Alaya acusa a UGT y CCOO de "financiación irregular" con los pagos recibidos de las mediadoras de los ERE

Caso ERE

LAEDICION.NET.-La instructora concluye que los sindicatos recibieron 7,6 millones durante una década por "facilitar" los procesos de reestructuración empresarial, ya que no realizaron "ningún servicio".La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, acusa a los sindicatos UGT y CCOO de financiarse irregularmente con los 7,6 millones de euros que estas organizaciones percibieron “de manera arbitraria e ilegítima” de las consultoras.

En el auto que este martes por la noche acordó la prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros del dueño de Uniter, José González Mata, la juez Alaya asegura que esta entidad realizó pagos periódicos a UGT y CCOO que "no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara".

Según la instructora, estos sindicatos "indiciariamente habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial" y que recaerían en Uniter como "principal beneficiaria de estos grandes procesos, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los expedientes de regulación de empleo".

La juez Alaya concluye que, de esta manera, los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular". Según los datos bancarios y fiscales, el dueño de Uniter destinó a través de sus empresas 3.253.031,61 euros a UGT y CCOO, mientras que Vitalia destinó 4.291.384,10 euros y el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís otros 104.400 euros. En total, la cifra que recibieron los sindicatos asciende a 7.648.815 euros, tal y como puso de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente atestado aportado al sumario de los ERE.

Alaya detalla que los pagos de Uniter a los sindicatos se realizarían a través de al menos seis entidades: Atlantis Asesores –dedicada a la distribución de productos aseguradores por el sindicato CCOO-; ASP Asesoramiento seguros –correduría de seguros de UGT que en 2007 ingresó en el grupo Atlantis-; la Federación Minerometalúrgica de CCOO; Temiqui S.A., cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT; ITG S. A., que pertenece a UGT; y la Federación Agroalimentaria de Cádiz (UGT), que según Alaya habría recibido "regalos, catering y diseños gráficos" de Uniter.

La instructora señala que Atlantis habría recibido de Uniter entre 2003 y 2010 la suma de 1,5 millones de euros, cantidad que procedería de los fondos destinados por la Junta para el abono de las subvenciones sociolaborales y que "sin lugar a dudas abonaría la intervención de Uniter en futuros expedientes, pues era obvia la influencia ejercida por los sindicatos en los procesos de reestructuración empresarial, sobre todo en los más importantes que eran a su vez los que mayor negocio generaban".

De la contabilidad de Uniter, Alaya señala que sólo cogiendo al azar algunas anualidades, esta consultora de seguros habría abonado a UGT en 2006 la cantidad de 239.600 euros y 279.661 euros en 2008, mientras que a CCOO en 209 se le habrían abonado 232.980 euros y 226.159 en 2010 en concepto de comisiones, unas retribuciones que "serían reconocidas entre otros por Salvador Mera Crespo, secretario regional de la Federación de Industrias Afines de UGT", señala Alaya en el auto de prisión de González Mata.
 

La juez destaca la "actuación decisiva" de lo sindicatos en el "ilícito uso de fondos públicos" por parte de este empresario jerezano, "tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter o de la propia empresa".

Los cuatro autobuses de UGT de Almería en la manifestación del 15-S en Madrid contra Rajoy los pagó el PSOE de Andalucía

LAEDICION.NET.-La UGT de Almería, a cuyo frente estaba como secretario general José Ginel, remitió al PSOE de Andalucía las facturas de los cuatro autobuses contratados para asistir a la manifestación del 15-S en Madrid, en la que se reclamaba la dimisión del gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy en pleno.

Según la dos facturas emitidas por Asesores de Viajes el 15 y el 29 de septiembre de 2012, y que obran en poder de Noticias de Almería, uno de los autobuses tenía su punto de partida precisamente desde Berja, lugar de residencia del actual secretario general de la UGT de Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, quien ha puesto a Ginel en su Ejecutiva. Desde allí bajaba luego a El Ejido, hacía parada en Viator, para seguir hasta Madrid, teniendo ese recorrido de ida y vuelta un coste de 1.490,50 euros.

Otro de los autobuses salía de Huércal Overa, pasaba por Olula del Río, luego Tíjola, y de allí a Madrid y ida y vuelta. El precio fue de 1.564,20 euros.

Desde la capital salieron dos autobuses y su coste fue de 2.400 euros ida y vuelta según la factura del servicio.

En total, el PSOE de Andalucía del que José Antonio Griñán es secretario general, se gastó en los autobuses de la UGT de Almería unos 5.500 euros.

El vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, había expresado el apoyo de los socialistas andaluces a la manifestación convocada en Madrid, una cita que el dirigente socialista espera que marque "un punto de inflexión" contra la política "regresiva" del Gobierno de Mariano Rajoy y que enmarca dentro de la "ofensiva movilizadora" del PSOE-A en defensa de los derechos de los andaluces.

En una entrada en su blog personal titulada 'La Fuerza del Sur en el 15S' , Jiménez ha destacado que los socialistas andaluces "nos sumamos a esta convocatoria" para que el Ejecutivo "oiga con claridad el rechazo que provocan sus injustas medidas en la ciudadanía". Lo que no decía Jiménez es que sumarse a la convocatoria consistía en pagar los autobuses de los organizadores de la misma, lo que deja en evidencia que el sentido de la misma era netamente político.

La Junta premiará a las empresas que cuiden el empleo y abran todo el año

LAEDICION.NET.-Rodríguez afirma tras reunirse con los sindicatos que la estabilidad laboral refuerza al destino La Junta de Andalucía incentivará a aquellas empresas del sector turístico que apuesten por la estabilidad laboral y se mantengan abiertas durante el mayor tiempo posible a lo largo del año. Esta medida pretende mejorar las condiciones en el empleo y combatir la estacionalidad que padecen los destinos turísticos andaluces. Así lo anunció ayer el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, tras mantener un encuentro con representantes sindicales de la provincia de Málaga.

Rodríguez se reunió ayer con los sindicatos UGT y CCOO de Málaga y afirmó que los empresarios que cumplan los objetivos anteriores tendrán "una línea de interlocución privilegiada" con el Gobierno andaluz. No avanzó de qué manera se materializarán estos incentivos, pero se entablará un diálogo con agentes sociales y económicos para ello. El consejero de Turismo también destacó que en cada plan y propuesta en la que trabaje su departamento se incluirá esta "reflexión" sobre la calidad en el empleo y la desestacionalización tanto desde un punto de vista "ideológico como empresarial".

Rodríguez hizo hincapié en la importancia que tiene la estabilidad de los trabajadores en la "competitividad" tanto de la empresa como del destino. En este punto, se refirió a un documento del Banco Central Europeo que señala que las empresas españolas obtienen unos beneficios excesivos merced a una rebaja de los costes laborales que, además, no se traduce en una reducción de los precios para los consumidores.

El trabajador, en su opinión, es "el mejor embajador" de una empresa. De hecho, el titular del ramo incidió en que se trata de una inversión y no un coste. "Es tan importante o más que la inversión en nuevas tecnologías, en imagen o en captación de nuevos mercados", insistió. En similares términos se pronunciaron el secretario general de CCOO en Málaga y la responsable provincial de Empleo de UGT, Antonio Herrera y Auxiliadora Jiménez, respectivamente, quienes consideraron que hay "empresarios y empresarios". Es más, apostaron por que aquellos que "mantengan la inestabilidad, que no cumplan con las medidas de salud y seguridad" no reciban incentivos por parte de la Administración regional.

"Vamos a ser muy beligerantes en ese sentido, no es lo mismo un empresario comprometido, que arriesga y que cumple que otros que no lo hacen", afirmó el dirigente de CCOO, quien espera que el empresariado comprometido "reciba las ayudas necesarias". También abogó el dirigente sindical por incentivar a aquellos cuya producción "sea la mayor parte del año". En este sentido, Herrera hizo hincapié en la importancia de recuperar el turismo de invierno tanto en Andalucía como en Málaga.

