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martes, 9 de abril de 2013

La Plataforma de Protección de menores denuncia que la Junta baja de 84 a 60 los euros diarios que destina a sus menores



Izquierda Unida llevará al Parlamento las reivindicaciones de la plataforma de Protección de Menores

LAEDICION.NET.-Izquierda Unida trasladará el próximo miércoles a la comisión del Parlamento andaluz de Salud y Bienestar Social una pregunta acerca de los recortes que se están produciendo y anunciando en cuanto al servicio de protección de menores, que en la provincia de Almería afecta a más de cien menores y 28 centros.

En el día de hoy, la parlamentaria andaluza por Izquierda Unida Almería y coordinadora provincial, Rosalía Martín, ha mantenido en la sede almeriense del SAT un nuevo encuentro con miembros de la Plataforma de Protección de menores, y les ha anunciado las acciones de IU al respecto para “que no decaiga la calidad asistencial a los menores ni el personal que trabaja en estos centros pierda derechos. En esta actual situación de crisis económica es vital proteger a quienes más lo necesitan”.

Izquierda Unida además se comprometió con la plataforma a presentar diversas iniciativas además de la pregunta parlamentaria que presentarán a instancias de Rosalía Martín relativa a nuevas líneas de actuación en materia de centros de protección de menores, esta misma semana en la Comisión de Salud y Bienestar Social.

Por su parte, desde la plataforma en Almería, Pablo García, ha agradecido a IU y Rosalía Martín su atención en este tema y ha pedido que “se apueste por la protección de calidad, porque ya se están dando casos de explotación de trabajadores y escasa calidad en atención a los menores. Las medidas de recortes de la Junta afectarán al cien por cien de los centros en la provincia, donde se va a abandonar el modelo seudofamiliar con la atención a cinco o seis menores por centros para pasar a tener 10 o 12. Se va a pasar de invertir 84 euros por niño y día a 60, buscando la rentabilidad en vez de la mejora del servicio”, denuncia.

miércoles, 30 de enero de 2013

El PP pregunta en el Parlamento por la “disparatada” decisión de la Junta de cerrar la Alcazaba las tardes de verano


El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, José Jesús Gázquez, ha presentado en el Parlamento Andaluz una pregunta para que el Consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, de explicaciones sobre “si la Consejería tiene previsto el cierre de la Alcazaba de Almería, los museos y conjuntos culturales durante las tardes de verano”.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Gázquez afirma que si finalmente el Consejero lleva a cabo esta “disparatada” decisión, supondrá un “duro golpe” para el turismo de la provincia, por lo que espera que en la próxima Comisión de Cultura, dé las explicaciones oportunas y confirme que los conjuntos culturales de Almería sí abrirán durante las tardes veraniegas.

Para el parlamentario del PP “el anuncio de la Consejería no tiene ni pies ni cabeza” por eso advierte al Consejero que “si no rectifica y su respuesta es negativa para los intereses de la provincia, vamos a presentar una Proposición No de Ley para que se someta a debate y votación, y así comprobar si el PSOE de Almería seguirá bailando el agua a la Junta o, por una vez, apuesta por defender los intereses de los ciudadanos almerienses”, ha dicho.

José Jesús Gázquez critica que el Gobierno Andaluz, en lugar de apostar por la cultura y defenderla, que es lo que tienen que hacer las administraciones, se dedique a “poner trabas en el camino”, y a “castigar” al turismo de la provincia de Almería.

“Desde el PP no vamos a permitir que desde la Junta sigan castigando a los almerienses y a su patrimonio cultural. Esperamos una respuesta clara y contundente del Consejero, a favor de la Alcazaba y de los conjuntos culturales de la provincia, y si no es así actuaremos en consecuencia”, concluye Gázquez.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Rosalía Espinosa teme que la Junta terminará por no construir el Hospital Materno Infantil


La parlamentaria del PP ha reprochado hoy a la consejera de Salud su “nefasta” gestión en Almería


LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La parlamentaria por el partido Popular Rosalía Espinosa ha reprochado hoy a la consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, “la nefasta gestión que está realizando en la sanidad almeriense”, que se ha vuelto a poner de manifiesto esta mañana al no comprometerse con el hospital Materno Infantil de Almería y “supeditar su construcción a las disponibilidades presupuestarias”.

