El último negocio de James Bond en la Costa

El GIL le aumentó la edificabilidad y le vendió aprovechamientos del municipio a bajo precio

LAEDICION.NET.-El actor británico Sean Connery abandonó Marbella a finales de los años 90. Pero en 2000 todavía seguía siendo junto a su esposa, Micheline Roquebrune, administrador solidario de la sociedad Malibú. Esta entidad firmó el 24 de enero de 2000 con el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, un convenio que aumentaba en 6.123 metros la edificabilidad de los suelos que ocupaba su chalé. Al mismo tiempo estimó en 2.041 metros los aprovechamientos que le correspondían al Ayuntamiento y se los vendió a bajo precio a Malibú, o sea a los Connery. Este convenio no fue ratificado por el Pleno municipal ni por la comisión de gobierno.

La Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas determinó que en realidad esos aprovechamientos eran de 3.061 metros. Del conjunto de esta operación el órgano contable estableció un perjuicio para el Ayuntamiento de Marbella superior a los 214 millones de pesetas (1,2 millones de euros), divididos en 112 millones correspondientes a la venta a bajo precio de los aprovechamientos y otros 102 millones de pesetas por los más de 1.000 metros que "se entregaron sin contraprestación a Malibú". Además, el informe hacía constar que en marzo de 2004 el Ayuntamiento aún no había podido cobrar en su totalidad las contraprestaciones fijadas por los aprovechamientos. Había ingresado 40 millones de pesetas pero faltaban los 51,8 que se había pactado entregar al otorgar la licencia y obras.

El negocio de los suelos del chalé de 007 no quedó ahí. La finca fue vendida a By the Sea, entidad que ya era propietaria del suelo colindante y en 2002 pidió licencia para levantar 72 chalés. En enero de 2003 se le denegó, pero en abril se le otorgó el permiso y acto seguido el entonces alcalde, Julián Muñoz, firmó un segundo convenio con By the Sea que aumentaba la edificabilidad y otra vez vendía a bajo precio los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento. Esta segunda operación supuso para las arcas municipales un perjuicio de 247 millones de pesetas.