El despido de un periodista le cuesta a Herrera el pago de 137.000

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Se declara nulo el despido de uno de los periodistas de este departamento, U.C.T., al que se le acusó de elaborar un dossier en contra de determinados cargos y autoridades de esta Comunidad Autónoma. Mientras que nunca se ha podido probar que él fuera el autor del informe, sí ha quedado comprobado que el despido es nulo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a esta Consejería a abonar más de 137.000 euros por el despido de uno de sus periodistas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este digital En el fallo, que rectifica la sentencia impuesta por un Juzgado de lo Social de Valladolid, se indica que la Consejería de Agricultura deberá pagar 110.430,30 euros, además de los considerados salarios de tramitación "a razón de 124,78 euros diarios" -37.933 euros, ya que fue despedido el 4 de julio de 2011-, al considerar que es un despido improcedente.

El periodista pertenecía a un servicio autónomo de la Consejería de Agricultura, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, aunque su centro de trabajo estaba en la propia Consejería de Valladolid, desde el 1 de octubre de 2005. El 1 de julio de 2011 se aprobaron una serie de medidas de austeridad, entre ellas la de prescindir del periodista, que había tenido enfrentamientos con la cúpula de la Consejería.

Este periodista era uno de los históricos en la Junta de Castilla y León, ya que desde diciembre de 1991 ha trabajado en diversos departamentos como Presidencia y Agricultura. Y el mismo día que se le despidió a él, el Gobierno regional, que preside Juan Vicente Herrera, dio la orden de contratar a trece periodistas más.

Pero, además, esta misma Consejería de Agricultura ha recibido a lo largo de 2011 otras tres sentencias condenatorias: la primera, en el mes de enero, por la que ha tenido que pagar 120.000 euros a dos trabajadores del Instituto Tecnológico Agrario a causa de sendos despidos improcedentes. También en enero tuvo que pagar 4.000 euros a un trabajador por un traslado forzoso. Y en mayo, se le ha condenado a indemnizar con 200.000 euros a un trabajador despedido o a readmitirlo. La Consejería eligió pagar esa indemnización.