* En Andalucía esta ayuda que “debería ser una excepción se ha convertido en una regla general”
* La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores denunció que están en peligro 125 residencias de mayores en Andalucía y que hay más de 30 proyectos para la construcción de residencias para mayores que están paralizados por la falta de financiación
* “El camino más responsable es la vía de la creación de empleo y de miles de puestos de trabajo que se han dejado de crear vinculados a la ayuda a domicilio”
.- LAEDICION.NET.-D.M.- La portavoz del Partido Popular andaluz, Rosario Soto, denunció hoy que el 50% de las prestaciones que se han reconocido en materia de dependencia en nuestra comunidad autónoma vinculadas a la ley son prestaciones de ayuda económica. Concretamente, 98.720 de los 212.697 perceptores de las ayudas que existen en Andalucía reciben una prestación económica, algo que Soto calificó de “grave” ya que con ello se está pervirtiendo la finalidad de la Ley de Dependencia que marcaba objetivos claros como promocionar la autonomía de las personas y la creación de empleo.
Soto se refirió al artículo 18.1 de la ley en el que se reconoce la excepcionalidad de la ayuda económica, aunque, según indicó, en Andalucía esta ayuda que “debería ser una excepción se ha convertido en una regla general”. “Es grave por dos cuestiones: por una parte, no se está creando empleo, por lo que habría miles de puestos de trabajo que se deberían de crear vinculados al servicio de ayuda a domicilio y por otra parte, tampoco se están creando infraestructuras y empleo vinculados a las plazas residenciales, a los centros de día y centros de noche”, agregó.
Asimismo, se refirió a la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores explicando que ésta denunció que están en peligro 125 residencias de mayores en Andalucía que albergan a más de siete mil ancianos y que hay más de treinta proyectos para la construcción de residencias para mayores que están paralizados por la falta de financiación, lo que “supone una muestra más de que no se apuesta por las plazas residenciales, ni por los mayores, ni por la ampliación del catálogo de la propia ley así como por los puestos de trabajo”.
“El camino más responsable es la vía de la creación de empleo y de miles de puestos de trabajo que se han dejado de crear vinculados a la ayuda a domicilio. El Gobierno andaluz, en vez de hacer una gestión seria y responsable de la Ley de Dependencia, apuesta por lo más fácil”, aseveró al tiempo que explicó que a estos datos habrá que añadir los recortes que va a poner en marcha en materia de dependencia en los próximos años.
Para concluir, indicó que en el documento Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta 2010-2013, entregado por el Gobierno andaluz en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se recoge que hay un recorte porque se anula la retroactividad de las ayudas a los discapacitados. Del mismo modo, puntualizó que la Junta prevé que la retroactividad reconocida se pagará en cinco años, cuando “seguramente muchos de los beneficiarios no tengan ese tiempo para recibirlas”, algo en lo que la administración andaluza se ahorrará 152,3 millones de euros.
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