalado “que no es éste el acuerdo que nos hubiera gustado sacar adelante, pero es el mejor posible de acuerdo con la reciente legislación en materia de estabilidad presupuestaria y de función pública, dado también el poco margen que hay para poder negociar mayores cotas de derechos para los empleados locales”. Asimismo ha subrayado “el gran esfuerzo realizado por todas las partes, corporativa y sindical”, y se ha felicitado por el resultado de un acuerdo “en beneficio de todo el colectivo que trabaja en el Ayuntamiento”.

De Haro se ha mostrado crítica con el posicionamiento de los grupos de la oposición respecto al “acuerdo negociado” que se ha producido entre Equipo de Gobierno y los sindicatos, convenio que ha sido rubricado por los tres sindicatos mayoritarios, CSIF, UEMA y CCOO, “refrendando un acuerdo que se viene negociando, trabajando desde hace meses y que se resuelve acorde con la ley y las circunstancias que obligan”.

La Junta destina más de 380.000 euros para la atención a mayores

LAEDICION.NET.-La Consejería de Salud y Bienestar Social tiene concertadas 26 plazas para la atención de personas mayores en situación de dependencia en la residencia Moraima de Fondón. En el último año, la Junta de Andalucía ha destinado un total de 381.407 euros para la atención de mayores en este centro residencial, que ha sido visitado por el delegado territorial de Salud y Bienestar Social, Alfredo Valdivia.

La Residencia Moraima es de titularidad municipal, gestionada a través de una empresa concesionaria. En ella se atiende actualmente a 26 personas mayores en situación de dependencia, con la financiación de la Junta de Andalucía. Durante su visita al centro, Alfredo Valdivia ha destacado "la importancia de mantener y reforzar las políticas sociales en una época de dificultades económicas como la actual, donde la atención de las personas más frágiles debe ser una prioridad". El delegado de Salu ha recordado igualmente "el importante esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía para el mantenimiento de las prestaciones asociadas a la Ley de la Dependencia, a pesar del recorte de 125 millones del Gobierno Central".

PP-A pide a la Junta que ponga fin a los "impagos y recortes" en materia de atención a la dependencia

El Partido Popular defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz una moción sobre política general en materia de discapacidad en la que pide que la Cámara autonómica exprese su "rechazo a los impagos y recortes llevados a cabo por la Junta que están afectando al colectivo de personas con discapacidad, que suponen una vulneración de sus derechos y agravan seriamente sus problemas".
  LAEDICION.NET.-   En la iniciativa, consecuencia de la interpelación debatida en el último Pleno y a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A solicita que el Parlamento "rechace rechaza especialmente los recortes en materia de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad, que alcanzan una reducción del programa en los presupuestos para 2013 de más de 78,2 millones de euros".
   Los populares también quieren que la Cámara se oponga a la "paralización de la Ley de Dependencia llevada a cabo por la Junta, denunciada incluso por el Defensor del Pueblo Andaluz y que está provocando que las personas dependientes no reciban sus correspondientes prestaciones y que no se cubran las plazas en los centros de día y residencias de Andalucía destinadas a ellas".
   Por todo ello, el PP-A urge a la Junta a "abonar puntualmente las transferencias comprometidas y pendientes de pago en materia de discapacidad dirigidas a las distintas asociaciones y entidades, de manera que se asegure su viabilidad, su correcto funcionamiento y la continuidad de los servicios que prestan".
   Otras demandas del Grupo Popular al Ejecutivo andaluz se refieren al "pago en tiempo y forma de las transferencias a entidades locales en materia de dependencia" y la "reanudación inmediata de la tramitación de los expedientes en curso, procediendo a la valoración y resolución del grado de dependencia de los nuevos solicitantes y a la aprobación de los programas individuales de atención todavía pendientes, de forma que las personas dependientes pueden acceder a las prestaciones que les corresponden".

