Los discapacitados, también serán víctimas del nuevo 'tasazo' judicial

La asociación Verdiblanca encarece los procesos en los que se ve envuelto en colectivo ya que afecta directamente a los casos contra la Ley de la Dependencia

Redacción / Almería.- Si faltaba un colectivo que protestara por la aplicación del llamado 'tasazo' judicial, ayer lo hicieron los discapacitados almerienses, quienes denunciaron que estas medidas afectan directamente a las reclamaciones judiciales que afectan a los mismos. Así al menos lo ve la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, que considera que perjudica gravemente los intereses de este colectivo. Aunque el Ministerio de Justicia acaba de anunciar que retrasa su aplicación por falta de los formularios adecuados para cobrar las tasas, lo cierto es que la decena de casos en los que actualmente está trabajando el Servicio Jurídico de esta entidad, ya ha detectado consecuencias negativas en estas personas, pues verán encarecer sus procesos judiciales ante claras discriminaciones por su condición de discapacidad; sobre todo los referidos a la Ley de Dependencia. Lo más probable en la mayoría de los casos es que desistirán de solicitar justicia por la vía judicial.

Si se pierde en primera instancia un juicio sobre grado de discapacidad, reconocimiento de una incapacidad permanente o la impugnación de un alta médica y se debe recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se deberá pagar, sólo en concepto de tasas, 500 euros por un recurso de suplicación o 750 por uno de casación. Aquí se plantea un posible doble perjuicio: en la actualidad, muchas demandas denegadas en Almería se transforman en sentencias favorables en Granada, pues se trata de tribunales más especializados que estudian los temas con mayor detenimiento. Otro perjuicio es que en primera instancia no se acude a los juicios con informes periciales que avalen la discapacidad por su elevado coste, que corre a cuenta de quien reclama, lo que pone de manifiesto que el dinero abre y cierra puertas a los derechos de la ciudadanía; a lo que se suman los gastos de procurador y abogado. Lo mismo ocurre con litigios en los que lo que se discute es una Renta Activa de Inserción u otras ayudas públicas en materia de protección al desempleo, cada vez más inaccesibles para los discapacitados.

De las demandas atendidas en Verdiblanca, se deduce que es dentro del ámbito contencioso administrativo donde se producen las mayores injusticias con la implantación de esta Ley de Tasas. Así, por ejemplo, ante los entes municipales giran muchos de estos procesos judiciales, como son recurrir determinados impuestos como el de vehículos de tracción mecánica, que sigue siendo materia diaria de los tribunales ante los ayuntamientos que continúan poniendo trabas a la exención de dicho impuesto cuando el vehículo de la persona con discapacidad excede de una determinada cilindrada, yendo en contra de las normas estatales.

También la impugnación de ordenanzas suele ser igualmente objeto de procedimientos contenciosos, como el caso del estacionamiento de vehículos o cuando la comunidad autónoma deniega la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, cuyo camino judicial también discurre por la jurisdicción contenciosa. Ello implica que cualquier persona con discapacidad que quiera recurrir la denegación de dicha tarjeta por parte de la Junta debe adelantar 350 euros .