LAEDICION.NET.-El
Gobierno andaluz aprueba hoy un plan contra la exclusión con un fondo para
40.000 contratos Los beneficiarios deben reunir un año de paro e ingresos en el
hogar inferiores a 800 euros-Los 771 ayuntamientos andaluces dispondrán de 15
días para adherirse al plan con el que la Junta de Andalucía financiará
contratos laborales de entre 15 días y tres meses para personas en exclusión
social o riesgo de estarlo. El plazo comenzará a correr tras la publicación en
el BOJA del decreto ley que aprobará hoy el Ejecutivo de coalición PSOE-IU en
su reunión semanal del Consejo de Gobierno, y que incluye un refuerzo de la
ayuda a domicilio y medidas para garantizar la alimentación de colectivos
vulnerables como menores de edad y mayores de 65 años.
El programa de Ayuda a la Contratación, dotado con 40 millones de euros, consistirá en una asignación económica a los ayuntamientos para emplear temporalmente a personas que estén inscritas como demandantes de empleo durante un periodo ininterrumpido de un año o superior y pertenezcan a una unidad familiar en exclusión o riesgo de estarlo, dando preferencia a las personas residentes en barriadas marginales.
Según ha conocido esta redacción, para poder optar a uno de estos puestos de trabajo temporales que financiará la Junta y gestionarán los ayuntamientos, los beneficiarios tienen que estar empadronados desde antes de junio de 2012, y que el importe máximo de cualquier miembro de esa unidad familiar sea inferior a 1,5 veces el Iprem (unos 800 euros mensuales). Se computarán los ingresos de cualquier naturaleza de cualquier miembro de la familia en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud. Como último requisito, se pedirá un informe de los servicios sociales comunitarios.
Los ayuntamientos priorizarán luego otras circunstancias, como que todos los miembros de la familia estén en paro, haya más de dos menores, sean familias monoparentales, con miembros discapacitados o víctimas de violencia de género.
Todos los ayuntamientos de Andalucía podrán ofertar al menos un contrato y éstos, en ningún caso, podrán exceder de mil euros mensuales. Si lo es, la parte restante la asumirá el ayuntamiento. Los trabajos serán de "interés social" y se realizarán preferiblemente en barriadas marginales.
Cada ayuntamiento cuenta con una asignación mínima establecida y en 15 días (hasta mediados de mayo) deberán confirmar que participan y pedir una cuantía teniendo en cuenta este techo, con una memoria explicativa. Si incumplen el plazo, la Junta "reasignará" el dinero entre los restantes ayuntamientos. En mes y medio la Consejería de Salud y Bienestar Social dará a conocer los participantes y las cuantías finales. Todos los contratos tendrán que estar formalizados antes de que acabe el año.
Los ayuntamientos deberán asumir las cuotas laborales y fiscales.
El programa de Ayuda a la Contratación, dotado con 40 millones de euros, consistirá en una asignación económica a los ayuntamientos para emplear temporalmente a personas que estén inscritas como demandantes de empleo durante un periodo ininterrumpido de un año o superior y pertenezcan a una unidad familiar en exclusión o riesgo de estarlo, dando preferencia a las personas residentes en barriadas marginales.
Según ha conocido esta redacción, para poder optar a uno de estos puestos de trabajo temporales que financiará la Junta y gestionarán los ayuntamientos, los beneficiarios tienen que estar empadronados desde antes de junio de 2012, y que el importe máximo de cualquier miembro de esa unidad familiar sea inferior a 1,5 veces el Iprem (unos 800 euros mensuales). Se computarán los ingresos de cualquier naturaleza de cualquier miembro de la familia en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud. Como último requisito, se pedirá un informe de los servicios sociales comunitarios.
Los ayuntamientos priorizarán luego otras circunstancias, como que todos los miembros de la familia estén en paro, haya más de dos menores, sean familias monoparentales, con miembros discapacitados o víctimas de violencia de género.
Todos los ayuntamientos de Andalucía podrán ofertar al menos un contrato y éstos, en ningún caso, podrán exceder de mil euros mensuales. Si lo es, la parte restante la asumirá el ayuntamiento. Los trabajos serán de "interés social" y se realizarán preferiblemente en barriadas marginales.
Cada ayuntamiento cuenta con una asignación mínima establecida y en 15 días (hasta mediados de mayo) deberán confirmar que participan y pedir una cuantía teniendo en cuenta este techo, con una memoria explicativa. Si incumplen el plazo, la Junta "reasignará" el dinero entre los restantes ayuntamientos. En mes y medio la Consejería de Salud y Bienestar Social dará a conocer los participantes y las cuantías finales. Todos los contratos tendrán que estar formalizados antes de que acabe el año.
Los ayuntamientos deberán asumir las cuotas laborales y fiscales.
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