El gobierno incumple

La Generalitat y CiU protestan unidos por no haberse pactado la financiación autonómica en el tiempo marcado por la ley

Al final no hubo acuerdo, y las negociaciones tendrán que continuar en septiembre. El plazo establecido en el Estatut para que el Gobierno central y la Generalitat pactaran las bases del nuevo sistema de financiación para Cataluña expiró ayer entre el descontento de los nacionalistas catalanes, que acusan al Ejecutivo de incumplir la ley autonómica catalana y han convocado para hoy varios actos en señal de protesta. El PSOE insiste en repartir entre las dos partes la culpa del fracaso mientras el presidente catalán, José Montilla, se queja de que a Cataluña le falta dinero para servicios básicos.

El Gobierno tripartito catalán -PSC, ERC e ICV- y sus opositores de CiU han asistido a este incumplimiento con resignación, pero sus quejas fueron cada vez más airadas a medida que se aproximaba la fecha límite. Agotado el plazo, sólo les queda la esperanza de arrancarle en otoño concesiones al Ejecutivo central que acerquen el futuro modelo a lo que ellos reclaman, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. CiU ya han amenazado con tumbar las cuentas públicas si el Ministerio de Economía y la Generalitat no llegan a un acuerdo. Hasta entonces, los partidos catalanes tratarán de escenificar su unidad ante lo que consideran un agravio del Estado a Cataluña.

El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, ya expresó por primera vez su descontento el pasado jueves, cuando de forma comedida denunció la «falta de recursos» para servicios básicos que sufre su comunidad. El Govern ha hecho calar en los últimos meses entre los catalanes la máxima de que de ese pacto sobre financiación dependen las ansiadas mejoras de los servicios sociales catalanes, saturados por el incremento de la población y la llegada de inmigrantes.

El segundo gesto de protesta se producirá este sábado cuando el 'conseller' de Economía y Finanzas, el también socialista Antoni Castells, se reúna primero con la parte catalana de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, el órgano al que el artículo 201 del Estatut encarga las negociaciones sobre financiación y en el que están representadas las formaciones del tripartito. Después, Castells y los miembros catalanes de esa Comisión Mixta mantendrán otro encuentro al que se sumarán los representantes de Asuntos Económicos de CiU: los ex 'consellers' de Economía y Trabajo Francesc Homs y Antoni Fernández Teixidó y el parlamentario Antoni Castella. El lunes, el consejero de Economía y Finanzas también espera reunirse con el PP y Ciutadáns.

Tensión

José Montilla, que se encuentra en una posición incómoda por su vinculación al PSOE, no tiene previsto asistir a ningún acto reivindicativo. El PP catalán, por su parte, también es reacio a apoyar las quejas porque -según explican sus dirigentes- desea un sistema de financiación mejor para Cataluña, pero quiere que sea fruto de un consenso con el resto de las autonomías y no pactado de forma bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat. Esa bilateralidad que consagra el Estatut es el principal motivo por el que los populares recurrieron la norma autonómica ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha resuelto.

El PP aprovechó las discrepancias entre PSOE y PSC, en las que ve un indicio de que el grupo socialista en el Congreso podría romperse, para pedir cuentas al presidente del Gobierno, al que acusó de incumplir sus compromisos. El vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, resaltó ayer que «Zapatero debería interrumpir sus vacaciones y explicar cómo va a solucionar la financiación autonómica, puesto que es desde las comunidades desde donde se aborda y se pagan los servicios sanitarios, la educación o las ayudas sociales».

La número dos de los populares, María Dolores Cospedal, ya denunció el jueves que el Gobierno, al aprobar el Estatut sin consenso, «impuso una ley que ahora no va a cumplir». Para el PP, que no oculta su regocijo, la falta de acuerdo «es un problema en el que se ha metido solo el Gobierno» y que a él ahora le corresponde solventar.