LAEDICION.NET.-El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se mantuvo el jueves firme en su postura y tras reunirse con el presidente de la Generalitat, José Montilla, reiteró que no retirará el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña ni apoyará una renovación urgente del Tribunal Constitucional. Ambos líderes hablaron durante casi dos horas en el Palau de la Generalitat a petición de Montilla, que busca apoyos para impulsar la renovación del alto tribunal, atascado en el debate sobre la inconstitucionalidad del Estatut.
"No hemos coincidido en la retirada del recurso (...) Yo quiero un estatuto constitucional (...) No hay por qué tenerle miedo a la Constitución", dijo Rajoy en una rueda de prensa tras la reunión.
Sin embargo, el líder del PP aseguró que su partido respetará y acatará las decisiones que adopte el tribunal, aunque mostró sus discrepancias con la petición de Montilla para llevar a cabo una renovación urgente.
"Coincido con el señor (presidente del Gobierno, José Luis) Rodríguez Zapatero en que el Tribunal Constitucional tiene plena legitimidad para resolver este asunto y en la inconveniencia de cambiarlo ahora mismo", afirmó.
"Unir una sentencia a la renovación del Tribunal Constitucional es muy peligroso para la justicia", dijo, y pidió al alto tribunal que "el fallo se debe producir ya".
Por su parte, Montilla insistió en que una sentencia contra el Estatuto acarrearía una "crisis institucional" y afectaría a las relaciones entre Cataluña y España.
"Nada seguirá igual después de una sentencia restrictiva del tribunal", afirmó.
El Tribunal Constitucional rechazó el mes pasado una nueva ponencia, el quinto intento de alcanzar una sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular hace ya casi cuatro años, que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones y tiene más de 400 folios.
Tras el rechazo, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la que defendió la legitimidad del Estatuto e instó a la renovación del tribunal, a la vez que demandó que se declare incompetente para emitir un fallo sobre el texto, puesto que el mandato de cuatro de sus 12 miembros ha caducado y tiene que cubrir una vacante por defunción.
ASPECTOS POLÉMICOS
El Constitucional no ha logrado llegar a un acuerdo en los aspectos más polémicos del texto, entre ellos el reconocimiento de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán, el derecho de autodeterminación y un papel destacado en las relaciones con la Unión Europea.
El rechazo de la quinta ponencia por seis votos frente a cuatro desató una oleada de reacciones contrarias entre la mayoría de los partidos catalanes.
La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, denunció posteriormente una campaña de desprestigio contra el alto tribunal por las críticas al no lograr una sentencia, mientras diversos políticos se enzarzaron en un debate sobre la necesidad o no de renovar la corte.
El Parlamento catalán, que aprobó el Estatuto antes de que fuera sometido a un referéndum, ha reiterado su convicción sobre la plena constitucionalidad del texto, mientras que el PP alega que su objetivo es defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
Los diputados catalanes quieren trasladar a las Cortes y a sus respectivos grupos parlamentarios la necesidad urgente de designar a un magistrado que cubra la vacante provocada por la muerte de Roberto García-Calvo en 2008 y de desbloquear la designación de los otros cuatro magistrados, pendiente en el Senado desde hace más de dos años.
La resolución del Parlamento catalán también instó a impulsar en el Senado una reforma de la ley orgánica que regula el Constitucional para evitar que se prolongue forzosamente el mandato de los magistrados. En este sentido, Rajoy dijo que estudiará la propuesta y valorará su contenido.
El TC está integrado por 12 miembros, cuatro nombrados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial.
En el caso del Estatuto de Cataluña sólo intervienen 10, tras la muerte de García-Calvo y la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por un trabajo que realizó para la Generalitat de Cataluña sobre las relaciones exteriores de Cataluña, que proponía fórmulas que posteriormente se habrían plasmado en el Estatuto.
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