lunes, 4 de marzo de 2013

Cerca de 5.400 personas recibieron el reconocimiento de grado de discapacidad en Almería en el año 2012


El  Centro de Valoración y Orientación de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería emitió en 2012 un total de 5.398 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 2.850 de hombres y 2.548 de mujeres. Del total de personas valoradas en este periodo, más del 68% tenían un 33% o más de grado de discapacidad y más de un 28% presentaban varios tipos de discapacidad al mismo tiempo.

Así, un total de 1.726 (31,9%) de las resoluciones del Centro de Valoración y Orientación de Almería acreditan un grado de discapacidad menor del 33%, otras 2.075 corresponden a personas a las que se ha reconocido una discapacidad de entre un 33% y un 64%, y finalmente se han emitido un total de 1.597 resoluciones en las que se reconocía un grado de discapacidad igual o mayor al 65%.

Con respecto a las discapacidades, 2.057 resoluciones corresponden a personas con discapacidad física, 841 reconocen una discapacidad psíquica y 496 de tipo sensorial.  A ello hay que sumar más de 1.500 resoluciones (un 28%) relativas a personas en las que se ha reconocido más de un tipo de discapacidad.

Los centros de valoración y orientación, que dependen de las delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Bienestar Social, tienen como principales funciones detectar, informar y asesorar a las personas con discapacidad, así como emitir dictámenes técnicos facultativos para el acceso a aquellas medidas de protección social vigentes para este colectivo.

A tal fin, los centros de valoración y orientación se encargan, entre otras tareas, de la valoración y el reconocimiento del grado de discapacidad, de elaborar dictámenes para poder recibir una pensión no contributiva por discapacidad o un subsidio de movilidad, de expedir las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, de emitir certificados de aptitud laboral para el acceso al empleo público, de informar y asesorar y orientar a personas y entidades públicas o privadas sobre cuestiones específicas relacionadas con la atención a la discapacidad, de emitir informes técnicos sobre la adecuación y adaptación de puestos de trabajo y para la realización de exámenes y pruebas selectivas, así como de emitir dictámenes vinculantes sobre la aptitud para el ejercicio de las funciones y tareas correspondientes a los cuerpos de funcionarios y empleados públicos.

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