La Ley General de Discapacidad definirá, por primera vez, los distintos tipos de discriminación

Ley general de discapacidad

Ante todos ellos, la ministra ha presentado el borrador de la que será la Ley General de Discapacidad. Se trata de la norma que compilará toda la legislación en la materia y asegurará, en palabras de Mato, que "la discapacidad está contemplada en absolutamente todas las actuaciones políticas y por todas las administraciones".
LAEDICION.NET.-La Ley, cuya tramitación se iniciará en los próximos meses, da respuesta a una demanda histórica de las personas con discapacidad y sus familias, ya que, por primera vez, unificará toda la normativa dispersa en la materia. En concreto, se han integrado en una sola norma la Ley 13/1982 de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI); la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En concreto, la futura norma incluirá un título dedicado a los derechos de estas personas sin precedentes en nuestra normativa. Por primera vez, incorporará su protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo.
Además, la norma incluye, también por primera vez, las definiciones de discriminación directa, indirecta, discriminación por asociación y acoso, con el fin de completar el marco jurídico de prohibición de la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Asimismo, se refuerza la consideración especial de la discriminación múltiple, para garantizar los derechos de quienes pueden estar en esta situación de acusada vulnerabilidad. Mato ha asegurado que con esta Ley "damos un importante paso hacia una sociedad más solidaria y justa", y ha confiado en que sea "el principio del fin de todas las barreras que aún persisten".

Estrategia española

Junto con el borrador de la Ley, la ministra ha presentado a las asociaciones del sector el Plan de Acción para la Estrategia Española sobre Discapacidad 2013-2015. Se trata del marco sobre el que se asentarán todas las actuaciones políticas del Ministerio en materia de discapacidad para los próximos tres años.
El principio de igualdad de oportunidades forma parte esencial del Plan, que incluye la perspectiva de género y discapacidad, de tal forma que la mujer con discapacidad, objeto frecuente de doble discriminación, se encuentre expresamente contemplada. Por el mismo principio se tiene en cuenta a los niños y a las niñas con discapacidad, pues se trata de un grupo con especial riesgo de caer en situaciones de exclusión y pobreza.

Menores con discapacidad

En España hay más de 140.000 menores con discapacidad, y también pensando en su especial protección, el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia (PENIA) 2013-2016, que en las próximas semanas aprobará el Consejo de Ministros, incorporará medidas específicas para su atención. La ministra ha explicado que el PENIA incluirá un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades, que tendrá como objetivo facilitar la atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales. "Es imprescindible que todos los niños y niñas tengan desde el primer día, sea cual sea su situación, las mismas oportunidades", ha señalado Mato.

Balance de actuaciones

La ministra también ha detallado, durante la reunión, las principales actuaciones del Gobierno en materia de discapacidad en los últimos 15 meses. En este tiempo, ha dicho, "hemos llevado las políticas de discapacidad a todos los ámbitos". En primer lugar, "porque es justo", y nuestra Constitución garantiza los mismos derechos para todos. Pero también "porque es necesario", pues en un contexto de dificultad económica "sólo sumando todos los esfuerzos y el talento de todos, lograremos volver a la senda del crecimiento y del empleo.
Por eso se han tomado medidas en materia de dependencia, servicios sociales, pensiones y empleo:

