El TSJA ordena la apertura de juicio oral por prevaricación contra el alcalde de Berja

En relación al cese en 2007 del jefe de la Policía Local del Municipio, hecho denunciado por el PSOE El fiscal no ve indicios de delito, pero el procedimiento continúa con la acusación popular

LAEDICION.NET.-D.M.-El cese del jefe de la Policía Local de Berja persigue al regidor Antonio Torres. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), competente en la materia dada la condición de aforado de Torres, ha acordado abrir juicio oral contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación, pidiendo la acusación popular dos años de suspensión y empleo y cargo público para el primer edil, así como una multa de 50 euros al día durante 8 meses.

El juicio contra Torres se celebrará en la Sala de lo Penal del TSJA, pero antes Torres deberá abonar una fianza de 12.000 euros para enfrentar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de su actuación. Cabe destacar que el fiscal no ve indicios de delito –considera que es un asunto meramente ‘administrativo-, por lo que el procedimiento continúa con la acusación popular, en este caso el PSOE virgitano.

El presunto delito de prevaricación que se le imputa a Torres viene motivado por el cese del jefe de la Policía Local de Berja, Antonio Castillo, que accedió a dicha plaza por concurso-oposición en 1985.
En junio de 2007, fue sustituido durante el mes que se tomó de vacaiones, siendo sustituido temporalmente.

Sin embargo, Castillo no se reincorporó a su puesto “a causa de una baja por enfermedad sicológica, producida por el sentimiento de estar sometido a acoso laboral o “mobbing” por el acusado”. En noviembre de 2007, Torres dictó un decreto por el que cesaba a Castillo y nombraba jefe de la Policía a su sustituto temporal, sin efectuar “ninguna gestión para cerciorarse de la corrección o incorrección del informe de la Secretaria del Ayuntamiento de Berja”.

Ese mismo mes, Salmerón presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto, de resultas del cual el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Almería dictó el 8 de octubre de 2008 una sentencia que declaró que la actuación del querellado Antonio Torres López había sido ilegal y había incurrido en desviación de poder, estimado el recurso con expresa imposición de las costas al ayuntamiento demandado. Dos meses más tarde, Castillo era reintegrado en su puesto.