viernes, 8 de marzo de 2013

Becerril insta a alojar a los desahuciados en viviendas públicas vacías


LAEDICION.NET.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha instado al Gobierno a que destine viviendas de protección pública vacías a familias que han perdido sus hogares como consecuencia de la crisis. Se trata de una de las peticiones incluidas en el Informe Anual de la Institución correspondiente al año 2012 y que Soledad Becerril ha presentado al presidente del Congreso, Jesús Posada, y al vicepresidente del Senado, Juan José Lucas.
En este informe del Defensor del Pueblo se señala que es “especialmente preocupante los casos de familias que precisan una vivienda con carácter urgente. Así, -señala- se recibieron quejas de familias que, afectadas por el desempleo de varios de sus miembros y tras ser desahuciadas se ven abocadas a vivir en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos económicos y con hijos a cargo”. Las administraciones públicas suelen alegar la insuficiencia de viviendas públicas disponibles para hacer frente a la creciente demanda existente, pero según explica la institución “se ha constatado que existe un importante número de viviendas en manos de esas administraciones que no están adjudicadas“.
Con toda la información recogida el Defensor del Pueblo está preparando un informe monográfico, que será presentado próximamente. Con él se pretende seguir aportando propuestas que ayuden a paliar la situación que viven muchas personas que, como consecuencia de la crisis, han perdido sus hogares. En opinión de la Institución, muchas de las viviendas de protección pública vacías podrían ser alquiladas a bajos precios.
El informe también hace referencia al acceso de los jóvenes  a la vivienda ya que, a pesar de la supresión de la Renta Básica de Emancipación (RBE) para nuevos solicitantes, se recibieron un 73% más de quejas que en 2011. Los ciudadanos mostraban su disconformidad con la supresión de esta ayuda y denunciaban demoras en el pago de la misma. El Defensor del Pueblo ha señalado que iniciará una investigación de oficio para conocer las causas que han producido retrasos en los pagos y las previsiones de regularización de esta situación.

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