Asimismo, la representante de UGT señaló que hay que "reconocer a los empresarios que creen empleo y de calidad, que está ligado a la permanencia en el tiempo". Apuntó que el 92% de las contrataciones son temporales, "con lo que difícilmente se puede sostener el futuro de este sector". Según afirmó Jiménez, el turismo es "especialmente importante para el empleo". Ofreció algunos datos como ejemplo: el 21% del total de contratos pertenecen a este sector, aunque también casi 30.000 desempleados forman parte del mismo.

Rodríguez mostró su confianza en que el Plan Estratégico contra la Estacionalidad en el que trabaja la Junta, del cual espera estar concluido a finales del próximo mes de septiembre o en octubre, establezca medidas para fomentar la desestacionalización. "Espero que atinemos porque supone traer a visitantes a Andalucía en temporada baja y mantener la actividad hotelera", apostilló el consejero.

Rodríguez también se refirió a la reforma laboral y aseguró que, desde su puesta en marcha, "se han destruido 929.000 empleos, de ellos 225.000 en Andalucía", precisó. Los sindicatos también la criticaron. "La reforma laboral ha triunfado al 100%, porque su objetivo era facilitar la destrucción de empleo, disminuir los costes salariales y aumentar el excedente empresarial", señalo el titular andaluz de Turismo y Comercio.

UGT Almería denuncia que la falta de financiación pone en peligro la atención a los dependientes

LAEDICION.NET.-ALMERÍA.- La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Almería quiere denunciar que la Ley de la Dependencia ha supuesto uno de los más grandes avances con respecto a la protección social, y Andalucía está a la cabeza del Estado en cuanto a la atención a la Dependencia se refiere, con un total de 251.080 (el 27% de prestaciones concedidas a nivel nacional) y el 25% del conjunto nacional con respecto a las personas atendidas, 183.186 personas (según fuentes Junta Andalucía). Si bien estos datos nos llevaban a felicitar a la administración, en la actualidad la situación que se vive en la comunidad es otra bien distinta, que nos alerta del peligro que corre dicha atención en Andalucía.
Además, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Almería critica que la falta de tasa de reposición, se ha bajado en torno a un 2,5% el índice de cobertura de servicios al no incorporar nuevos usuarios al sistema, situación que pone en peligro los puestos de trabajo en el sector. Una pérdida estimada entre 2011 y 2012 de unos 3.000 empleos directos
Como se informa desde la Federación, los retrasos en el pago de los servicios (algunos desde diciembre de 2012), provoca un alto índice de conflictividad en el terreno laboral. Dicha conflictividad viene determinada por la falta de pago de las nóminas, así como el cambio de las condiciones laborales (bajada de salarios, perdida de jornadas, etc.). “Esta situación está generando que el empleo sea cada vez más precario en el sector y peligre la atención a los usuarios” ha asegurado el Secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FSP UGT Almería, Juan Carlos González Fenoy.
Ante esto, la FSP UGT Almería reclama a la Junta de Andalucía que establezca prioridades presupuestarias para el mantenimiento del sistema en nuestra comunidad, tal como se estableció en el Acuerdo Marco Andaluz para la prevención y Atención a la Dependencia en el cual se acordó entre otras cuestiones:
Desarrollar un sistema que garantice la calidad en el empleo y en la prestación de los servicios para la adecuada atención a las necesidades de las personas en situación de dependencia, estableciendo estándares de acreditación suficiente, y
garantizar una financiación suficiente y progresiva del Sistema.
“Desde este sindicato se quiere hacer un llamamiento a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para exigirle que gestione políticamente estos problemas administrativos para que los trabajadores de estas empresas cobren regularmente sus nóminas así como los atrasos pendientes que muchos de ellos tienen. No queremos vernos obligados a tomar medidas de presión, pero si esto no se soluciona en los próximos días, no dudaremos un instante” ha señalado González Fenoy.
Así mismo, ha detallado que “esta situación se traduce en la provincia de Almería en un rosario de descuelgues salariales, impagos de nóminas, despidos y lo que es mas grave, la desatención de los dependientes que esperan su valoración para recibir los servicios que necesitan, mientras sus expedientes se pudren en un cajón”.
Algunos centros Sociosanitarios afectados por la falta de pago de las administraciones son:
Residencia ciudad de Berja: Un ere con despidos de trabajadores y aún les deben nóminas atrasadas.
Residencia de Fuente Victoria: Bajada de sueldos a los trabajadores.
Centro de Día de Padules: Ere con despidos.
Residencia de Vera: ERES despidos e impago de nóminas.
Residencia de Oria: Impago a los trabajadores.
Residencia de Ballesol: Reducciones salariales.
Residencia de Huércal Overa: Retrasos en los pagos debido a los impagos de la administración
Residencia de Pulpí: Retrasos en los pagos debido a los impagos de la administración.
Residencia de la Cañada: Impagos a los trabajadores.
Residencia de Serón: La empresa propone un descuelgue salarial.
Centro de día de Armuña: Retrasos en los cobros de las nóminas y descuelgue salarial.
En lo referente a ayuda a domicilio, el responsable sindical ha manifestado que “el retraso en la tramitación de nuevos casos por parte de la administración esta produciendo numerosos despidos debido a la disminución de horas para los trabajadores del sector, a esto hay que sumarle la asfixia económica a la que están siendo sometidas las empresas y cooperativas del sector”.
“Desgraciadamente la lista anteriormente citada es solo un ejemplo de la situación en la que están la inmensa mayoría de los centro Sociosanitarios de la provincia” ha concluido el Secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FSP UGT Almería.

Toxo y Méndez piden subir las cotizaciones para no tocar el Fondo de Reserva

LAEDICION.NET Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, proponen una subida "temporal" de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en la cuota de las empresas como en la de los trabajadores, para evitar tener que recurrir otra vez al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones o a "modificaciones de envergadura" en el sistema.
Durante unas jornadas de difusión del Servicio de Intermediación y Arbitraje (SIMA), Toxo ha recordado que el 97% de los casi 63.500 millones de euros con los que cuenta la llamada 'hucha de las pensiones' está invertido en deuda pública española, con lo que si se vaciara, este "soporte" desaparecería y España tendría que salir fuera a colocar su deuda, con el consecuente sobrecoste.
Toxo ha admitido que esta subida de cuotas tendría una afectación sobre los márgenes de las empresas y sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero ha asegurado que sería "mínimo" y en todo caso sería inferior al efecto que tendría el recurso al Fondo de Reserva sobre la deuda pública. Además, ha asegurado que se podrían establecer "compensaciones" fiscales a través de otras figuras impositivas.
Sobre las posibles modificaciones en el sistema, insisten en que el diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones puede realizarse ya, pero que debe entrar en vigor en 2027, como establece le Ley de Pensiones, y con el mayor consenso posible.

Debilitar la negociación colectiva

Ambos líderes han avisado de que los supuestos intentos del Gobierno y la patronal para debilitar la negociación colectiva no servirán para mermar el papel de los sindicatos.
Han mostrado su preocupación por el hecho de que si decaen los casi 1.500 convenios colectivos pendientes a partir del próximo 7 de julio, cuando vence el límite de un año dado por la reforma laboral para negociar su renovación, más de tres millones trabajadores podrían sufrir, según Méndez, una "merma acelerada" de sus salarios que se traducirá en "un golpe añadido" a la caída del consumo y a una mayor recesión económica.
Según ha apuntado el líder de UGT, actualmente existen 1.100 convenios de empresa por renovar y 360 de carácter sectorial que, en caso de decaer, provocarán un "verdadero drama sociolaboral" para millones de familias.
Esta "bomba de efecto retardado empotrada en la reforma laboral", como ha denominado Méndez al límite establecido sobre la ultraactividad, persigue, a su juicio, "cambiar radicalmente" el modelo de negociación colectiva e incluso "extinguirlo" para las pymes, quitando peso a los convenios sectoriales a los que pueden acogerse.

