LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El anteproyecto de ley de justicia gratuita visto en el Consejo de Ministros amplía el número de beneficiarios que podrán acogerse a ella y extiende este derecho a determinados colectivos especialmente vulnerables como son las víctimas de violencia de género, terrorismo y menores y discapacitados objeto de agresión. El Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita
Esta reforma, según ha subrayado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "garantiza que los ciudadanos más desfavorecidos puedan acceder a la tutela judicial efectiva y permite que colectivos que hasta ahora no tenían este beneficio puedan acceder a él sin necesidad de acreditar la insuficiencia de medios".
Además de elevar los los niveles de renta para acceder al beneficio de la justicia gratuita, por primera vez se tendrán en cuenta las circunstancias familiares.
Así, el umbral de dos veces el salario mínimo interprofesional (14.910 euros al año) se eleva a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar sean cuatro (19.170,39).
Con independencia del nivel de renta, podrán beneficiarse de la justicia gratuita en todos los procedimientos las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, los menores y discapacitados objeto de agresión, así como organizaciones sindicales, de consumidores o la Cruz Roja.
Recursos presupuestarios
Tal y como ha explicado el ministro de Justicia, "este anteproyecto contiene la regulación sustantiva de la justicia gratuita, pero los recursos presupuestarios imprescindibles para que hoy el Consejo de Ministros haya podido aprobar esta ampliación de la justicia gratuita en España nacen de la ley de tasas que fue aprobada el año pasado en el Congreso y en el Senado"."Sin la revisión de las tasas judiciales y sin la vinculación de estas al beneficio de justicia gratuita, con los recursos presupuestarios que tenemos aprobados en el presupuesto vigente, hubiese sido imposible poner en marcha la ley que hoy ha estudiado el Consejo de Ministros", ha añadido Ruiz Gallardón.
El ministro también ha aclarado que las disposiciones de este anteproyecto "serán de aplicación general a todo tipo de procesos judiciales, es decir se incluyen además de aquellos que se tramitan en la jurisdicción ordinaria, los recursos de amparo en Tribunal Constitucional y, esto es muy importante, el asesoramiento previo al inicio del proceso en algunos supuestos" .
Recurso contra el euro por receta
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el denominado "euro por receta"La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que el Gobierno entiende que aplicar un euro a cada receta supone gravar un servicio del Sistema Nacional de Salud a través de la prestación farmacéutica: "Se grava un acto médico y se abordan condiciones de dispensación de medicamentos que es materia reservada al Estado".
Con esta decisión, según la vicepresidenta, el Ejecutivo hace un "ejercicio de coherencia recurriendo por los mismos motivos y con el mismo instrumento que en caso de Cataluña
Recurso contra la Ley de Presupuestos de Asturias
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El Gobierno también ha aprobado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto sobre los depósitos bancarios que aplica el Principado de AsturiasLa Constitución establece la prohibición de crear tributos mediante leyes de presupuestos, lo que origina la inconstitucional de la norma asturiana. Además, la Ley asturiana vulnera el principio de legalidad tributaria. La vicepresidenta ha argumentado que sólo el Estado tiene competencia para establecer ese impuesto.
Otros acuerdos
- Aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad.
- Aprobado el Real Decreto
por el que se nombra secretario de Estado de Seguridad a Francisco Martínez Vázquez
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