La Junta descarta que haya habido trato de favor en las autorizaciones solares

COMPARECENCIA OFICIAL


El número de implicados en la trama solar se eleva ya a catorce tras revelar Villanueva uno más en León
«No hay ningún alto cargo implicado ni reclamación alguna de terceros», según el vicepresidente
La comparecencia conjunta del Vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, terminó como había comenzado: con la Junta negando cualquier tipo de ilegalidad en la trama solar y con el PSOE pidiendo depurar responsabilidades, amén de una comisión de investigación. Más de cinco horas de diálogo de sordos tras el que las conclusiones no variaron un ápice de lo expuesto por ambos grupos días atrás.

Tomás Villanueva aseguró que, tras el estudio de las 6.786 solicitudes de licencia para huertos solares presentadas, «no ha habido ningún trato de favor, ningún alto cargo afectado ni reclamación alguna de terceros». Tan sólo se ofreció un dato nuevo, la aparición de un nuevo funcionario implicado en León que, al haber adquirido una participación en una empresa fotovoltáica, decidió comunicar su situación a la administración, con lo que ya se elevan a siete las personas implicadas en la provincia.

El consejero garantizó la ausencia de más implicados en la comunidad, aunque sí confirmó que hay cargos electos «tanto del Partido Popular como del PSOE que tienen inversiones en el sector fotovoltáico», aunque rehusó dar nombres. Villanueva explicó el complejo proceso que se ha de seguir hasta conseguir las autorizaciones pertinentes que conlleven la apertura de un huerto solar, unos pasos que, dada su complicación, «hace prácticamente imposible que se cometa alguna irregularidad». Sin embargo, tal y como apuntó el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, «que sea difícil no quiere decir que no sea posible». El vicepresidente tuvo tiempo de repasar también la extensa normativa referente a la energía solar que se ha desarrollado desde que se aprobara la Ley del Sector Eléctrico en el año 1997. Hasta cuatro Reales Decretos que han modificado los términos legales tanto de la adjudicación de las plantas como de los requisitos técnicos que deben cumplir. Una prolija normativa que culminó con la aprobación del Real Decreto del 2007 por el que se fija un límite temporal al mantenimiento de primas. Ese «desorden» y el límite fijado para el 29 de este mes, «ha provocado una carrera en el sector así como la presentación de numerosos expedientes» originando un cierto caos administrativo. De hecho, los Servicios Territoriales han tenido que ampliar su plantilla con nueve técnicos y trece auxiliares administrativos para gestionar los expedientes.

Por su parte, Isabel Alonso repasó la cronología del llamado «caso Lasarte» desde que se detapara el pasado 1 de agosto. La consejera confirmó que se han abierto trece informaciones reservadas -una de ellas concluyó con la apertura de un expediente a Javier Lasarte-, mientras que los otros doce siguen su curso en la actualidad. De hecho, el carácter privado de este proceso hizo que la consejera no desvelara si se ha vulnerado la Ley de Compatibilidades.

Como era de esperar, el grupo popular se mostró satisfecho con las explicaciones dadas. Su viceportavoz, Juan José Sanz Vitorio, valoró la actuación del ejecutivo como «implecable y transparente», y pidió que el grupo socialista explicara el «esperpento» al que se ha sometivo a la Cámara durante estos días. Por su parte, el PSOE descarta presentar recurso ante el constitucional por la negativa del presidente Herrera a comparecer por el caso.

«El PSOE ha hecho daño al sector con frívolas declaraciones sobre las licencias»

TOMÁS VILLANUEVA

Consejero de Economía y Empleo

«No voy a poner un inspector detrás de cada funcionario para saber qué hace»

ISABEL ALONSO

Consejera de Administración

«La Junta ha tomado las riendas de este asunto para taparlo y que no prospere»

JORGE FÉLIX ALONSO

Procurador del PSOE

«La Junta quedaría en mal lugar si no viera irregularidades y la Fiscalía sí lo hiciera»

JOAQUÍN OTERO

Portavoz del Grupo Mixto