Denuncian por desobediencia a vecinas de Uleila que grabaron y colgaron en internet un pleno sin permiso

LAEDICION.NET.-D.M.-El próximo 27 de abril, varias vecinas de Uleila del Campo, entre ellas la presidenta de la Plataforma Cerro de la Virgen de Uleila del Campo, Juana Antolín Ramos, comparecerán ante el juez, después de que fuesen denunciadas por el Ayuntamiento por un presunto delito de desobediencia, tras grabar en vídeo y colgar en internet un pleno municipal sin permiso del teniente de alcalde, Ángel Hernández (PSOE).

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2009, en un pleno extraordinario solicitado por el Grupo Popular, tras la convocatoria por parte de la Plataforma de una manifestación Plataforma en protesta por los vertidos de aguas residuales en la rambla del Cañal. Dicho pleno fue presidido por Hernández al encontrarse la alcaldesa, Águeda Cayuela (PSOE), de viaje en ese momento, según ha confirmado la propia regidora.

A este Pleno una de las vecinas asistentes se llevó una cámara y comenzó a grabar. Cayuela indica que es el presidente del pleno el que ‘tiene potestad para decidir si se puede grabar o no, y decidió que no se podía grabar, por lo que se desobedeció a la autoridad. Antolín asegura, por otro lado, que ‘entre los Concejales comentaron que el Pleno no se podía grabar y el presidente dijo que no aunque en ningún momento se dirigió a esta mujer para prohibírselo. Ella lo que grabó lo colgó en una página propia de Internet denominada uleilasincensura.TK.’

Unos días más tarde, llegó a las ‘dos o tres’ asistentes al pleno la denuncia realizada por el Consistorio.
La primera edil recuerda que todas las sesiones plenarias en Uleila son públicas y puede acudir quién así lo estime oportuno, pero que igual que ‘todo el mundo tiene unos derechos, también tiene unos deberes que cumplir’.

Por otro lado, Antolín ha denunciado que ‘durante un periodo de más de quince años las aguas residuales contaminan la rambla del Cañal, debido a que la depuradora existente no funciona desde hace décadas’. En dicho pleno, se ‘pidieron explicaciones sobre el porqué la alcaldesa compró para la construcción de una nueva depuradora unos terrenos distintos a los acordados por el Pleno, cuando los adquiridos no cumplían la normativa en cuanto a la distancia al casco urbano y no hubo respuesta’; así como sobre el pago de una sanción de 3.000€ impuesta por el Servicio de Instrucción de Expedientes Sancionadores de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

La alcaldesa defiende que desde el Ayuntamiento ‘hemos hecho todos nuestros trámites, y aunque quisiéramos correr más, es imposible si queremos cumplir con la legalidad’, para señalar a su vez que recientemente el consejero de Medio Ambiente ha anunciado que se licitarán en breve las depuradoras de Almería y Uleila del Campo.

A pesar de ello, Antolín se pregunta si ‘esta denuncia no supone más bien un desquite en venganza por la celebración de la manifestación y por dar a conocer a los vecinos el contenido del vergonzoso Pleno’.