“Mucho nos tememos que el Materno Infantil no se hará o harán otra cosa, pero no lo que se comprometió el entonces presidente Chaves en 2006 porque excusarse en la crisis económica, como ha hecho la consejera, no es de recibo, ya que la promesa de los socialistas fue mucho antes de que estallará la crisis, no podemos olvidar que el hospital debería estar funcionando desde enero del año pasado y solo han puesto la primera piedra”, ha señalado Espinosa.

La diputada autonómica popular ha exigido a la consejera durante la defensa de una Proposición no de Ley presentada por el PP que las obras del Materno Infantil no se paren a fin de que pueda inaugurarse el año que viene y le ha recordado que “no se puede excusar en la situación económica cuando la Junta ha recibido ya más de 5.000 millones de euros del Gobierno del PP para que pueda tener tesorería y realizar infraestructuras”.

Para Espinosa, “la realidad es que, para la Junta, Almería no es una prioridad. Ocurre con las carreteras, con la agricultura, con el mármol y también con la sanidad. El Materno Infantil fue presentado como la inversión estrella de la Junta en nuestra provincia, con una inversión de 26,5 millones de euros, y, seis años después, lo que único que hay es un solar y múltiples excusas de los socialistas para justificar los continuos retrasos”.

“La construcción de un nuevo hospital” -ha concluido- “ni es un capricho de la sociedad almeriense ni una concesión graciosa del gobierno de la Junta. Es una necesidad, reconocida por los propios socialistas y un proyecto anterior al inicio de la crisis. La crisis no puede ser la coartada para no ejecutarlo,  máxime cuando Almería es la provincia de Andalucía con la menor ratio de camas por habitante y cuando todos sabemos que nuestro principal hospital, Torrecárdenas, está saturado”.


jueves, 25 de octubre de 2012

La Junta de Andalucía 'engorda' a 26.000 enchufados en sus empresas públicas



  

El ajuste para 2013 del socialista Griñan supondrá despidos que PSOE e IU no concretan

