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Redacción.-13 de diciembre. Esa es la fecha en la que 120
inquilinos de varias viviendas sociales del centro de Madrid tendrán
que abandonar sus hogares después de que
Ana
Botella haya decidido vender estos inmuebles a una empresa con altos
riesgos de insolvencia y vinculada al marido de la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal
. La
operación servirá para que el Consistorio ingrese 21 millones de euros,
aproximadamente.
Así lo ha denunciado el grupo municipal de IU
en el Ayuntamiento de la capital a través de su portavoz, Ángel Pérez,
en la Comisión de Urbanismo celebrada este miércoles. Según el edil, el
contrato se firmó el pasado 18 de octubre a favor de Renta Corporación
Core Business, una compañía calificada de 1 sobre 10 a través de un
informe adjunto por el portavoz que la sitúa “muy cercana a la insolvencia” y
con riesgo muy elevado de impago. “El único objetivo de esta
operación es hacer caja aunque sea a costa de desarraigar a vecinos
que llevan toda la vida en su barrio”, criticó Pérez, mientras regañaba al
presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Fermín Oslé, por no
tener en cuenta la situación financiera de la empresa: “Deberían intentar
tratar solamente con empresas solventes y que no estén bajo sospecha”.
El responsable, que ha calificado de “total coincidencia” la
vinculación del marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, como consejero
externo, respondió en la comisión argumentando que no se levanta por la
mañana mirando la situación de todas las empresas. “Al menos debería
hacerlo con aquellas con las que firma una opción de compra para desalojar a
cientos de vecinos”, replicó el portavoz.
Los 130 pisos afectados se encuentran en diferentes bloques de la capital. Los damnificados por esta venta llevaban instalados en las viviendas desde hace 20 años como mínimo y tendrán que entregar las llaves dentro de tres semanas, a pesar de que tenían el contrato en vigor.
Así lo ha denunciado el grupo municipal de IU
Los 130 pisos afectados se encuentran en diferentes bloques de la capital. Los damnificados por esta venta llevaban instalados en las viviendas desde hace 20 años como mínimo y tendrán que entregar las llaves dentro de tres semanas, a pesar de que tenían el contrato en vigor.

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