La vuelta de tuerca del Faisán da un cartucho clave al PP y cerca a ZP

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Miércoles 16 de diciembre, última sesión de control al Gobierno del año en el Congreso. Por enésima vez en los últimos meses, el PP -por boca del diputado Ignacio Gil Lázaro- intenta que Alfredo Pérez Rubalcaba rinda cuentas sobre el chivatazo del Bar Faisán. También por enésima vez, el ministro del Interior esquiva el espinoso asunto con sus habituales triquiñuelas dialécticas: "Tantas veces usted diga lo mismo, aunque solo sea por un evidente juego de coherencia que uno tiene que mantener en este Parlamento, yo le voy a contestar exactamente lo mismo: que deje usted trabajar a los jueces".

El argumento que esgrimió aquel día Rubalcaba es el mismo que vienen utilizando como parapeto todos los miembros del Gobierno, el de que son los tribunales los que tienen que pronunciarse y no el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, dos semanas antes de esa última sesión de control en el Congreso el ministro de Justicia había empleado la misma táctica: "No es que me refugie bajo las togas, sino que es mi obligación no pronunciarme sobre cuestiones que están sub iudice", señaló entonces Francisco Caamaño.

Ni siquiera Cándido Conde Pumpido, bajo cuyas órdenes la Fiscalía pidió el archivo de la causa el pasado 6 de octubre, ha querido en todo este tiempo ir más allá. Y si hay algo que ha quedado claro en estos meses -lo único, dado el apagón gubernamental- es que al Ejecutivo no le interesa embarrarse con la misteriosa llamada que dio al traste con una importantísima operación policial contra el aparato de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006. Día en el que Zapatero recibía en La Moncloa a Josu Jon Imaz, por entonces presidente del PNV.

Pocos frutos han dado hasta la fecha los intentos del Partido Popular de arrojar luz a las tinieblas del Bar Faisán, las que han quebrado la entente cordiale que los dos principales partidos venían manteniendo esta legislatura en política antiterrorista. Pero la escandalosa revelación que este domingo llevaba El Mundo a su portada -de la que ya informó Este Digital- ha supuesto un nuevo cartucho para los populares, personados en la causa judicial.

Si los de Mariano Rajoy nunca han arrojado la toalla en su afán de que la ciudadanía conozca quiénes estuvieron detrás del chivatazo, menos aún después de saberse que los interlocutores del Gobierno esgrimieron aquello como muestra de buena voluntad en la negociación con los terroristas.

De hecho, este mismo domingo el coordinador de Justicia y Libertades Públicas, Federico Trillo, anunció que su partido requerirá esta misma semana al juzgado que incorpore una transcripción de las actas de ETA que desvelaba El Mundo -las que probarían la implicación del Ejecutivo- al proceso y verifique la autenticidad de su contenido. A su juicio, de ser así el chivatazo se transformaría en "un caso de gravísima responsabilidad política del Gobierno de Zapatero" y no sólo de una actuación policial, como era hasta ahora. Trillo subrayó que si se verifica la autenticidad de dicho documento, se demostraría que el Caso Faisán "obedecía a un plan deliberado gubernamental en el que se utilizaban los instrumentos del Estado como elemento de negociación con la banda".

En la misma línea, el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, exigía responsabilidades en los micrófonos de la COPE, "caiga quien caiga, sea un ministro, un cargo policial o un miembro del PSOE". Responsabilidades que los populares no han dejado de exigir, porque si en marzo de 2004 Rubalcaba pregonaba aquello de "los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta", silenciar la verdad también es mentir.