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Junta de Andalucía ha creado una administración en negro, en B; una administración paralela, no fiscalizada de manera regular, de más de 130 consorcios, agencias  , empresas, fundaciones o institutos impulsados por los Gobiernos del PSOE de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en las dos últimas décadas, donde trabajan más de 26.000 personas que los sindicatos de funcionarios denomina 'enchufados'.
Y explica Carlos Pizá en 'El Economista'    que les denomina de esa manera pues nunca han pasado pruebas   de selección para acceder a esos empleos. La gran mayoría de ellos están vinculados a PSOE, UGT y CCOO.
Una Junta de Andalucía bis sobre la que el Ministerio de Hacienda ha puesto la lupa, merced a la exigencia de los planes de reequilibrio para cumplir los objetivos de déficit y merced a la entrega de fondos a Andalucía vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Fondos cuya llegada está condicionada al cumplimiento estricto de ese plan.
El aspecto fundamental que hace insostenible este coloso público social   y económicamente, más aún con un 34 por ciento de paro en la Comunidad, es el volumen, coste y origen de su plantilla.
Sobre esto último, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) es claro: los sucesivos procesos electorales autonómicos y locales que han determinado la hegemonía del PSOE andaluz durante 30 años han provocado procesos masivos de relevos de altos cargos y cargos de confianza que han acabado en este conglomerado público.
Empresas, fundaciones   y consorcios creados ad hoc para cobijarlos en un trabajo público.
Números secretos
En cuanto a qué cantidad de personas trabajan en esa amalgama pública, nunca la consejería de Hacienda lo ha hecho público, y sigue sin hacerlo hasta el 31 de este mes, cuando tendrá que remitir el volumen, coste y distribución de las funciones concretas de este personal al ministro Cristóbal Montoro en cumplimiento del plan de reequilibrio, como la Junta reconoce en el acuerdo del consejo de Gobierno del 24 de julio para ejecutarlo.
Sólo cabe hacer elucubraciones. Fuentes del SAF señalan que los más de 130 entes integran a esas 26.000 personas citadas, aunque las cifras ofrecidas por otras fuentes sindicales y de la Administración en los últimos meses elevan el número hasta los 35.000.
Sólo la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), dependiente de la consejería de Medio Ambiente, tiene cinco mil trabajadores. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (antigua DAP, integrada en la misma consejería) agrupa a dos mil más.
Sueldos fuera de convenio
A ellos se suman otros 1.600 en la RTVA (Canal Sur) o 1.500 de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Y, así, suma y sigue hasta alcanzar algún punto entre esos 26.000 y 35.000. La ausencia de una relación de puestos de trabajo pública y transparente impide saber cuántos son, qué hacen, cómo se distribuyen sus categorías laborales y qué convenios colectivos, privados, rigen su trabajo.
Una opacidad que se arrastra desde hace décadas.
Precisamente la Faffe es uno de los escasísimos ejemplos en los que se ha dado a conocer, quizá por un descuido, el convenio colectivo de 2007-2009.
Por ejemplo, las distintas categorías (seis) del puesto de director   de esta fundación -que en esos años estaba en manos de un exalto cargo del PSOE de Cádiz- igualaban o superaban el sueldo del presidente de la Junta, con 79.000 euros de remuneración bruta más pluses en el caso más alto.
Los sueldos de otras categorías llegaban a duplicar lo que, en escalones equivalentes, cobraban los funcionarios de carrera de la Junta en ese momento, según el SAF.
Otros salarios muy comentados han sido los del director general de la RTVA, Pablo Carrasco (125.000 euros); el del exdirector general de Invercaria (sociedad pública de capital riesgo de la Junta), de 118.000 euros; o el de la gerente de la agencia pública que gestiona el Hospital de Poniente de Almería (más de 90.000 euros).
Hay cientos de ejemplos más de nóminas desorbitadas para el sector público.
Estos y otros casos lacerantes, unidos a la precariedad financiera de la Junta, le obligaron a aprobar, dentro del plan de reequilibrio, la reducción de sueldos de todos los cargos directivos de las empresas públicas y entes asimilables.
Desde el 1 de enero de 2013, ninguno cobrará más, incluidos todos los conceptos excepto la antigüedad, que un viceconsejero (59.500 euros).
Junto a ello, y una vez recibida la primera fase de la petición de liquidez al FLA (2.115 millones sobre 4.906), la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha avanzado un presupuesto "difícil" para el año que viene que obligará a las empresas públicas a gestionar menos recursos y, por tanto, a ajustar sueldos y plantillas.
¿Con ERE? Quizá, la consejera no se pronunció sobre ello porque, dice, no puede decidir por otros departamentos.
Sin embargo, esto es sólo una excusa, ya que la consejería que dirige, según el decreto que regula su estructura y competencias, atribuye a su secretaría general de Administración Pública, "la planificación y racionalización de los recursos humanos del sector público"; "la emisión de informes en relación a la creación, alteración y supresión de las entidades públicas".
A su vez, la dirección general de planificación de los servicios públicos es la que planifica las estructuras organizativas de los entes instrumentales y la que elabora los informes "sobre la determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal directivo y resto del personal" de las entidades instrumentales.
Es, pues, la máxima autoridad en cuanto al coste de los recursos humanos públicos.
Y, ¿a cuánto asciende ese coste? Los sueldos de los entes del gigante público andaluz no están contemplados en el capítulo 1 del presupuesto, que ya representa casi un tercio de las cuentas totales de la Junta en 2012 -9.853 millones, el 30,7 por ciento-.
Y no se conocerán hasta que la Junta no remita a Hacienda el desglose, momento en el que quizá se hagan públicos por primera vez en los más de 30 años de historia de la Junta.
El presupuesto de estos entes procede de transferencias de otros capítulos del presupuesto, que suman en total unos 3.300 millones.
¿Qué parte de ellas corresponden a sueldos? El SAF calcula que como mínimo mil millones al año, aunque es una estimación extrapolando a grandes rasgos las remuneraciones de los funcionarios. Pero los convenios de estas empresas se saltan al alza con mucho las tablas retributivas funcionariales.
Diferencias PSOE-IU
Hasta 37 de esos 130 entes públicos, recogidos en las cuentas de la Junta, sí desglosan su coste de personal: 877 millones. ¿Cuánto más suponen los 90 restantes?
Para curarse en salud, algunas consejerías ya están procediendo a recortar gastos de personal en las agencias que le competen.
Es el caso de la de Fomento (que dirige IU), que ha cesado a 30 directivos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa). O la de Salud, que ha eliminado otros 71 directivos de 374 en el Servicio de Salud (SAS).
Las medidas concretas a desarrollar para racionalizar la amalgama pública son estos días objeto de debate público por parte de todos los agentes   políticos y sociales. Los dos principales, los socios de Gobierno, discrepan de forma clara.
Mientras el PSOE entiende que con el proceso de reordenación iniciado en 2011, más los ajustes presupuestarios para 2013, es suficiente, desde IU se quiere ir más allá y con otras fórmulas.
Los izquierdistas quieren poner en marcha un segundo proceso de reordenación, a lo que se opone tajantemente -hace unos días en el Parlamento- la consejera de Hacienda.
Y, en paralelo, piden extender el modelo de despido de directivos y anulación de sus cesantías y privilegios como han hecho en el citado caso de Epsa.
La patronal andaluza CEA, que vive de las subvenciones públicas para formación en gran parte (más de la mitad de su presupuesto anual), ha sido más prudente: pide eliminar solo las empresas que compitan con el sector privado.
Y el PP pide una reforma a fondo del conglomerado, aunque no propone fórmulas concretas para acometerla.

