sábado, 9 de febrero de 2013

Adhesión al Fondo Social de Viviendas para desahuciados


El Consistorio favorece el acceso a través de un parque con 6.000 inmuebles en alquiler
Redacción El Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado su adhesión al convenio para el Fondo Social de Viviendas para afectados por los desahucios junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, entidades financieras y la Plataforma del tercer Sector. El acuerdo se adoptó en la última sesión plenaria celebrada por la corporación municipal.

Desde el Consistorio ejidense, informan que el convenio contempla la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler, constituido por unas 6.000 viviendas, aportadas por las entidades financieras. El parque de viviendas ya aprobado podrá irse ampliando, según indican desde el Consistorio.

A esta bolsa de viviendas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera y habitual vivienda a partir del 1 de enero de 2008, que ningún miembro de la familia disponga de un inmueble en propiedad o en usufructo y que, además, se encuentran en situación especial de vulnerabilidad social.

La concejala de Servicios Sociales y Mujer, Julia Ibáñez, ha explicado que "en virtud de esta colaboración, el Consistorio será quien emita, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o el riesgo social del solicitante de la vivienda con el objetivo de priorizar entre los demandantes". Añade que: "Es un convenio beneficioso para el municipio porque familias vulnerables de la localidad se podrán beneficiar de esta medida".

Las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual podrán acceder a una vivienda en alquiler con una renta comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato será de dos años con la posibilidad de prorrogar un año más.

Julia Ibáñez ha señalado que "se pretende favorecer el acceso a un alojamiento adecuado a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y dar una respuesta rápida para reducir, en la medida de lo posible este drama social".


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