Pacto nacional

Toxo ha vuelto a reivindicar el peso de los sindicatos para volver a pedir otra vez una oferta "sincera" de Pacto de Estado, en el que las partes se comprometan a "hacer cosas distintas", con el liderazgo del Gobierno, que es quien cuenta con la mayoría absoluta.
Ha aprovechado para pedir al Gobierno que no deje los problemas pasar, porque "que queden tres años para las próximas elecciones no hace que las cosas se vayan a solucionar de aquí a allí". A su juicio, es preciso plantearse grandes objetivos e identificar cuestiones parciales que puedan resolverse desde el consenso para "para salir de la crisis con un nuevo modelo económico", que apueste por el empleo y la protección social.
Entre los grandes objetivos, ha hablado de "revalidar el pacto constitucional", hasta el punto de que ha planteado "si la Monarquía tiene sentido o es el tiempo de la república".
Sobre los pactos parciales, Toxo ha recalcado que el Gobierno "debe cumplir con el control de los precios regulados" como se comprometió en la reunión de La Moncloa del pasado jueves.

Un almeriense al frente del sindicato UGT-Andalucía

Francisco Fernández Sevilla, virgitano de 52 años, se lleva a su equipo a José Ginel, responsable de UGT-Almería

LAEDICION.NET.-:  Un almeriense está al frente del sindicato UGT-AndalucÍa. Fernández Sevilla, natural de Berja y de 52 años de edad, ha sido designado este sábado como nuevo secretario general en el X Congreso Ordinario de UGT-A, celebrado en Sevilla, con el 81,75 por ciento del apoyo, tras conseguir un total de 233 de los 285 votos emitidos por los delegados asistentes, mientras que los otros 52 han sido en blanco. Fernández Sevilla, que se presentó como candidato de consenso, está afiliado a UGT desde los 17 años y vinculado a la federación agroalimentaria, donde llegó a ser miembro del confederal de dicha federación. Asimismo, ha estado en la Ejecutiva con Pastrana en las dos últimas legislaturas, donde hasta ahora ocupaba el cargo de vicesecretario de Organización de UGT-A. El nuevo secretario general de UGT-Andalucía contará con otro almeriense en su equipo ejecutivo. José Ginel, actual secretario general de UGT-Almería, se ocupará de la Secretaría de Comunicación autonómica. La Comisión Ejecutiva Regional que ha resultado elegida en el congreso ha establecido también la Secretaría de Organización y de Area Interna, con Manuel Ferrer; Secretaría de Administración, Juan María Martínez; Secretaría de Institucional y Coordinación del Area Externa, José Carlos Mestre; Secretaría de Empleo y Formación, Josefa Castillejo; Secretaria de Relaciones Laborales, María del Mar Serrano;  Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad, Carmen Castilla, y Secretaría de Mujer, María Isabel González. En su primera intervención, tras subrayar el "trabajo, la honestidad y el tesón" de su predecesor, Manuel Pastrana, Fernández Sevilla ha reivindicado la necesidad de que se ponga la confianza en las personas "por encima del capital o de los mercados". "Esta batalla y la guerra la tenemos que ganar, porque somos más y porque tenemos la razón", deja claro el nuevo responsable de UGT-A, que insta a pelear para que España no se convierta en un país asiático en el que sus trabajadores carecen de derechos. "Vivir o morir", asegura el secretario general. Fernández Sevilla ha fijado para UGT-Andalucía el  "reto" de mantener el modelo social en España, para lo que asegura hay que poner en marcha "toda la capacidad para que la derecha no continúe" con la línea que asegura está llevando actualmente. Ante esto, UGT-A hará propuestas, negociará y se movilizará "cuando sea necesario".

Cándido Méndez: "No hay ningún caso de sueldo escandaloso en UGT"

Los sindicatos llaman a la movilización disculpando el gasto, pidiendo más recaudación y criticando la austeridad

Llevamos reclamando un gran acuerdo social desde que se inició la crisis".

¿Se debería retirar toda subvención oficial a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales?

Si No

Comienza el Primero de Mayo de 2013 para UGT y CCOO con una extensa entrevista en Radio Nacional de España (RNE), donde sólo se les ha preguntado una vez y de una forma un tanto ambigua por los casos de corrupción en los que se están viendo envueltos los sindicatos de izquierdas en España.
LAEDICION.NET.-Si el Economista publica hoy que los sindicatos UGT y CCOO reciben 800 millones del Estado, la mayor parte para cursos de formación de parados, Cándido Méndez se ha defendido hoy justificando los cursos de formación sindicales y ha negado que exista caso alguno "de sueldo escandaloso en UGT".
A dúo -como siempre- Méndez y Toxo han expuesto largo y tendido sus recetas y análisis sobre la situación que atraviesa nuestro país, sobre todo después de conocer los datos de la EPA.
Más presión fiscal
Para Fernández Toxo, no hay duda de que uno de los principales problemas "no es el volumen de gasto" de las administraciones públicas, sino la eficiencia en la asignación de esos gastos:
"Una de las principales recetas que debería tomar el Gobierno, sería aplicar una reforma fiscal que nos permitiera incrementar en 9 puntos los ingresos por impuestos. Es decir, salvar es diferencia que nos hace ingresar 9 puntos menos que la eurozona".
A su juicio, la fuerte destrucción de empleo y el constante cierre de empresas no tiene que ver en esa diferencia de recaudación.
Para Cándido Méndez y Fernández Toxo, la carencia de recaudación pasa por la "elusión fiscal", "la laxitud" impositiva a las "sociedades de inversión de capital variable (sicav)" y el fraude.
Gasto público
Pese a la fuerte expansión del gasto público o a las políticas de inyecciones públicas en la economía como el Plan E, o las inyecciones a la banca, el elevado volumen del déficit público o el creciente endeudamiento de la economía española, para UGT y CCOO, el problema de nuestro país no es el gasto público, sino la eficiencia de sus asignaciones.
Para Cándido Méndez, "las verdaderas víctimas del despilfarro" no han sido las empresas, o los ciudadanos, o las entidades financieras, sino las propias administraciones públicas, que han sufrido que "determinados ámbitos e instituciones financieras" fueran manirrotas porque "el crédito era muy barato".
Pese a esta afirmación, tanto Méndez como Toxo han reclamado que las instituciones financieras deben facilitar el crédito a las pymes y las familias.
En este sentido, para ambos líderes sindicales, el problema es evidente: "el fracaso de la austeridad".
Siguen oponiendo las políticas de austeridad y reducción del déficit y el gasto público al crecimiento económico y al empleo. Con este argumento han llamado hipócrita a las Instituciones Europeas:
"Es una hipocresía sangrante que digan que no puede ser que España tenga este volumen de paro y luego digan que tenemos que seguir con las políticas de consolidación fiscal".
Resumiendo, que UGT está de acuerdo en la reducción del déficit, o al menos eso afirma: "Pero ¿a este ritmo? No".
Un gran consenso
Para Toxo y Méndez, que descartan, de momento, una huelga general, es capital "que nos sentemos en una mesa de negociación" con los "agentes sociales", el Gobierno y los partidos políticos para llegar a un "gran consenso de país, desde la generosidad y desde la renuncia a parte del ideario propio para consensuar las medidas que se compadezcan con las necesidades de la ciudadanía".
Claro que, esa renuncia al ideario propio, es la que reclaman al Gobierno, no se lo aplican ellos mismos. En cualquier caso, piden medidas que deben servir, según Toxo a tres grandes objetivos:
"Cambiar el modelo económico. Generar las condiciones para la creación de empleo. Y proteger a las personas de los cuales 3 millones no tienen ayudas públicas".
Decía Méndez: "llevamos reclamando un gran acuerdo social desde que se inició la crisis".
Para este acuerdo, es necesario, a juicio de los sindicalistas, "que el Gobierno desconecte el piloto automático de las imposiciones de UE y de Berlín y que vea qué papel queremos jugar y busque ese gran consenso".
También han solicitado al Ejecutivo "que busque alianzas con los países del sur de Europa, incluido Francia" para "plantarse ante las instituciones Europeas" y decir que no están de acuerdo con las políticas de austeridad.