domingo, 16 de septiembre de 2012

El PP estrena sus peticiones de dimisión de consejeros con Elena Cortés



El titular de Justicia recuerda que el robo es delito y no puede sostener esas declaraciones
Agencias / Sevilla El PP ha presentado una iniciativa de urgencia para que en el pleno de hoy la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), dimita o rectifique sus declaraciones en las que dijo que llevarse un carro de comida de doscientos euros no se podía considerar como un robo.

El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, señaló ayer en rueda de prensa que "no hay más caminos que el de rectificar o marcharse", ya que se trata de una actitud "impresentable e inaceptable", y que si no lo hace "desde luego la tienen que cesar, y ahí el responsable es el presidente de la Junta", José Antonio Griñán.

"Es inaceptable que desde un puesto como el de consejera se esté afrentando a la legalidad" y se hagan unas declaraciones "que van directamente contra la convivencia y contra la ley", dijo.

Rojas criticó que el grupo parlamentario de IU haya "saludado y apoyado" las reivindicaciones del SAT -con la excepción del empujón a la trabajadora-, y consideró que "merecen inmediatamente una reprimenda por parte del PSOE".

Desde la Junta y el PSOE han marcado distancia con la reflexión de la consejera de Vivienda en estos días pasados, pero nadie ha sido tan tajante como el fiscal y consejero de Justicia, Emilio De Llera, que subrayó ayer que llevarse un carro de comida de 200 euros es "un robo" según el Código Penal, por lo que no puede "sostener lo que sostiene" la consejera. "No puedo olvidar que también soy fiscal y no puedo sostener lo que sostiene (la consejera) cuando dice que llevarse de la manera en que se llevaron 200 euros en comida no es un robo", señaló el titular andaluz de Justicia. De Llera agregó que "mientras el Código Penal diga lo que dice, eso es un delito, y si alguien quiere que no lo sea que modifiquen el Código Penal". De Llera hizo estas declaraciones antes de presidir la reunión de la comisión mixta de colaboración entre la Junta y la Fiscalía Superior de Andalucía.

Por su parte, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ha dicho en relación con este caso que la actuación del ministerio fiscal con el asalto está siendo "todo lo diligente que establece la ley".

martes, 3 de julio de 2012

Martínez acusa a la Junta de aprovecharse del boom inmobiliario a costa de los recortes en VPO

• Alicia Martínez pide a la nueva consejera que active el empleo del sector a través de la rehabilitación en barriadas.
• Dice que la Junta se convirtió en “empresa promotora privada” para construir urbanizaciones
• Critica el “falso discurso” de Cortés sobre la paralización de desahucios, “para lo que sólo se ha recogido firmas”

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, exigió hoy a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, que “cumpla con el mandato” de la Ley del Derecho a la vivienda y “active el empleo” en el sector a través de la rehabilitación de barriadas “con una dotación real y efectiva” y “no como lo han hecho hasta ahora”.

