El cambio de manos de una tarjeta prepago enreda la madeja del Faisán

El Faisán sigue engordando, a pesar de los intentos del Gobierno -y especialmente de Alfredo Pérez Rubalcaba- de ligar el interés del PP en que se sepa la verdad a una estrategia electoral.


LAEDICION.NET.-Daniella Montenegro.-ABC aporta este viernes nuevos datos sobre la conexión entre los etarras y los máximos responsables de la lucha antiterrorista en ese momento. El diario de Vocento revela que la tarjeta prepago que llevaba Juan Carlos Yurrebaso, representante de ETA junto a Josu Ternera en las negociaciones del proceso de paz, había sido utilizada previamente por Víctor García Hidalgo. Este último era por entonces el director general de la Policía, y actualmente es uno de los imputados en el caso del chivatazo.

La tarjeta prepago formaba parte de un lote de ellas adquirido para buscar comunicaciones seguras durante las negociaciones. Cuando los agentes revisaron el tráfico de llamadas comprobaron que muchas de ellas fueron realizadas a sedes del PSE; al presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren; a policías; al por entonces jefe de seguridad del PSOE, y a otros particulares. Finalmente descubrieron que el motivo era que antes la había utilizado García Hidalgo.

Yurrebaso fue detenido en marzo de 2007 en un control rutinario en Francia cuando se dirigía a Suiza a una reunión con los negociadores del Ejecutivo. Y eso a pesar de que tres meses antes José Luis Rodríguez Zapatero había dado por enterrado el proceso de paz entre los escombros de la T-4 de Barajas. Al ser arrestado, esgrimió varios números de teléfonos: uno de ellos correspondía al prefecto Christian Lambert, próximo a Nicolas Sarkozy; y otro, al socialista Víctor García Hidalgo.

Tras conocer la noticia, la Vicesecretaría General de Comunicación del PP ha enviado un argumentario interno a sus cargos en el que sostiene que Rubalcaba debe explicar "por qué un etarra tenía la tarjeta de móvil del jefe de la Policía". Los populares recuerdan en el documento que el vicepresidente primero y ministro del Interior "no quiere responder en el Congreso" sobre el caso, pese a que las investigaciones "afectan de pleno a su Ministerio".