Los ayuntamientos afectados presentarán mociones para exigir
el pago de la deuda
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-"Los Servicios Sociales los
mantienen a día de hoy los ayuntamientos y la Diputación Provincial de
Almería". Así de tajante se mostró ayer la parlamentaria andaluza del PP,
Rosario Soto a la hora de denunciar las deudas que tiene la Junta de Andalucía
en materia de Servicios Sociales con las entidades locales de la provincia y
cuya cifra asciende, tal y como desveló Soto, a más de 20 millones de euros.
Según explicó la parlamentaria popular el Gobierno Andaluz adeuda a la
Diputación Provincial más de 7,5 millones, al Ayuntamiento de Almería 3
millones de euros, al de El Ejido un millón y al Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, otro.
Soto, que estuvo acompañada por la parlamentaria Rosalía Espinosa, por la diputada de Asuntos Sociales, Almudena Valentín, y los concejales de Asuntos Sociales de El Ejido y Roquetas de Mar, Julia Ibáñez y José Galdeano, ha insistido en que tanto la Diputación como los Ayuntamientos son los que están manteniendo los servicios sociales y atendiendo a las personas que más necesitan el apoyo de la Administración en estos momento, y todo ello a pesar de que los Servicios Sociales son competencia del Gobierno Andaluz.
"Gracias a las entidades locales, a la Diputación y a las entidades sociales, se está manteniendo el sistema social en nuestra comunidad autónoma, porque realmente la Junta ha dejado abandonados a los más vulnerables en estos difíciles momentos", ha señalado.
Para paliar esta situación, Soto ha informado de que todos los ayuntamientos afectados van a llevar a pleno una moción instando a la Junta de Andalucía a que apruebe un Fondo de Emergencia Social para ayudar a las entidades sociales ya que a su juicio "no tienen excusa ya que hace poco han recibido más de 5.200 millones de euros del Gobierno Central y no pueden decir que no tienen dinero. Los almerienses no pueden esperar más", espetó.
Por su parte, Valentín explicó que la Diputación Provincial está teniendo "serios problemas" para poder mantener programas como el de Inmigración o Drogodependencias "porque la Junta no paga o retrasa los abonos".
La edil ejidense, Julia Ibáñez, fue aún más contundente: "La gente no entiende de competencias. Quieren que se solucionen sus problemas y nosotros no podemos explicarles que no recibimos dinero de la Junta y obviamente tenemos que hacer un esfuerzo para darles respuesta". Ibáñez apuntó que "nosotros tenemos posiblemente el Ayuntamiento más endeudado de la provincia y este tipo de problemas entorpecen nuestro funcionamiento".
Por su parte, el concejal roquetero, José Galdeano, tiraba de las cifras para señalar que si en 2009 se atendían 7.000 expedientes este año la cifra supera los 12.500 "y la Junta va recortando las partidas y tarda aún más en pagar. Esto es insostenible", sentenció.
Soto, que estuvo acompañada por la parlamentaria Rosalía Espinosa, por la diputada de Asuntos Sociales, Almudena Valentín, y los concejales de Asuntos Sociales de El Ejido y Roquetas de Mar, Julia Ibáñez y José Galdeano, ha insistido en que tanto la Diputación como los Ayuntamientos son los que están manteniendo los servicios sociales y atendiendo a las personas que más necesitan el apoyo de la Administración en estos momento, y todo ello a pesar de que los Servicios Sociales son competencia del Gobierno Andaluz.
"Gracias a las entidades locales, a la Diputación y a las entidades sociales, se está manteniendo el sistema social en nuestra comunidad autónoma, porque realmente la Junta ha dejado abandonados a los más vulnerables en estos difíciles momentos", ha señalado.
Para paliar esta situación, Soto ha informado de que todos los ayuntamientos afectados van a llevar a pleno una moción instando a la Junta de Andalucía a que apruebe un Fondo de Emergencia Social para ayudar a las entidades sociales ya que a su juicio "no tienen excusa ya que hace poco han recibido más de 5.200 millones de euros del Gobierno Central y no pueden decir que no tienen dinero. Los almerienses no pueden esperar más", espetó.
Por su parte, Valentín explicó que la Diputación Provincial está teniendo "serios problemas" para poder mantener programas como el de Inmigración o Drogodependencias "porque la Junta no paga o retrasa los abonos".
La edil ejidense, Julia Ibáñez, fue aún más contundente: "La gente no entiende de competencias. Quieren que se solucionen sus problemas y nosotros no podemos explicarles que no recibimos dinero de la Junta y obviamente tenemos que hacer un esfuerzo para darles respuesta". Ibáñez apuntó que "nosotros tenemos posiblemente el Ayuntamiento más endeudado de la provincia y este tipo de problemas entorpecen nuestro funcionamiento".
Por su parte, el concejal roquetero, José Galdeano, tiraba de las cifras para señalar que si en 2009 se atendían 7.000 expedientes este año la cifra supera los 12.500 "y la Junta va recortando las partidas y tarda aún más en pagar. Esto es insostenible", sentenció.
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