Durante una interpelación en el Parlamento de Andalucía a la titular del ramo, Martínez recordó la promesa del expresidente Chaves de “regalar viviendas” y las “innumerables fotos y promesas que quedaron guardadas en los cajones”, como el compromiso de construir 300.000 viviendas protegidas en 10 años a través del Pacto por la Vivienda; o el de financiar la vivienda protegida con 9.550 millones de entidades financieras y cajas de ahorro que también se incumplió.

“La vivienda protegida no ha sido su prioridad en la etapa del boom inmobiliario”, dijo la portavoz popular, quien acusó al gobierno andaluz de “aprovecharse” del boom inmobiliario convirtiéndose en empresa promotora de urbanizaciones de vivienda libre, como en Costa Ballena (Huelva), o El Toyo en Almería.

“¿Ésta es su contribución a la política social de vivienda”? preguntó la portavoz popular.

Recordó que fue el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero quien eliminó las ayudas a la compra de vivienda. Esto fue el mayor recorte a las políticas de vivienda en Diciembre de 2010; y quien “rompió” el convenio firmado con Andalucía, “lo que supuso un recorte para Andalucía de 700 millones de euros al Plan Concertado”.

“Y mientras en Andalucía, lo que hizo el Gobierno socialista, con el voto en contra de IU, es aprobar una Ley del Derecho a la Vivienda, una declaración de intenciones”, que ha tenido como único objetivo hacer recaer en los Ayuntamientos la obligación de ofrecer viviendas a los ciudadanos, sin asegurarle a las Corporaciones Locales la financiación necesaria para su construcción”, añadió.

Alicia Martínez explicó que en Andalucía, según datos oficiales, sólo se han construido el 27% de las viviendas de protección oficial (VPO) prometidas en el Pacto Andaluz por la Vivienda para el periodo 2008-2011, “sólo 32.961 VPO terminadas de las 132.000 prometidas”; y que lo que ha hecho la Junta que tiene competencias exclusivas en materia de vivienda es “recortar” en un 55% los objetivos de promoción de VPO establecidos en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Además, apuntó que en Madrid se han construido un 87% más de VPO que en Andalucía, casi el doble. 61.756 VPO construidas en Madrid frente a las 32.961 de Andalucía.

La portavoz de Vivienda del PP acusó a la Junta de haber “desmantelado en estos 4 años el Plan Concertado de Vivienda y Suelo” y argumentó que el programa Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para 2012 “se ha reducido en un 74% con respecto al 2008, 311 millones de euros menos. Este programa tiene como objetivo primordial facilitar a las familias de menores ingresos el acceso a una vivienda”.

En cuanto a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dijo que “tan sólo ha promovido 3.267 VPO en el periodo 2008-2010, un 7% de las VPO iniciadas en este periodo. En el 2010, EPSA sólo inició la construcción de 66 VPO”.

“Pero no sólo hablamos de vivienda nueva. NOSOTROS CREEMOS QUE EL NUEVO PLAN TIENE QUE APOSTAR FUERTE POR EL ALQUILER Y LA REHABILITACIÓN”, continuó. En este punto, afirmó que “A pesar de que Griñán prometió más intensidad en la rehabilitación, según la propia Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en el 2010 la Junta de Andalucía concedió un 70,7% menos de subvenciones para los programas de rehabilitación que la media de los dos años anteriores”.

Concluyó diciendo que “Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma donde más ejecuciones hipotecarias se han presentado en este periodo, con 59.285 ejecuciones hipotecarias en Andalucía, un 19,6% del total de las presentadas en España (302.744) desde 2008”.

“La Junta reconoció un stock de 70.000 viviendas y aprobó para 2010 una dotación de 1.000 millones de euros para préstamos reintegrables para reducirlo. Una medida estrella que ha sido un fracaso. Con tan sólo 1.517 operaciones de compraventa realizadas”, subrayó.

Dijo que los pilares del Plan Concertado 2008-2012 “se han desplomado, la construcción de vivienda protegida nueva en venta o alquiler, NO ha cubierto los objetivos, solo un 27%, los programas de alquiler acumulan una deuda de 70 millones de euros, la rehabilitación está suspendida y los programas de suelo han supuesto un GRAN AGUJERO”.

Por último, recordó la promesa de la nueva consejera de “trabajar por las familias desahuciadas, ha anunciado medidas, pero cuándo las va a poner en marcha, aun no le conocemos ninguna propuesta concreta, mas allá de ponerse a recoger firmas”.