PP pide que la transparencia se amplíe a los agentes sociales que reciben dinero público

·        Sanz lamenta que la UGT-A “quede marcada de la sospecha por un líder histórico que se va sin explicar nada” ·        Sobre los ERE: “Lo que empezó siendo cosa  de tres o cuatro golfos y ahora de cuatro o cinco consejeros, va a terminar siendo de uno o dos presidentes” ·        Se muestra a favor de modificar el Reglamento del Parlamento pero para mejorar su funcionamiento, garantizar los derechos de los diputados y el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno autonómico

LAEDICION.NET.-El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, opinó hoy que la transparencia para el control de la corrupción y el buen gobierno “debe ser para todos”, por lo que pidió que “la misma” que se exige a los partidos políticos se amplíe “también” a los agentes sociales que reciben dinero público y “viven de importantes subvenciones de la Junta de Andalucía”.

Tras reunirse el Comité Ejecutivo del PP andaluz esta mañana en Sevilla, Sanz compareció ante los medios de comunicación y lamentó que la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) “quede marcada de la sospecha por un líder histórico que se va sin explicar nada”, refiriéndose al líder sindical Manuel Pastrana que hoy anunció que abandonará la secretaría general del sindicato.

Asimismo, Sanz opinó que “sería bueno” que tanto la UGT-A como CCOO-A den “muchas explicaciones sobre el papel o implicación que podrían tener en la trama” del fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

“Sería bueno que Pastrana no solo anunciara que no se presenta al próximo Congreso sino que diera explicaciones cuanto antes de todo lo que estamos leyendo en los medios”, refiriéndose a las informaciones publicadas en la prensa sobre unos documentos que están en poder del Tribunal Superior de Andalucía y que plasman gastos escandalosos y sin justificar de los dirigentes de UGT-A con tarjetas de créditos o la financiación de préstamos personales a los directivos del sindicato con subvenciones públicas, mientras despedían a 159 trabajadores del sindicato.

Los ERE van a terminar siendo cosa de uno o dos presidentes

Respecto a las responsabilidades políticas del mayor escándalo de corrupción en Andalucía, el caso ERE, José Luis Sanz afirmó que el PP no “está dispuesto a quedarse con la teoría de Viera y Fernández”, ya que, a su juicio, “cada día está más claro que lo que era cosa de tres o cuatro golfos, y ahora de cuatro o cinco consejeros, va a terminar siendo cosa de uno o dos presidentes”.

Por esto, aseguró que desde su partido seguirán exigiendo responsabilidades políticas, toda vez que lamentó “el importante deterioro de la imagen de Andalucía  al tener un presidente de la Junta acorralado y acosado por la Justicia y prisionero de sus propias mentiras”, refiriéndose a José Antonio Griñán.

PP exige cumplimiento del Reglamento del Parlamento

Sobre la propuesta de modificación del Reglamento del Parlamento, Sanz se mostró a favor, pero siempre para mejorar su funcionamiento, garantizar los derechos de los diputados y el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno autonómico, además de que exigió que “el cumplimiento” de la norma actual “que no se cumple respecto a miles de iniciativas” que el bipartito “deja sin contestar”.

“Nos parece estupendo todo lo que sea en beneficio de la Cámara andaluza y todo lo que aporte mayor agilidad y acerque más la actividad política a los ciudadanos pero habría que empezar porque el Parlamento no se convirtiera en un instrumento electoral al servicio del bipartito”, opinó el secretario general del PP andaluz, que añadió que “habría que hablar sobre los deberes de los diputados pero también de sus derechos”.

Por último, también se refirió al veto que PSOE e IU establecen en la Mesa del Parlamento para que el orden del día sólo incluya los temas que “le interesa al bipartito” o la “escasa calidad de respuestas o información” por parte del Gobierno andaluz a las preguntas que formula el PP.

UGT Andalucía financia préstamos personales de sus directivos

El PP exige a Pastrana que explique los «gastos escandalosos» con cargo a la Visa oro en su viaje a Suráfrica

LAEDICION.NET.-El Tribunal Superior andaluz no solo tiene documentación sobre el gasto que generan las tarjetas de crédito de las que disponen los miembros de la Comisión Ejecutiva de UGT-A, y que esencialmente, según el informe pericial, sirven para costear comidas y viajes. En el capítulo de gastos de «muy difícil justificación», la prueba pericial sostiene también que entre las prácticas consentidas en el seno de la cúpula sindical está la solicitud de préstamos personales que la organización financia. Unos anticipos que sólo persiguen sufragar necesidades personales y que, una vez más, nada tienen que ver con la acción sindical y la defensa de los trabajadores para lo que nacieron las organizaciones sindicales.

UGT-Andalucía funcionaría así como una suerte de entidad financiera. Pero esta práctica está repercutiendo en la situación económica de la organización, como certifica la perito: «Esto es doblemente perjudicial para la organización, pues no solo está financiando sin coste las necesidades de capital de miembros de su estructura (...), sino que además no recupera este importe».

Y es que en la investigación contable, la perito economista no ha encontrado rastro de la devolución de esas cantidades que se anticipan. Para ilustrar este movimiento de dinero, que sale de la caja del sindicato y va a manos de los directivos, el informe aporta los 16.000 euros, que en mensualidades de 2.000 euros, recibió entre febrero y septiembre de 2011 Federico Fresneda, vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-Andalucía.

A raíz de las informaciones publicadas por ABC, la vicesecretaria de Economía y Empleo del PP andaluz, Carolina España, pidió explicaciones a UGT tras conocer que su secretario general en Andalucía, Manuel Pastrana, pagó con la tarjeta Visa oro del sindicato gastos en Sudáfrica mientras anunciaba el ERE y que los dirigentes de UGT-A gastaron medio millón de euros con Visa.

España dijo que Pastrana debe explicar por qué dispone de una tarjeta de lujo y justificar «los gastos suntuarios en restaurantes y hoteles», ya que considera que es «contradictorio e incoherente» por parte de un líder sindical «cuando todos los ciudadanos se están ajustando el cinturón». «Es absolutamente incomprensible que mientras UGT despide a 159 trabajadores en Andalucía, sus dirigentes no hayan recortado sus gastos con tarjetas de crédito ni sus complementos y sobresueldos».

PP pide que la transparencia se amplíe a los agentes sociales que reciben dinero público

LAEDICION.NET.-Sanz lamenta que la UGT-A “quede marcada de la sospecha por un líder histórico que se va sin explicar nada”. Sobre los ERE: “Lo que empezó siendo cosa  de tres o cuatro golfos y ahora de cuatro o cinco consejeros, va a terminar siendo de uno o dos presidentes”. Se muestra a favor de modificar el Reglamento del Parlamento pero para mejorar su funcionamiento, garantizar los derechos de los diputados y el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno autonómico.
El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, opinó hoy que la transparencia para el control de la corrupción y el buen gobierno “debe ser para todos”, por lo que pidió que “la misma” que se exige a los partidos políticos se amplíe “también” a los agentes sociales que reciben dinero público y “viven de importantes subvenciones de la Junta de Andalucía”.

