El juez declara ilegales a casi 2.000 'enchufados' por Griñán en la Junta de Andalucía

En total, el Gobierno regional andaluz, controlado desde hace tres décadas por el PSOE, paga unas 260.000 nóminas

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La pugna judicial contra la ley de reordenación del sector público de Andalucía -conocida como ley del enchufismo- aprobada ahora hace casi dos años por la Junta de Andalucía y emprendida por varios sindicatos como CSIF, SAF o asociaciones de empleados públicos de carrera por entender que suponía la entrada ilegal de 26.000 empleados laborales en la Administración general de la Junta, ha ganado una batalla clave.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado, por primera vez en sentencia firme sin posibilidad de recurso, el protocolo de integración de 1.850 empleados de la antigua empresa pública DAP en la nueva agencia pública Agapa.
Como explica Carlos Pizá en 'El Economista', estas personas, junto a las otras 24.000 procedentes de otros entes, empresas y consorcios que se integraron en ocho macroagencias como fruto de la ley de reordenación, son las denominadas enchufadas, por ser en la mayoría de los casos personas afiliadas, simpatizantes y/o familiares de miembros y altos cargos del PSOE, UGT y CCOO.
Paralización total
Todos los protocolos de integración de personal y todos los estatutos de las ocho agencias han sido recurridos por los distintos sindicatos y asociaciones.
Como consecuencia, todas las integraciones de personal están paralizadas de manera cautelar a la espera de pronunciamientos firmes, como el conocido este mes.
Esta primera sentencia irrecurrible deja en situación de total ilegalidad, según lo asegura desde el despacho cordobés Mariano Aguayo, que trabaja en el caso, a esas 1.850 personas.
¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con ellas? La Junta asegura que estudia la sentencia, pero no ha tomado ninguna medida ni con esta resolución firme sobre la mesa ni con todas las anteriores cautelares.
Los abogados y sus clientes, los sindicatos de funcionarios, aseguran que la situación de ilegalidad está generando problemas enormes para encontrar acomodo y funciones a esas 26.000 personas.
Y es que no pueden realizar tareas encomendadas que exijan potestades que, por ley, le corresponden a los funcionarios.
Todos ellos siguen cobrando sus nóminas. En total, el gasto en personal de esta Administración paralela de unos 140 entes -que no ha sido desglosado nunca por la Junta, aunque ahora se verá obligada a remitirlo antes de final de febrero al Ministerio de Hacienda- supera los mil millones.
Además, no procede del capítulo 1 del presupuesto andaluz, sino del VII -Transferencias de capital- bajo el que el gasto en sueldos queda camuflado.
Sumando lo que cobran los enchufados, el coste de personal de la Junta de Andalucía supera los 10.000 millones al año, un tercio del presupuesto total para 2013 del ejecutivo andaluz.
Estos empleados son además privilegiados, pues sus convenios colectivos superan los de los funcionarios y laborales integrados en la administración general de la Junta.
En total, el Gobierno regional paga unas 260.000 nóminas.