La delegada del Gobierno en Andalucía la califica de «extremista» y tilda de «magnífica» la instrucción de los ERE
LAEDICION.NET.-La delegada del Gobierno central en Andalucía,
Carmen Crespo, ha recriminado este jueves a la consejera de Fomento y
Vivienda de la Junta, la comunista Elena Cortés, que «ella ha firmado
desahucios hasta abril de este año». Discrepa así de lo manifestado por la
responsable autonómica, que presume de haber paralizado los expedientes de
desahucio administrativo que afectan al parque público perteneciente a la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a su Consejería, desde que tomó
posesión del cargo en el Gobierno autonómico el 7 de mayo de 2012.
Durante una entrevista en Canal Sur Televisión, la responsable del
Ejecutivo de Mariano Rajoy coincide con el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, al señalar que es «de dudosa legalidad» el decreto para expropiar el uso de
viviendas a los bancos cuando éstas se encuentran inmersas en procesos de
desahucio aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno presidido por el
presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Abogó, en este sentido,
porque en este asunto «el consenso parta de todos los españoles y se apliquen
medidas contundentes» para todo el Estado.
Crespo censuró la actuación de la consejera de IU porque, según ha
apuntado, adopta posiciones «muy extremistas al respecto» recordando que
Cortés manifestó que si no fuera consejera de la Junta ella mísma se sumaría a los «escraches» que están
protagonizando miembros de la plataforma Stop Desahucios en los
domicilios de cargos públicos del PP. Para la delegada del Ejecutivo central,
que ha sido diputada del PP por Almería en el Parlamento andaluz, estos acosos
a diputados están «orquestados» y agregó que «debe compatibilizarse el
derecho a la manifestación con no violentar el domicilio familiar» de los
diputados.
Preguntada por las instrucciones que tiene la Policía Nacional para
actuar en este tipo de conflictos, Crespo indicó que «cuando haya una
manifestación de forma irregular se puede identificar a las personas y puede
llegar a la detención si hay algún acto delictivo».
Acerca del déficit de las comunidades autónomas, la delegada del
Gobierno también abogó por abordar cuestiones «bilaterales» entre el Ejecutivo
central y los gobiernos autonómicos, como ha hecho Rajoy con el president
catalán, Artur Mas, cuando hay «circunstancias personales», aunque debe
haber, puntualizó, «una línea común con todas las comunidades». Recordó que
Andalucía «se ha pasado en un 0,52 por ciento del objetivo de déficit»
marcado por el Gobierno a las regiones.
Caso de los ERE
Por último, Carmen Crespo se ha referido a la instrucción judicial y
policial del fraude de los ERE financiados con fondos públicos de la Junta de
Andalucía. Calificó de «magnífica» la investigación ordenada por la juez de
instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, y consideró
«exquisita» la actuación de la Policía Nacional, que en marzo realizó 20
detenciones y 13 registros dentro de las pesquisas relacionadas con el
cobro de sobrecomisiones de los ERE, que están bajo secreto de sumario. Indicó
que «lo importante es cómo se ha vulnerado la ley en 1.100 millones de euros
destinados a los desempleados».
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