La acusación solicita que el ex teniente de alcalde de Gádor declare como imputado en el proceso contra Gonzálvez

La defensa solicitó que lo hiciera como testigo, aunque ambas partes han pedido al juez nuevos testigos

LAEDICION.NET.-La acusación ha solicitado que el ex teniente de alcalde de Gádor, Onofre Martínez, declare como imputado ante el Tribunal Supremo (TS) en el proceso abierto contra Eugenio Gonzálvez, alcalde de Gádor, al que se le imputado un presunto delito de prevaricación por el procedimiento llevado a cabo en la construcción de una nave municipal.

La providencia de la acusación fue presentada en el Alto Tribunal el pasado día 21, según han confirmado a Teleprensa.es fuentes cercanas al caso. En el escrito se solicita además que declaren en calidad de testigos el secretario y el interventor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a los que Gonzálvez aludió en su declaración, al afirmar que se había reunido con ellos para una consulta de carácter técnico.

Juan Antonio Almansa, portavoz del PSOE de Gádor, grupo que presentó la querella que ha llevado a Gonzálvez al Juzgado, asegura que la petición para que Martínez declare como imputado se produce para darle la oportunidad a defenderse después de que Gonzálvez ‘haya intentado desviar la responsabilidad hacia él, cual todos los vecinos saben que no se toma una decisión sin previa autorización del alcalde’.

Por otro lado, la defensa presentó el día 16 otra providencia, en la que también pedía que Onofre Martínez declarase ante el TS, en este caso como testigo, junto a la actual teniente de alcalde, Lourdes Ramos; la tesorera municipal, Dolores Molina García; el abogado Gabriel Alcoba Salmerón; Joaquín Berenguel Herrada – empleado de servicios múltiples del Consistorio – y Antonio Guirado Rodríguez – conductor del Ayuntamiento-.

La defensa requiere además que el secretario-interventor municipal, Juan Miguel Fernández Jurado, entregue los expedientes administrativos íntegros relativos a las obras de construcción de la nave así como los demás documentos conservados junto a dichos expedientes.

Por otro lado, hoy debían declarar como testigos de la acusación, los representantes legales de las empresas Acerama SC y Lamas Estructuras Metálicas SL.
Según ha podido conocer Teleprensa.es, únicamente ha declarado una persona en nombre de ambas, presumiblemente María del Rosario Cañizares Gonzálvez, quién ya lo hizo una semana atrás por Montajes Metálicos Almería SL.

Nuevamente habría reconocido ante el juez, según ha comunicado la acusación, que Montajes Metálicos Almería SL, Acerama SC y Lamas Estructuras Metálicas SL, empresas contratadas para culminar las obras de una nave iniciada en el año 2000, ‘eran parte de un mismo grupo empresarial, con una misma dirección, número de teléfono, etc.’, así como que cuando le fueron adjudicadas las obras a Montajes Metálicos Almería SL, un hermano de la testigo era concejal del equipo de Gobierno municipal (PP), encabezado por Eugenio Gonzálvez como primer edil.

Hechos

El TS se declaró competente para instruir el proceso el pasado mes de junio, tras admitir a trámite una querella interpuesta por el PSOE de Gádor, después de que la Fiscalía del Supremo encontrase indicios suficientes de este delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de una nave en este municipio.

El auto de la Sala Segunda estimó así la querella tal y como solicitó la Fiscalía del PSOE acerca de "la adjudicación de un contrato administrativo de obras sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación".

El ponente, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, expuso que "pudiendo, en principio, los hechos relatados en la querella ser, tal y como informa el Ministerio Fiscal, una vez tomado testimonio íntegro del Procedimiento Contencioso-Administrativo interpuesto sobre la misma cuestión, Procedimiento Ordinario 540/2007 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería...." y "estando suficientemente acreditado en las presentes actuaciones la condición de Senador del Excmo.

SrDon Eugenio Jesús Gonzálvez García, es procedente, de conformidad con los arts. 71.2 de la Constitución Española, 57.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 22.1 de Reglamento del Senado, asumir la competencia de esta Sala, para el conocimiento de la causa y la designación de Instructor, conforme al turno previamente establecido".

Las obras fueron iniciadas en el año 2.000, sin que se hubiese realizado un concurso público para escoger a la empresa encargada de las mismas. El portavoz socialista de Gádor, Juan Antonio Almansa aseguró en su día que "para darle apariencia de legalidad, Gonzálvez pidió un presupuesto a tres empresas que pertenecen al mismo grupo y que comparten sede social".

El secretario interventor, ante la orden de pago de las facturas del alcalde puso un reparo en el que se decía que "se habían omitido requisitos y trámites esenciales" o que "no habían sido fiscalizados los actos que generaban las órdenes de pago