Tras reunirse el Comité Ejecutivo del PP andaluz esta mañana en Sevilla, Sanz compareció ante los medios de comunicación y lamentó que la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) “quede marcada de la sospecha por un líder histórico que se va sin explicar nada”, refiriéndose al líder sindical Manuel Pastrana que hoy anunció que abandonará la secretaría general del sindicato.

Asimismo, Sanz opinó que “sería bueno” que tanto la UGT-A como CCOO-A den “muchas explicaciones sobre el papel o implicación que podrían tener en la trama” del fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

“Sería bueno que Pastrana no solo anunciara que no se presenta al próximo Congreso sino que diera explicaciones cuanto antes de todo lo que estamos leyendo en los medios”, refiriéndose a las informaciones publicadas en la prensa sobre unos documentos que están en poder del Tribunal Superior de Andalucía y que plasman gastos escandalosos y sin justificar de los dirigentes de UGT-A con tarjetas de créditos o la financiación de préstamos personales a los directivos del sindicato con subvenciones públicas, mientras despedían a 159 trabajadores del sindicato.

Los ERE van a terminar siendo cosa de uno o dos presidentes

Respecto a las responsabilidades políticas del mayor escándalo de corrupción en Andalucía, el caso ERE, José Luis Sanz afirmó que el PP no “está dispuesto a quedarse con la teoría de Viera y Fernández”, ya que, a su juicio, “cada día está más claro que lo que era cosa de tres o cuatro golfos, y ahora de cuatro o cinco consejeros, va a terminar siendo cosa de uno o dos presidentes”.

Por esto, aseguró que desde su partido seguirán exigiendo responsabilidades políticas, toda vez que lamentó “el importante deterioro de la imagen de Andalucía  al tener un presidente de la Junta acorralado y acosado por la Justicia y prisionero de sus propias mentiras”, refiriéndose a José Antonio Griñán.

PP exige cumplimiento del Reglamento del Parlamento

Sobre la propuesta de modificación del Reglamento del Parlamento, Sanz se mostró a favor, pero siempre para mejorar su funcionamiento, garantizar los derechos de los diputados y el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno autonómico, además de que exigió que “el cumplimiento” de la norma actual “que no se cumple respecto a miles de iniciativas” que el bipartito “deja sin contestar”.

“Nos parece estupendo todo lo que sea en beneficio de la Cámara andaluza y todo lo que aporte mayor agilidad y acerque más la actividad política a los ciudadanos pero habría que empezar porque el Parlamento no se convirtiera en un instrumento electoral al servicio del bipartito”, opinó el secretario general del PP andaluz, que añadió que “habría que hablar sobre los deberes de los diputados pero también de sus derechos”.

Por último, también se refirió al veto que PSOE e IU establecen en la Mesa del Parlamento para que el orden del día sólo incluya los temas que “le interesa al bipartito” o la “escasa calidad de respuestas o información” por parte del Gobierno andaluz a las preguntas que formula el PP.

La Ejecutiva de UGT gastó medio millón de euros a golpe de tarjeta Visa

Las facturas corresponden mayoritariamente a restaurantes

El líder andaluz del sindicato socialista pagó con Visa oro gastos en Sudáfrica mientras anunciaba su ERE

Los directivos del sindicato UGT en Andalucía llegaron a gastar casi medio millón de euros en tarjeta Visa en menos de un año durante 2010.
Las facturas corresponden mayoritariamente a restaurantes: los directivos podían pasar un importe mensual de 1.200 euros. De enero a noviembre de 2012, fueron 423.000 euros los que afrontó el sindicato por este tipo de partidas.
Más tarde, cuando anunciaron el ERE, el gasto siguió en la misma línea, según denuncia la defensa de los trabajadores del sindicato andaluz que se han visto afectados por la regulación de empleo.
Revela el diario 'ABC' que el mismo día que fue publicado el ERE, en noviembre de 2012, el secretario general de UGT de Andalucía, Manuel Pastrana, se encontraba en un viaje en Sudáfrica representando al sindicato y pagó con la tarjeta Visa a costa de UGT una comida por valor de 852 euros.
El mismo día -30 de noviembre de 2012-, UGT-Andalucía presentaba un ERE y un ERTE que incluía los nombres de 159 trabajadores, según informa ABC.
Del 27 al 30 de noviembre se celebró en la citada ciudad sudafricana el XXIX Congreso Internacional de Servicios Públicos (ISP), una organización internacional que aglutina a sindicatos vinculados a la rama pública.
Este viaje quedó reflejado en la tarjeta de crédito de Pastrana con un cargo a las arcas supuestamente maltrechas de UGT-Andalucía por importe de 1.252,75 euros, como consta en el extracto bancario.
Fuentes sindicales confirmaron que en estos congresos la organización que ejerce de anfitriona costea los gastos de manutención de las distintas delegaciones, mediante la organización patrocinada de comidas y cenas.
En cualquier caso, el importe de más de 800 euros por una cena, en un restaurante especializado en pescados y mariscos llamado New Café Fish, se produjo el día en que UGT anunciaba que despedía a 159 trabajadores de Andalucía por problemas financieros.
Los movimientos que muestra el apunte bancario confirman que Pastrana utilizó la tarjeta para abonar otros gastos en el hotel donde se alojaba, el Hilton Hotel -un establecimiento de cinco estrellas-, y los gastos de desplazamientos.
Medio millón en tarjetas de crédito
Los trabajadores de UGT-A inmersos en un expediente de regulación de empleo no solo recuerdan a la Justicia que el sindicato tiene en Andalucía un parque inmobiliario entre locales, pisos y naves valorados en 19,5 millones.
También analizan otros gastos del sindicato que tildan de "superfluos" e "incompatibles con una empresa en crisis".
Así, "el importe mensual de las tarjetas de los directivos -miembros de la comisión ejecutiva regional- asciende en promedio a 1.200 euros, incluyendo básicamente gastos de restaurantes"; sostiene el informe pericial con el que pretenden argumentar ante los jueces la ilicitud del ERE planteado por UGT.
En distintos documentos aportados en el informe aparece, por ejemplo, la liquidación de las tarjetas de crédito de que dispone cada miembro de la dirección regional del sindicato, que de enero a noviembre de

El PP considera a Griñán «el cajero de los ERE

caso de los ere fraudulentos

Zoido anuncia que planteará la solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados del actual presidente de la Junta de Andalucía para que aclare el asunto

Ha criticado que desde la Junta de Andalucía se haya tolerado "el despilfarro, sin poner cortapisas" después de hasta 17 advertencias de la Intervención General

LAEDICION.NET.- UGT y CCOO se han defendido de nuevo de las acusaciones que les implican en el caso y han negado que hayan participado en una "trama corrupta" para lucrarse El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha acusado hoy al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de ser "el cajero de los ERE" fraudulentos, mientras que los sindicatos se han desligado de la "trama corrupta" al negar que hayan participado en la gestión de expedientes para lucrarse. Zoido también ha pedido que comparezca Griñán ante el Congreso para aclarar por qué no modificó el procedimiento de los ERE, lo que ha provocado las críticas de dirigentes socialistas andaluces, que lo consideran un "desprecio".

De esta forma los partidos continúan con las acusaciones que se han lanzado esta semana después de que la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso, reactivara la investigación con una nueva rama de los ERE, por la que hasta el momento han sido encarceladas siete personas de las 22 imputadas. Griñán, en una entrevista que publica hoy "El Mundo", ha negado tener responsabilidades políticas en el caso y que estuviera al corriente o que fuera avisado por la Intervención General sobre ese escándalo ya que, en todo caso, lo que hay es "reptiles utilizando un fondo legal" aprobado en el Parlamento.

