Almería fija precios mínimos en el campo

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.- Productores y empresas llegan a un acuerdo para establecer un suelo en el valor de los productos hortofrutícolas
Las organizaciones agrarias Asaja y COAG de Almería, la asociación de alhóndigas Ecohal y la asociación de cosecheros-exportadores Coexphal firmaron esta semana un acuerdo, descrito como histórico, para fijar unos precios mínimos para los productos hortofrutícolas en origen de acuerdo a los costes de producción y a la oferta y demanda, así como para crear una mesa de trabajo que regule la variación de estos precios.

En esta línea, el miércoles pasado se establecieron unos precios de partida por kilo de 0,60 euros para pimiento california y lamuyo, 0,40 euros para calabacín, pepino, berenjena y pimiento italiano y 0,30 euros para tomate. Al día siguiente, asociaciones agrarias y comercializadoras decidieron, ante la falta de demanda, rebajar el precio del calabacín a 0,30 euros y el del pimiento lamuyo a 0,50 euros por kilo.

"Los agricultores han luchado por conseguir este hito histórico, aún poco consolidado, inicio de un cambio de modelo de comercialización", afirma Andrés Góngora, secretario provincial de COAG. Según las organizaciones, se ha creado un nuevo órgano que habrá que pulir en las siguientes reuniones de trabajo del sector. Éste volvió a reinvindicar una vez más, la modificación de la legislación de interprofesionales, puesto que en este caso Hortyfruta se ve limitada a tareas de promoción y calidad, además de no representar a todos los agricultores.

El acuerdo se basa en la confianza y la transparencia. Por ello, para garantizar estos pilares, en todos los albaranes de entrada o en las facturas del producto se reflejarán los precios mínimos acordados; si no se cumple ese requisito, la comercializadora no lo adquirirá. Los productores vigilarán el cumplimiento del acuerdo, de forma que premiarán a las empresas que lo desempeñen y denunciarán a las que no lo hagan.

Pero esto no es suficiente. Las organizaciones agrarias recuerdan otros problemas a los que se enfrenta el sector. Por un lado, el incumplimiento de acuerdos preferenciales con terceros países, y, por otro, la práctica ilegal de empresas almerienses que comercializan producto importado de Marruecos cambiándole la etiqueta por una que indica que éste es de Almería. "Que empresas importen producto es inmoral, pero que cambien la trazabilidad poniendo que es originario de Almería es ilegal", señaló Góngora. Por su parte, el presidente de Asaja Almería, Francisco Vargas, afirmó que como se demuestre esta práctica denunciarán tanto a estas firmas como a la Administración pública por su "pasividad" y falta de control.

Respecto a la posible intervención de la Comisión Nacional de Competencia por fijar unos precios, las organizaciones lo tienen claro: "Es nuestro primer enemigo porque trabaja con la distribución". Aseguran que el establecimiento de estos precios mínimos es correcto puesto que lo prohibitivo es vender por debajo de los costes de producción, "esto no lo hacemos para enriquecernos, sino para no perder dinero", apostilló Góngora.

Las organizaciones agrarias reclaman la implicación de los políticos, ya que la ruina del agricultor, y el consiguiente abandono de explotaciones, conllevará la pérdida de empleos en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización.

Alfonso Zamora, gerente de Ecohal, manifestó su preocupación por que las empresas que comercializan en destino respeten la transparencia en el acuerdo. "A través de la pizarra de subasta vemos cómo vendemos, pero no todas tienen el mismo sistema, puesto que las empresas que comercializan en destino señalan el precio de liquidación hasta 45 días después".