El ex Gobierno socialista de Garrucha perdonó cesiones de constructores al municipio por 8 millones de euros

La Junta de Andalucía pide al Gobierno del popular Juan Francisco Fernández que subsane los errores en los convenios urbanísticos firmados por los socialistas

LAEDICION.NET.-D.M.-El grupo de Gobierno dirigido por el socialista Andrés Segura hizo perder a Garrucha unos 8 millones de euros, al no exigir a los propietarios de cuatro Unidades de Ejecución el 10% de aprovechamiento lucrativo que por ley corresponde a la Administración local.

El polémico asunto se trató en el último pleno celebrado por la Corporación municipal, el pasado 18 de marzo. En concreto, el equipo de Gobierno de Juan Francisco Fernández (PP) elevó una moción de urgencia en la que se proponía crear una comisión técnica de valoración tras recibir un escrito de la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio en el que se solicita la subsanación de errores en los convenios urbanísticos firmados por los socialistas entre los años 1999 y 2007.

Y es que la Junta de Andalucía ha podido constatar que no se hicieron las correspondientes cesiones en las Unidades de Ejecución 6, 16, 17 y 18. El documento de la Delegación que dirige Luis Caparrós, fechado el 11 de septiembre de 2009, no deja lugar a dudas: “Los suelos correspondientes a todas las Unidades de Ejecución contempladas en las Normas Subsidiarias de planeamiento de Garrucha tienen la clasificación de suelo urbano no consolidado y, por tanto, el deber de ceder los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice el 10% del aprovechamiento medio correspondiente a la Administración local”.

En 2005 y en 2007 ya se avisó al Consistorio de que tenía la obligación de reclamar las compensaciones de suelo en la UE-17 y en la UE-18. “El informe preceptivo de esta Delegación fue emitido en sentido favorable [al convenio] condicionado a que el documento contuviese el deber de ceder al municipio la superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el 10% del aprovechamiento medio del área de reparto”. No se hizo.

El Gobierno del socialista Andrés Segura se conformó con la aceptación de la cesión de terrenos para infraestructuras en el caso de las UE número 16, 17 y 18. Así lo evidenció en la sesión plenaria la portavoz socialista, María López, que también demostró no tener muy clara la diferencia entre ambas compensaciones.

En otras palabras, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) contempla la entrega de suelo para infraestructuras como colegios, centros de salud o zonas verdes. Por otra parte, prevé otro 10% del que el Ayuntamiento puede obtener beneficios económicos, bien a través de la venta de la parcela o bien mediante la construcción de VPO.
“Nos cedieron el 10% y mucho más”, asestó la concejala en la oposición, para después añadir algo contradictorio: “Al Ayuntamiento no le interesaba obtener dinero, sino terrenos, y gracias a eso se pudo hacer el polideportivo, el campo de fútbol…”.

Y mejor parada salió aún la polémica UE-6. En este caso no se produjo ninguna de las dos compensaciones: ni el 10% de aprovechamiento lucrativo ni el otro 10% para equipamientos.

Pero ahora el equipo de Gobierno popular confía en poder recuperar parte de los perdido, teniendo en cuenta la situación del mercado actual.
“Es algo que está pendiente y no lo vamos a dejar pasar. Hablamos de una cuantía importante”, argumentó Juan Francisco Fernández. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el valor de los terrenos a los que renunció el gobierno de Andrés Segura, unos 13.000 m2 urbanizados, podrían alcanzar los 8 millones de euros.

Errores en las NNSS
Por otra parte, cabe destacar que la Junta de Andalucía ha pedido al Ayuntamiento garruchero que corrija los errores detectados en las NNSS del municipio, en las que se clasificaron como suelo urbano consolidado las cuatro Unidades de Ejecución, que tiene en realidad la condición de suelo urbano no consolidado.

En la sesión plenaria, el grupo municipal socialista trató de presentar una moción de urgencia en la que se quería instar al Consistorio a enviar toda la documentación urbanística de la época a la Fiscalía de Almería. Ni siquiera se llegó a debatir.