martes, 28 de abril de 2009

COAG Almería envía sendas cartas a Verdia y Níjar Natura para pedirles una reunión en la que se trate el estado de las plantas de tratamiento

Ante la incertidumbre de los agricultores, COAG desea conocer las competencias que Cespa pueda tener sobre ambas plantas de tratamiento

LAEDICION.NET.-ALMERÍA.- COAG Almería tiene previsto enviar sendas misivas a los presidentes de los consorcios de Gestión de Residuos de Poniente, Verdia, y de Levante, Níjar Natura, para intentar aclarar el vacío surgido tras la venta de las plantas de tratamiento de Albaida a Cespa. En dicha carta, se solicita a ambos la convocatoria de una reunión urgente porque la campaña agrícola llega a su fin y los agricultores aún no saben que tratamiento se dará a sus residuos tras limpiar sus explotaciones.

Tras el proceso de compra, la falta de información acerca de la entidad que definitivamente se hará cargo de la gestión de sus residuos es total. Hasta el momento, los residuos agrícolas de las zonas de influencia de Verdia y de Níjar Natura eran tratados por Albaida en virtud del convenio suscrito con ambos consorcios. Sin embargo, hace unos meses se anunció en diversos medios de comunicación que las plantas de tratamiento de residuos, de las que era titular esta última empresa, habían sido traspasadas a CESPA.

COAG Almería considera que sería conveniente, teniendo en cuenta el interés común del sector por mantener el campo en condiciones óptimas de higiene, la convocatoria de todos los miembros de ambos consorcios a fin de aclarar la situación y poder informar a los agricultores. En este sentido, desde la organización agraria se quiere resaltar la necesidad de afrontar de forma conjunta la solución a este espinoso asunto.

Asimismo, de cara a estas reuniones sería recomendable contar con información detallada, por un lado, de las competencias que Cespa pueda tener sobre las plantas de tratamiento de residuos que gestionaba Albaida y conocer, por otra parte, hasta qué punto se van a ver modificadas las tarifas actuales que se cobran a los agricultores por el tratamiento de sus residuos.

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