REDACCIÓN.-D.M.-La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó a la comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Neelie Kroes, que la nueva financiación de TVE (que contempla la supresión de la publicidad en la cadena pública) "despeja por completo las dudas" de competencia desleal. Por su parte, Kroes eludió hacer ninguna valoración del nuevo modelo y dijo que espera recibir todos los detalles antes de decidir si es necesario abrir una investigación formal por posibles ayudas públicas ilegales.
En una rueda de prensa tras la reunión con Kroes en Estrasburgo, la vicepresidenta calificó este encuentro como "útil y clarificador", ya que sirvió para establecer los criterios del Gobierno español en materia audiovisual y, especialmente, en lo relativo a la competencia. "Creo sinceramente que ha servido para poner de manifiesto una vez mas que España no sólo es Europa, sino que cree y apuesta por Europa en este ámbito", señaló.
De la Vega incidió en que la nueva normativa "no sólo cumple" la legislación europea, sino que se basa en principios "aún más estrictos" en cuanto a la competencia con los operadores privados. "Si antes podía haber una duda sobre algún tipo de posición, de dominio o de competencia desleal por parte de RTVE, ahora esa duda ha quedado por completo despejada", indicó.
Por último, aludió al anteproyecto de ley general audiovisual, adelantando que "pronto" será enviado al Parlamento. "Hemos tenido muy en cuenta la normativa europea en una ley que transpondrá la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual", concluyó.
Por su parte, la comisaria Kroes dijo a De La Vega que "analizará la situación cuando reciba detalles de los planes de financiación", según explicó su portavoz, Jonathan Todd. "La decisión de abrir una investigación formal sobre ayudas de Estado o no hacerlo dependerá de nuestro análisis de la información recibida", subrayó.
El Ejecutivo comunitario publicó en julio unas nuevas directrices sobre la financiación de las televisiones públicas en las que pide que se extremen los controles para evitar que las subvenciones estatales sobrepasen el coste del servicio público.
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