Pulso entre Garzón y la fiscalía por la investigación sobre el franquismo

El juez de instrucción Baltasar Garzón echó un pulso este jueves con la fiscalía, rechazando dar trámite al recurso presentado por esta sobre su investigación sobre las víctimas del franquismo, informaron fuentes judiciales. La fiscalía de la Audicencia Nacional había recurrido el lunes su decisión de abrir una investigación cobre los "desaparecidos" de la Guerra Civil (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), al estimar que las "detenciones ilegales con desaparición" que quiere investigar no son "un asunto sujeto a las reglas de la justicia universal", como defiende el magistrado, viendo "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española".
El fiscal había remitido el recurso al juez Garzón para que lo transmitiera, sin responderlo, al pleno de magistrados de la sección Penal de la Audiencia Nacional.
El juez Garzón indicó este jueves que debe ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien responda en primera instancia a las objeciones del Ministerio Público respecto a esta investigaciones. Ahora, la fiscalia tiene un plazo de tres días para que presente recurso de reforma, es decir para que plantee un recurso que sea contestado por el propio Garzón.
Mientras, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia de este jueves a través de una segunda vía procesal, instada igualmente por la fiscalía, si Garzón es o no competente para abrir una investigación, precisaron fuentes jurídicas.
Garzón se declaró competente para investigar las "desapariciones" durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), lo que supone el primer paso en España para esclarecer la suerte de algo más de 114.000 personas identificadas por sus nombres, muchas de las cuales yacen en fosas comunes.
El juez identificó el delito como "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", y para investigarlo alega que éste es "permanente" y que los crímenes contra la humanidad no pueden anularse, por lo que no tiene en cuenta una ley española de amnistía de 1977 para ese tipo de delitos.
El magistrado, que autorizó también la apertura de 19 fosas en toda España, responde a 22 denuncias hechas por asociaciones de familiares desde finales de 2006.