La mayoría de policías y funcionarios detenidos se niega a declarar

Dos de los tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y parte de los funcionarios detenidos en una operación que pretende desmantelar una presunta red de estafa a inmigrantes que, al parecer, operaba desde la Oficina de Extranjería de Almería, se han negado a responder a las preguntas de los efectivos del servicio de investigación interna desplazados desde Madrid y emplazado su declaración a la jornada de mañana, cuando está previsto pasen a disposición del titular de Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, encargado de la actuaciones.
Fuentes de la investigación que apuntaron que, entre ellos, se encuentra un subinspector de policía al mando de la unidad destinada a la Oficina de Extranjería. La misma determinación han adoptado los dos funcionarios adscritos a la Subdelegación del Gobierno central acusados de cohecho mientras que la nuera de uno de los agentes ha quedado en libertad al tiempo que su marido prestaba declaración a partir de las 16,30 horas.

De momento, el operativo desplegado ayer y que aún continúa abierta después de que el juez decretase el secreto de sumario, se ha saldado con la implicación de siete personas aunque las mismas fuentes avanzaron que esta cifra podría elevarse en próximas horas con la detención de otras dos personas relacionadas con una asesoría laboral domiciliada en El Ejido (Almería) y a las que se acusa de un presunto delito de falsedad documental.

La red, que al parecer cobraba una cantidad aún indeterminada de dinero por agilizar los trámites para la obtención de las tarjetas de permiso de residencia y trabajo en España, está integrada por dos agentes de la Policía Nacional en segunda actividad y un tercero en activo, todos con una dilatada experiencia en servicio y trasladados desde la oficina de Expedición del DNI de la Comisaría Provincial.

Las mismas fuentes apuntaron que la denuncia de la que deriva la actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía parte de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la Dirección General en Madrid y al que atribuyen "una relación muy tensa" con el policía que ostenta la jefatura en esta oficina, también detenido.

En esta línea, aseguraron que, de momento, los precedentes de las "malas relaciones" entre denunciante e implicados aconsejan poner la veracidad de los hechos "en cuarentena" al tiempo que expresaron su desacuerdo con la intervención del servicio de investigación interna, que calificaron de "calamitosa" ya que, a su juicio, "en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa".

En concreto, revelaron que, en noviembre de 2008, el citado trabajador fue denunciado por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que, pese a que sólo se le imputó por presunto cohecho, prestó declaración en sede judicial y se dictaron contra él medidas preventivas consistentes en la personación en el juzgado.

La presunta red de estafa a inmigrantes habría aprovechado la existencia de listas de espera de hasta dos meses para la obtención de las tarjetas y permisos de residencia y trabajo en España para ofrecer a los interesados la posibilidad de agilizar los trámites a cambio de una remuneración económica cuyos importes no han trascendido por el momento.

PRUDENCIA.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Almería, Miguel Corpas, declinó en declaraciones a los periodistas detallar las circunstancias de la operación o el número de detenidos, que podría haberse elevado en las últimas horas, "prudencia" que justificó en el deseo de "favorecer" que se desarrolle con "máxima normalidad ya que aún está abierta".

Tras remarcar que a la espera de que concluyan las diligencias policiales y judiciales debe "predominar la presunción de inocencia", confirmó que todos los arrestados están adscritos a la Oficina de Extranjería, que funciona de "manera integrada", aunque aludió a varias denuncias anónimas como desencadenantes de la operación, que no vinculó de forma definitiva con la plantilla de este órgano.

Corpas avanzó, asimismo, que desde la Comisaría Provincial de Almería se trabaja en estos momentos para que se pueda "suplir de inmediato" las bajas causadas en el servicio por los implicados en la presunta trama, por lo que auguró que en "próximas horas" podría "funcionar con normalidad".

Reconoció, en esta línea, que las "anomalías" detectadas en cuanto a los plazos de tramitación de los permisos se solucionaron hace un mes y medio y que ahora la media no excede de los cuatro días.