Ha afirmado que no se ha planteado dimitir y ha señalado que no se ha producido financiación ilegal del PSOE-A sino un supuesto uso indebido de fondos públicos y "gente que se ha repartido esos fondos inadecuadamente" y que "tendrán que devolver el dinero". Zoido, en una rueda de prensa en Sevilla, ha dicho que los andaluces y los españoles han sabido "que durante mucho tiempo parece ser que el señor Griñán ha sido el cajero de los ERE" y le ha exigido que explique ante el Congreso cómo se nutría la partida 31L, que presuntamente eludía los controles de fiscalización.

Ha precisado que "el dinero no lo tenía el consejero de Empleo, sino el de Hacienda, y éste es, según el interventor general de la Junta, quien cebó sin límites dicha partida", en referencia a cuando Griñán fue consejero de Economía y Hacienda. Ha anunciado que mañana planteará al grupo parlamentario popular la solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados del actual presidente de la Junta de Andalucía y de su predecesor en el cargo, Manuel Chaves.

En este sentido, ha relatado que Griñán, siendo ministro de Trabajo, dictó una orden ministerial el 19 de abril 1995 para evitar que se concedieran "sin ningún tipo de procedimiento y control" ayudas sociales vinculadas a ERE, como según ha asegurado ocurría con su antecesor, Chaves, pero sin embargo no lo hizo a su llegada a la Junta de Andalucía.

Los sindicatos se desmarcan

Ese anuncio ha conllevado las críticas de los dirigentes socialistas, como la presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales, quien cree que se trata de un "disparate jurídico" y una "burla" al Parlamento de Andalucía. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, se ha mostrado en esa línea y ha señalado que Zoido, "hace el ridículo" y "desprecia" el Parlamento, ya que su doctrina es que vayan al Congreso "sólo los ministros de hace diecisiete años o más".

Por otra parte, los sindicatos UGT y CCOO se han defendido de nuevo de las acusaciones que les implican en el caso y han negado que hayan participado en una "trama corrupta" para lucrarse con los expedientes de regulación de empleo ni en Andalucía ni en España. Los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y de UGT, Manuel Pastrana, ha comparecido hoy, por separado y respaldados por un miembro de la ejecutiva confederal de ambos sindicatos, para negar que hayan cobrado comisiones ilegales de 4,2 millones por su participación en la tramitación de los ERE fraudulentos, tal como apunta en el último auto la juez encargada de investigar el caso.

Además, han censurado que la juez Mercedes Alaya dé credibilidad a las acusaciones del directivo de Vitalia Antonio Albarracín -en prisión provisional- en el sentido de que los sindicatos cobraban sobrecomisiones por su asesoramiento en la tramitación de los ERE "sembrando una sombra de sospecha" sobre la labor que realizan en defensa de los trabajadores.

La Junta protege con dos decretos ley a los Faffe y a funcionarios interinos

Educación asume las competencias de la formación para el empleo, pero no a la plantilla subrogada

E LAEDICION.NET.-·  El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer dos nuevos decretos ley (llega a diez en esta legislatura, por seis leyes) que consolida la situación de algunos de los trabajadores de la Administración: los ex empleados de la extinta fundación Faffe y la de funcionarios interinos. En el primer decreto, adelantado ayer por esta redacción, el Gobierno andaluz aprueba el traspaso de las competencias de la formación para el empleo desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Consejería de Educación. Finalmente, los ex empleados de la extinta Faffe permanecerán en el SAE, aunque diversas sentencias les impiden asumir funciones ajenas a los cursos de formación.

¿Qué harán?, fue la pregunta que intentó responder sin éxito en varias ocasiones el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. "El personal de Faffe va a seguir ejerciendo las mismas funciones que hasta ahora, es un personal subrogado que en el Servicio Andaluz de Empleo realiza funciones administrativas auxiliares", señaló. Se trata de 1.187 personas, según diversas fuentes. La Junta ha prescindido de interinos en educación o sanidad. En todo el año pasado no se convocó ni un nuevo curso de formación. Según la Junta, por los recortes de hasta un 57% en las políticas activas de empleo por parte del Gobierno central.

Ahora Educación hereda estas competencias junto a las escuelas taller o las casas de oficio, y es una incógnita cuándo se reactivarán. El pacto por el Empleo firmado hace unas semanas alude a un mes después de que se celebre la conferencia sectorial de Empleo y se conozca la inversión que el Gobierno mandará a las comunidades.

El otro decreto aprobado por la Junta establece una nueva regulación en los procedimientos de selección de funcionarios interinos. Cuando cesen porque el puesto se adjudique a un funcionario de carrera, se dispensará a estos interinos un trato diferencial por motivos de edad y experiencia profesional: que tengan al menos 45 años y trabajen en la Junta desde antes de 2005. Así la Junta beneficia a interinos que llevan lustros en la Administración pero sin plaza. Así se acordó en la Mesa sectorial con CSIF, Ustea, UGT y CCOO.

Según lo referido ayer, nada se dice del personal laboral. Ustea había denunciado que unas 1.800 plazas de laborales temporales estaban en riesgo.

La juez Alaya prorroga un mes más el secreto del caso ERE

LAEDICION.NET.-La juez Mercedes Alaya ha decidido prorrogar por un mes más el secreto de sumario que pesa desde el pasado día 6 de noviembre sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
   Las fuentes han indicado que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado este mismo lunes un auto en el que decide prorrogar el secreto de sumario tras haberlo solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
   De este modo, son ya cinco las veces que se ha prorrogado el secreto de sumario sobre el caso ERE, secreto dentro del cual se investiga el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.
   La última prórroga la dictó la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que fue destinada como refuerzo al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos ante la prolongada baja por enfermedad de la titular, la magistrada Mercedes Alaya, que se incorporó al Juzgado el pasado mes de marzo tras darse de baja el 12 de septiembre.
   Hay que recordar que el Juzgado acordó el día 3 de enero levantar el secreto total que pesaba sobre las actuaciones desde el mes de noviembre y, en su lugar, dictar el secreto parcial de las mismas --que ahora se prorroga-- a fin de cumplir dos objetivos, por un lado "dar el impulso procesal adecuado al resto de la causa evitando dilaciones", y, por otro, evitar "la destrucción de indicios o fuentes de prueba".
SIN FECHA PARA NUEVAS DECLARACIONES
   Asimismo, las fuentes han señalado que, hasta el momento, la juez Alaya no ha fijado una fecha concreta para las declaraciones como imputados del administrador de Uniter, José González Mata, y del abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís, cuyas comparecencias fueron suspendidas 'sine die' antes de Semana Santa.
   Según las fuentes consultadas, la juez tiene previsto tomar declaración a ambos imputados entre finales de esta semana y la siguiente, algo que notificará con la "suficiente antelación" a los letrados de la defensa.
   Carlos Leal y José González Mata se encuentran dentro de las nueve personas ya imputadas en la causa a las que Alaya citó a declarar en relación a la nueva investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que se saldó con 22 personas detenidas.
   De este modo, y entre las personas imputadas, comparecieron ante la magistrada el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero; el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, todos los cuales han ingresado en prisión por orden de la juez.
   También comparecieron como imputados Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas, quienes quedaron en libertad con cargos.
   De los 22 detenidos, ocho pasaron a disposición judicial y, de estos, cuatro ingresaron en prisión, como son el presunto 'testaferro' de los ERE Eduardo Leal del Real; el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, que abandonó la cárcel de Sevilla-I la pasada semana tras pagar una fianza de 50.000 euros, y los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.

Los sindicatos ganaron 93 millones gracias a los ERE

Cobran 250 euros, de media, en concepto de "asesoría jurídica y técnica" a cada trabajador, aunque el despedido no lo autorice.

