Malu presentó en El Ejido ‘Dual’ante un La Junta investiga la aplicación de los tipos de interés hipotecarios

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Consumo ultima una ley para proteger a los clientes y estudia si emprenderá acciones judiciales. Las oficinas de desahucios constatan que la práctica continúa durante este año

El drama de los desahucios, según la Junta, ha destapado otra práctica perniciosa de las entidades financieras hacia los clientes de contratos hipotecarios: la aplicación de cláusulas abusivas. Hay clientes que concertaron la denominada cláusula suelo o techo en sus contratos y no han podido beneficiarse de las bajadas de tipos de interés que comenzaron a partir de 2009. Estas personas denuncian que en estos casos abonan mensualmente una cantidad excesiva en comparación con lo que pagarían de aplicárseles el tipo de referencia actual. El Euríbor comenzó a bajar del 3,5% en enero de 2009, por lo que es a partir de ese momento cuando el consumidor denuncia sufrir perjuicios (aproximadamente esa cifra constituye la cláusula media). Y añaden que en octubre de 2008 el Banco Central Europeo comenzó a intervenir con bajadas de tipos, por lo que los bancos y cajas ya conocían que el Euríbor bajaría.

En muchos casos de desahucios se ha revelado que el cliente no podía hacer frente a estos tipos de interés al haber cambiado su situación económica.

Decenas de quejas han llegado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tras agotar las vías de negociación con las entidades, y argumentando los costes y dificultades de la vía judicial. La institución abrió una queja de oficio a finales de enero, en la que reclama a las autoridades de consumo de la Junta acciones de tutela y protección de estos colectivos. Insta además a que propugne en su caso la anulación de las cláusulas que se estimen abusivas e interese la indemnización causada por ese abuso.

La Junta de Andalucía ha recibido esta notificación y asegura que actúa para dar una respuesta. En primer lugar, desvela que según las inspecciones realizadas, existe una posición hegemónica del sector bancario frente al consumidor. Según la Junta, no hay transparencia de las entidades financieras en las firmas de muchos contratos hipotecarios. Y aquí existe un resquicio por donde actuar.

La última campaña realizada a este sector, en noviembre y diciembre de 2011, investigó 202 actividades, 180 en entidades de crédito y 22 en intermediarias. De las primeras, el 75%, un total de 135, revelaron infracciones en estos contratos, que motivaron 25 expedientes sancionadores que están en curso. En las intermediarias se anotaron seis infracciones, un 27%. La Junta elevó un requerimiento a estas entidades y al Banco de España para comprobar el número de clientes afectados.

En algunos de estos casos se detectaron documentos contractuales con redacciones farragosas, publicidad falsa, incumplimiento sobre la información de los tipos de interés según la circular del Banco de España, y la incorporación de cláusulas abusivas en un porcentaje muy alto.

"Hay opacidad y falta de transparencia", afirma Dolores Muñoz, secretaria general de Consumo en la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que dirige Diego Valderas (IU).

Ante estas revelaciones, Consumo ha pedido un informe a sus servicios jurídicos sobre posibles actuaciones judiciales contra estas prácticas. En primer lugar, sobre la cesación de estas cláusulas, y conseguir al menos que se anulen para intentar solucionar las dificultades del abono puntual de las cuotas. Pero también para la indemnización retroactiva si se entiende que fueron abusivas. Muñoz reclama prudencia, porque la Administración debe tener seguridad para encarar esta vía ya que, de perderla, las costas se sufragarían con dinero de todos los contribuyentes.

Hay jurisprudencia tanto a favor como en contra, pero no existe un pronunciamiento judicial definitivo que zanje el debate. El Banco de España ha manifestado que excede de sus competencias un pronunciamiento. La Junta entiende que tiene competencia para actuar, pero señala que muchos de estos problemas se solucionarían con una reforma de la ley por parte del Gobierno central. Incentivará los procesos de arbitraje para intentar que los conflictos se resuelvan en negociación. Y prepara para este año una ley para la protección de los consumidores en la contratación hipotecaria. Desde noviembre se dispone de un borrador y hasta marzo recoge aportaciones en la web de la Consejería. El texto se inspira en un proyecto de Cataluña, que no vio la luz, y de la Ley de Transparencia Hipotecaria de Madrid, en vigor desde julio y que ha sido recurrida ante el Constitucional por el Gobierno central, también del PP. La prevención será el principal propósito de la ley, porque estas actuaciones fraudulentas siguen perpetrándose.

Las oficinas de desahucios que en septiembre abrió la Consejería de Fomento y Vivienda (también de IU) han constatado que siguen llegando contratos con cláusulas abusivas. Familias que firman hipotecas cuando su situación económica recomienda un alquiler. Esas situaciones que provocan dramas siguen engendrándose en este 2013.