- Los Verdes valora muy positivamente el fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo numero 2 de Almería, que fue publicado ayer y que declara nula la licencia municipal de construcción para el hotel del Algarrobico. "Es una decisión muy importante porque da razón a todos los grupos ecologistas que han luchado en este caso y porque remite testimonio a la Fiscalía para que depure las responsabilidades penales del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía por los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio", resume la portavoz provincial de Los Verdes.La sentencia del Juez Rivera reconoce por fin varios hechos que los grupos ecologistas defienden desde los comienzos de su lucha contra este hotel monstruoso la playa virgen del Algarrobico:
- Que la construcción afecta a suelo no urbanizable de especial protección. El Juzgado reconoce que la zona en que está construido el complejo hotelero se encuentra dentro de la subzona C1, calificada como "área natural de interés general" por el anterior PORN, un hecho que ha sido defendido desde su principio por los ecologistas y negado por la Junta de Andalucía.
- Que la zona de servidumbre de protección de 100 metros ha sido invadida totalmente por el hotel, desestimando por tanto los argumentos de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía que pretendía que la servidumbre de protección era sólo de 50 metros.
- Que tanto el Ayuntamiento de Carboneras como la Junta de Andalucía no han actuado como les pide la ley adaptando las Normas Subsidiarias a la Ley de Costas y al PORN acusándoles de dejación y pasividad.
Para Los Verdes se ha dado otro gran paso más en el caso del Algarrobico, que – así lo esperan – llevará pronto a la demolición completa del hotel ilegal. Tras esta sentencia para el partido ecologista es muy importante:
- que la Fiscalía investigue sin escrúpulos tanto al Ayuntamiento de Carboneras como a la Junta de Andalucía,
- que las personas responsables de las ilegalidades cometidas dimitan de sus cargos,
- y que los costes económicos causados a la Administración pública sean pagados por los responsables de tal delito ambiental y no por la ciudadanía en general.
Por último, Los Verdes esperan que este caso haya enseñado algo a políticos, ciudadanos y empresas, ¡que más vale hacerles caso a los grupos ecologistas desde principio que pagar al final las consecuencias en su totalidad – algunas de ellas impagables!
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