LAEDICION.NET.-El caso de los ERE andaluces ha puesto de manifiesto el rol sindical en los expedientes de regulación de empleo. Los sindicatos cobran, de media, 250 euros al trabajador por asesorarle, aunque el despedido no lo autorice. Según datos del INE, en el año 2011 hubo 373.380 personas que sufrieron un proceso de regulación de este tipo.
Los sindicatos tenían derecho a cobrar por "asesoría jurídica y técnica" de media, 250 euros por trabajador, que les descontaban de la indemnización que finalmente estos recibían, diesen su consentimiento o no. Esa cantidad, multiplicada por los casi 380.000 procesos que se materializaron en 2011, arroja unas ganancias de 93 millones de euros para las arcas de los sindicatos según publica El Economista. Con la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 la negociación de este tipo de expedientes se ha flexibilizado, pero hasta este momento el proceso por el cual se llegaba a un acuerdo entre el empresario y el trabajador se convertía en un arduo proceso entre la empresa y el sindicato, considerado representante legítimo del trabajador.
Sin embargo, estos 93 millones son una estimación a la baja ya que, según El Economista, el coste por trabajador de esta asesoría podría ascender hasta los 400 euros. El crecimiento exponencial que ha experimentado esta forma de despedir desde que comenzara la crisis ha provocado que el precio de este 'servicio' varíe.
Las centrales sindicales acaban cobrando mediante descuentos sobre las indemnizaciones que perciben finalmente los trabajadores (siempre que superen los 20 días por año trabajador), independientemente de dónde proceda la compensación. Es decir, cuando la indemnización viene de las arcas del Estado (Fogasa), los sindicatos también obtienen su rédito.

Un exsindicalista de UGT cobraba 600.000 euros por ERE en dinero 'b'

El exsindicalista de UGT y "conseguidor de las subvenciones" Juan Lanzas, imputado por la juez Alaya en los EREs fraudulentos

LAEDICION.NET.-El exsindicalista de UGT y "conseguidor de las subvenciones" Juan Lanzas, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya, cobraba hasta 600.000 euros por cada ERE "en dinero 'b', en sobres semanales o quincenales de 20.000 o 25.000 euros".
Lo desvela el que fuera abogado de José María Ruiz Mateos durante más de 28 años.
Según consta en su acta de declaración como testigo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el propio Ruiz Mateos le comentó que "le habían presentado un conseguidor para facilitar los trámites de la aprobación de los ERE", y que esta persona --Lanzas-- "se encargaba de que, en escasos meses, los ERE fueran aprobados", de manera que le encargaron un total de cinco correspondientes al Hotel Cervantes, Garvey --dos--, Zoido Ruiz Mateos S.L. y Dhul S.L. en Granada.
El abogado Joaquín Yvancos declaró ante la Guardia Civil el pasado día 2 de febrero de 2012, y en su comparecencia desveló cómo "llegó a su conocimiento" que Juan Lanzas "tenía una tarifa de 100 millones de pesetas --600.000 euros-- por cada ERE, independientemente del tamaño, y que cada compañía era la responsable de haber hecho el pago a Lanzas, excepto el Hotel Cervantes, que se hacía directamente desde Somosaguas (Madrid), en el domicilio de la familia Ruiz-Mateos".
Según le comentaron al propio testigo, "todos los pagos se hacían en 'b', en sobres semanales o quincenales de 20.000 o 25.000 euros", y que debían procurar que fueran siempre en billetes de 500 euros", añadiendo que "estos sobres los pasaba a retirar personalmente Lanzas o la que decía era su compañera", de la que dijo desconocer su nombre.
Así, precisó que, por los cinco expedientes tramitados, "se le debía a Lanzas un pago en concepto de comisiones de aproximadamente tres millones, de los cuales cobró la mitad".
Tras reconocer que "jamás ha visto personalmente un pago" al exsindicalista, dijo que, tras tener conocimiento de ellos, "indicó a todos los directivos que procedieran a regularizar las cantidades en 'b' antes de presentar el concurso, haciendo las declaraciones complementarias que tuvieran que hacerse, ya que la responsabilidad pasaría a ser de ellos y era la forma que tenían de salvarla".
Pagos directos
En relación a las distintas compañías de Andalucía, el testigo aseguró que los pagos "los hacían los directores de cada una de ellas", precisando que en el caso de Jerez "el aporte de los fondos para rellenar los sobres se hacían a través del banquito que existía allí", según consta en la declaración incluida en el atestado ampliatorio del ERE de Aglomerados Morell aportado por la Benemérita.
El testigo desveló también que, "en una ocasión, en una de las visitas de Lanzas a la vivienda de Somosaguas, se lo presentaron como el hombre que resolvía todos los problemas y que arregla todas las cosas de Andalucía", mientras que "en otra ocasión le presentaron a Gaspar Zarrías, indicándole que les había pedido ayuda para hacerse cargo de la antigua Cárnicas de Jaén".
También afirmó que "otro punto concreto" donde intervinieron Juan Lanzas "y un alto funcionario" de la Junta "vinculado a la familia", que "cree que se trata del marido de una de las hijas" de Ruiz-Mateos, fue la operación de compra-venta de una compañía corchera.
Aglomerados Morell y Río Grande
El abogado puso de manifiesto que Ruiz-Mateos "presentó como conseguidor a Lanzas a otras personas, entre ellas al dueño de Aglomerados Morell y a una mujer propietaria de un restaurante muy famoso en Sevilla sito cerca de la Torre del Oro --en referencia a Río Grande--, los cuales solicitaron ayudas a la Junta".
Por último, precisó que las reuniones entre Lanzas y la familia Ruiz-Mateos se celebraron en el domicilio de Somosaguas, aunque en las mismas "nunca ha visto a nadie de la Junta", no obstante "cree que sí había gente" de la Administración autonómica.

La juez Alaya apunta al presidente Griñán como financiador de los ERE de Andalucía

CC OO y UGT niegan que recibieran “cobros irregulares” por su actuación

LAEDICION.NET.-Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras niegan lsobrecomisiones" o "cobros irregulares" por 4,2 millones de euros de la consultara Vitalia, que gestionó, junto con Uniter, los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta de Andalucía.

a mayor: que cobrasen "
Refutan lo dicho en un auto dictado el viernes 22 de marzo de 2013 por la juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE.
Esta mantiene que "las piezas del puzle comienzan a encajar" y desbarata la explicación que siempre ha dado el Gobierno andaluz respecto a que los ERE garantizaron la paz social y ayudaron a 6.000 trabajadores con difícil salida laboral.
Las investigaciones siguen su curso, y ya casi en el penúltimo escalón, la jueza Alaya señala al presidente de la Junta de Andalucía, hoy también presidente del PSOE, como financiador de los falsos ERE, algo por lo que este domingo el dirigente socialista trato desligarse, y por lo que Zoido le culpó como "cajero de los ERE".
La firma de Griñán
Las investigaciones llevadas a cabo permiten derivar que, conocidas sobrecomisiones, por qué se daban ayudas sin crédito.
El actual presidente de la Junta Andaluza, otrora consejero de Economía y Hacienda en el periodo que va de 2004-2009, firmó y elevó para su aprobación en el Consejo de Gobierno numerosas modificaciones presupuestarias por las que se incrementó el crédito de la partidad de los ERE durante la etapa señalada, recoge este lunes el diario 'El Mundo', junto a un documento donde se estampa la firma de José Antonio Griñán.
La investigación del caso de los ERE, abunda el diario madrileño, ha permitido concluir que Empleo de la Junta concedió ayudas por importe superior al crédito de que disponía y en contra de la ley.
"Comienza a tener explicación el desfase presupuestario, es decir la concesión de ayudas por encima del límite legal establecido", subraya el auto de la juez Alaya.
Sobrepasada la disponibilidad económica, la Junta de Andalucía se vio obligada a aprobar numerosas modificaciones presupuestarias a favor de la partida 31.L, calificada como "fondo de reptiles" por el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero.
La historia de los mineros
Además, se da la circunstancia de que muchas de las modificaciones presupuestarias con las que se incementó la cuantía del programa 31.L las hubo de firmar para su aprobación José Antonio Griñán, titular entonces de Economía y Hacienda.
Una de aquellas modificaciones propuestas por el actual presidente de la Junta de Andalucía -de noviembre de 2005, por importe de 799.895,97 euros, sirvió para financiar 15 prejubilaciones que la juez entiende que son falsas, ya que eran para trabajadores de una mina que había cerrado 17 años antes.
Se suspenden dos declaraciones
La juez que investiga los ERE fraudulentos ha suspendido las declaraciones del abogado sevillano Carlos Leal y también la del dueño de la empresa Uniter, José González Mata.
Ambos están imputados y era los únicos que faltaban por declarar en la última ronda de interrogatorios iniciada por la juez Mercedes Alaya para conocer el destino final de las comisiones ilegales.
En esta última fase de comparecencias de los nuevos imputados, la juez Mercedes Alaya ha enviado a prisión a siete de los veintidós imputados, entre ellos el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

Un mediador pagó 4,3 millones en comisiones a los sindicatos UGT y CC.OO.