• La Reforma del Sistema de Atención a la Dependencia ha consolidado un sistema "más justo, solidario, sostenible y de calidad", en palabras de Mato, que garantiza que las personas con mayores necesidades son las primeras en ser atendidas.
• Se ha introducido una cláusula en el nuevo Fondo de Liquidez Autonómica para 2013 por la que se insta a las Comunidades Autónomas y entidades locales a priorizar el pago de la deuda con proveedores del sector de los servicios sociales.
• Se han incrementado un 2% las pensiones específicas para personas con discapacidad (pensiones LISMI).
• Se han destinado 47 millones de euros de subvenciones con cargo al IRPF a proyectos para la promoción de la autonomía personal, adaptación de viviendas e integración social de las personas con discapacidad.
• La suspensión por un plazo de dos años de los desahucios ha incluido a las familias con algún miembro con discapacidad o dependencia entre quienes podrán beneficiarse de esta medida.
• La Reforma Laboral ha incluido criterios de priorización de permanencia en el empleo en caso de despido para las personas con discapacidad. En el marco de esta reforma, además, se trabajará conjuntamente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el sector en la aprobación de un nuevo marco legal de promoción laboral de las personas con discapacidad.
• El emprendimiento y el autoempleo de las personas con discapacidad se han fomentado mejorando los incentivos.
• En materia de empleo público, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la oferta para 2013, con una reserva del 7% de las plazas para personas con discapacidad, y la creación de un turno independiente y exclusivo, en el 2% de las plazas, para personas con discapacidad intelectual.

 

Reclaman a la Junta que abone más de 10 millones por la Ley de Dependencia

LAEDICION.NET.-La diputada de Igualdad, Almudena Valentín, tilda de "nefasta gestión" y "crisis total" a la administración. La Diputación Provincial de Almería ha reclamado a la Junta de Andalucía que asuma sus deudas, que ascienden a más de 10 millones de euros, en materia de Bienestar Social. La diputada provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Almudena Valentín, ofreció ayer una rueda de prensa en la que ha denunciado los impagos, la "nefasta gestión", y la "crisis total" en la que está sumiendo la Junta a la Ley de Dependencia.

La diputada ha desgranado todas las deudas que mantiene la Consejería de Salud y Bienestar Social con la Diputación Provincial y ha recordado que se están manteniendo estos servicios gracias a la Institución Provincial que está comprometida en que la Ley de Dependencia sobreviva a pesar de que la Junta de Andalucía no apuesta por su continuidad. "Queremos trasladar nuestra preocupación por la situación de deuda que mantiene la Junta con la Diputación y con las entidades locales de la provincia", ha asegurado.

Los impagos que mantiene a fecha 20 de marzo de 2013, según Valentín son por un lado, 5,73 millones del segundo semestre de 2012 y la regularización de 2011. Por otro lado, otra partida de 2,6 millones que corresponde al primer pago (enero y febrero) de la Ley de Dependencia. "Han reconocido esta deuda, pero no es la totalidad, sino que asciende a más de 3 millones de euros", ha explicado.

Además, también desgrana 427.951 euros para los refuerzos de Dependencia; 483.480 euros de los equipos de Tratamiento a Familias con Menores 2012-2013; 505.246 euros de las liquidaciones de 117 plazas de personas mayores asistidas correspondientes a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero; y 274.110 euros en las liquidaciones de 50 plazas de personas mayores con graves y continuados problemas de conducta correspondientes a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.

El Ayuntamiento se plantea demandar a la Junta de Andalucía por impagos

LAEDICION.NET.-El Ayuntamiento de Almería se está planteando la adopción de medidas judiciales en contra de la Junta de Andalucía por impagos derivados de la Ley de la Dependencia. Según advirtió ayer en Pleno la concejal de Políticas Sociales, Aránzazu Martín, el Consistorio capitalino está inclinado a presentar un contencioso administrativo reclamando el pago de la deuda al igual que ha hecho ya el Ayuntamiento de Sevilla.

La edil del Partido Popular explicó que la Administración andaluza debía haber ingresado a las arcas municipales la partida correspondiente para cubrir los servicios sociales a las personas dependientes -teleasistencia- en julio de 2012 o, en su defecto, en noviembre del pasado año, "y a día de hoy todavía no han sido ingresadas esas cantidades", apostilló Martín sin especificar la cifra pendiente de pago. "Mientras que tengo que soportar los toques de atención de la señora concejal de Hacienda, que está en su deber, yo tengo que estar callada y esperar a la Junta", lamentó la edil en respuesta a la moción sobre los mayores del PSOE, que fue rechazada.