No habrá "pelotazo urbanístico" en la antigua Residencia Asistida

García afirma que se barajan varias opciones para usar la instalación pero que no se demolerá Guerra con la Junta por las deudas en temas sociales

LAEDICION.NET.-El equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Almería va día a día deshojando la margarita en todo lo que concierne a la nueva Residencia Asistida. Ayer el vicepresidente de la Institución Supramunicipal, Javier Aureliano García, anunció que las instalaciones antiguas, ubicadas a las afueras de la capital, en la carretera del Mamí, no albergarán "ningún pelotazo urbanístico" desmintiendo así los rumores que señalan que el gobierno del popular Gabriel Amat sopesa esa posibilidad en los terrenos que ocupa la Residencia.

García ha explicado que ahora mismo barajan "muchas opciones" de uso para el antiguo edificio, "siempre teniendo en cuenta que se trata de suelo de equipamiento", pero que "en ningún caso se va a demoler el edificio ni mucho menos".

En este sentido, el también portavoz del equipo de gobierno ha manifestado "estar cansado de que el PSOE siempre busque tramas urbanísticas en todo lo que hacemos y luego no demuestra nada" en respuesta a las declaraciones el lunes de la portavoz del Grupo Socialista, Esperanza Pérez, que solicitó la paralización de las obras para construir la nueva Residencia Asistida porque sobre ella "aparece de nuevo la sombra de la construcción y del ladrillo" y al incidir en que "no es una prioridad en el momento económico que está atravesando la Diputación".

En esta línea, el vicepresidente de Diputación destacó que en la Junta de Gobierno de ayer se aprobó el convenio que mantiene con la Junta de Andalucía para el concierto de 167 de las 186 plazas con las que cuenta la Residencia Asistida, de forma que el Gobierno andaluz subvenciona con 3.317.631 euros estas plazas, aunque el coste anual de la residencia asciende a 11.466.462 euros. "Financiamos con 8,14 millones de euros una competencia que no es nuestra lo que demuestra que el mayor recorte en Andalucía lo hace la Junta ya que son otras administraciones las que tenemos que mantener servicios sociales fuera de nuestras competencias".

García ha resaltado que la administración autonómica le debe a Diputación más de 10,9 millones de euros en temas sociales. "Pagan tarde, mal o nunca", espetó.

La respuesta por parte de la Junta no se ha hecho esperar y ayer por la tarde la delegación del Gobierno remitía un comunicado en el que señala García "hace un profundo ejercicio de hipocresía y cinismo al censurar la aportación de la Junta en materia de servicios sociales, obviando que los recortes impuestos por el Gobierno de España, especialmente en materia de Dependencia, están provocando un notable descenso en los recursos disponibles para la atención a las personas y a los colectivos más vulnerables".

Además, recuerdan que el año pasado la Diputación "cambió unilateralmente las condiciones del acuerdo de colaboración para el concierto de plazas en este centro, eliminando las 10 plazas concertadas del programa de Respiro Familiar, alegando motivos de organización de la residencia, lo que ha motivado que este servicio haya dejado de prestarse".

Además, en el comunicado relatan que la Junta ha transferido en el último año 1,2 millones para el mantenimiento de los servicios sociales comunitarios, 829.450 euros para el refuerzo de la atención a la Dependencia, 693.000 euros para el mantenimiento del Centro Provincial de Drogodependencias, 135.000 euros correspondientes al convenio 2012-2013 que regula los Equipos de Tratamiento Familiar, 2,2 millones de euros para el pago de las plazas concertadas en la Residencia Asistida y más de 14 millones de euros para el servicio de Ayuda a Domicilio. En total, 19,5 millones de euros.