A El exdirector comercial de Vitalia, en prisión, se compró al menos ocho inmuebles con los fondos que la Junta pagaba por mediar en los ERE, según la juez Alaya

LAEDICION.NET.-Antonio José Albarracín Muñoz, director general de Vitalia entre 1995 y 2011, ha pagado presuntamente 4.291.384 euros a los sindicatos, a los entornos de UGT y CC.OO.» con dinero de «la sobrecomisión pactada con la Junta de Andalucía» por mediar en ERE de empresas en quiebra. Los sindicatos actuarían como conseguidores de trabajadores afectados por ERE para así incrementar el negocio de la intermediación.

Esta es una de las llamativas conclusiones que se recogen en el auto dictado este viernes por la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE pagados por la Junta de Andalucía. Alaya ordenó su ingreso en prisión preventiva acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de prevaricación continuada, así como de los delitos de cohecho y de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Se le acusa, entre otras cosas, de ofrecer «dávidas» a cargos de la Junta como el propio exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

La magistrada cree que los sindicatos mayoritarios forman parte del núcleo de la trama de los ERE. En el auto se advierte de la existencia de una «trama corrupta» que indiciariamente «se alimentaría de la misma la autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de los fondos de la Administración, así como los sindicatos e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio».

Albarracín fue citado a declarar ante Alaya dentro de la macrorredada llevada a cabo el miércoles pasado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. «La clave de este proceso son las sobrecomisiones en muchos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surten cada interviniente». «La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la Administración, con una pasividad que irritaba a muchos, a ser el verdadero alimento de esta trama corrupta del que se nutre no sólo la mediadora, sino presuntamente y espaldas de esta, sus principales responsables», continúa el auto.

La juez acusa al mediador de Vitalia, que se halla en la prisión de Morón desde esta madrugada, de enriquecerse con el dinero de los ERE. En concreto, señala que «pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 (cuando se puso en marcha la partida 31 L del fondo de reptiles) a ser titular en 2011 de 16 inmuebles con dos hipotecas completamente amortizadas». Añade que «de estos inmuebles, al menos ocho» procederían en su mayor parte de las sobrecomisiones de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, pues fueron adquiridos por PEMAR 21, pertenenciente a Albarracín y a su esposa, María José Marcos, que también está detenida y está previsto que hoy declare ante la juez.

Griñán amarra a sindicatos y patronal en el núcleo de su pacto por Andalucía

LAEDICION.NET.-La Junta, CCOO, UGT y CEA simulan los acuerdos de concertación, pero sin medidas ni presupuesto. Piden revisar la financiación y crean seis grupos de trabajo. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, logró ayer el acuerdo por el empleo sobre el que pivotará el pacto por Andalucía, principal apuesta política del Gobierno de coalición PSOE-IU. Con esta escenificación el presidente de la Junta quiso lanzar un mensaje de diálogo y paz social al conjunto de la Nación. Participaron los actores tradicionales de los siete acuerdos de concertación que se han firmado desde 1993 (Junta, CCOO y UGT y la Confederación de Empresarios, CEA), aunque las partes desligaron la firma de la concertación, que sí cuenta con medidas concretas y dotación económica aunque no se cumpla, y cuya vigencia expira este año.

Pese a las distancias marcadas, el acto celebrado en el Palacio de San Telmo se revistió de la misma solemnidad protocolaria y se repitió fotografía. Hasta el preámbulo del texto es idéntico al del VII Acuerdo de Concertación firmado en 2009, salvo en las nuevas alusiones al pacto.

Sin novedades sobre medidas que supongan una inyección económica al desolador estado de desempleo en la comunidad, con una tasa de paro que alcanza cifras históricas (35,86% de media), el protagonismo se lo llevó entre los asistentes la sorpresiva jornada de detenciones que a la misma hora se producían en diferentes provincias relacionadas con el escándalo de los ERE. Hasta alguno especuló con la posible contraprogramación de la juez encargada de la investigación, Mercedes Alaya.

En este boato, los firmantes se comprometieron a buscar soluciones a la grave situación económica. La Junta, encantada de rubricar de nuevo la paz social y con la esperanza de obtener algún titular nacional, creando un marco que favorezca las oportunidades. Y las organizaciones sindicales y empresariales, alejado el fantasma de más sillas de invitados, comprometiéndose a poner de su parte. Es relevante que el primer punto del que ha sido denominado Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía sea la legitimación de las partes firmantes.

Uno de los compromisos más relevantes de este acuerdo, de 15 páginas, es la voluntad de la organización más representativa de los empresarios y de CCOO y UGT a alcanzar un acuerdo bipartito para desbloquear la negociación colectiva en el plazo de un mes. Unos 400 convenios colectivos están paralizados.

No hay rastro sin embargo de la tan criticada reforma laboral del Ejecutivo de Rajoy, pese a que ha sido una de las dianas predilectas del Gobierno y los sindicatos. Tan sólo se menciona que "las recientes reformas del marco legal han producido importantes modificaciones en la regulación de la negociación colectiva" y los firmantes se comprometen a dialogar para mejorar las relaciones laborales.

Sí que hubo causa común en la petición al Gobierno del PP de que cambie el modelo de financiación autonómica, aprobado en mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se relaje el objetivo de déficit a las comunidades.

Esta alianza alcanza también a la petición a Rajoy de un plan de empleo exclusivo como tienen Extremadura o Canarias y a que priorice los corredores ferroviarios. Los agentes sociales plantean que el Gobierno debe entender que Andalucía seguirá necesitando inversión en función de su población una vez se agote el compromiso de siete años recogido en el Estatuto (Disposición Adicional Tercera), en 2014.

La Junta y los agentes sociales y económicos se dan un mes para iniciar los trabajos de una nueva Estrategia económica de Andalucía con horizonte 2020 y otro mes a partir de la Conferencia Sectorial de Empleo para regular la formación para el empleo, yacimiento de subvenciones para estas organizaciones.

Crearán al menos seis grupos de trabajo, entre otros para la redefinición de las oficinas en el exterior, las zonas prioritarias para incentivar las políticas de empleo, la simplificación de trámites o la protección de la salud. Impulsarán el artículo 138 para evaluar las políticas públicas.

Griñán destacó que este pacto supone el "núcleo económico fundamental" y la "guía" del futuro gran pacto y lo remitirá al Parlamento.

El presidente de la CEA, Santiago Herrero, deseó que esta estrategia incentive el desarrollo productivo y deseó que "sea un precedente para el resto del país".

Los secretarios regionales de UGT, Manuel Pastrana, y de CCOO, Francisco Carbonero, defendieron el pacto como una apuesta por un modelo de "gobernanza cooperativa y por la búsqueda de la cooperación frente a la confrontación". Pastrana dijo que no están en el pacto "para hacerse una foto más en el correlato de la concertación, sino para la búsqueda de respuesta a los problemas de los trabajadores".