Un segundo juzgado de Palma prohíbe a Ruiz-Mateos salir de España

La Policía Nacional registró el miércoles durante 15 horas el domicilio familiar REDACCIÓN.-El juzgado de instrucción 3 de Palma ha decretado, al igual que lo hizo el pasado martes el número 9, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España del empresario José María Ruiz-Mateos, imputado en los dos juzgados por sendos delitos de estafa en la venta de dos hoteles. Ruiz-Mateos compareció el pasado martes en los dos juzgados de Palma citado para responder a las acusaciones de estafa y se acogió a su derecho a no declarar en ambos casos. El titular del juzgado número 9, Enrique Morell, decretó entonces las citadas medidas cautelares contra Ruiz-Mateos, al que había citado por segunda vez. En la primera ocasión, declararon ante Morell sus seis hijos varones, sobre los que el juez dictó las mismas medidas cautelares. En el caso del juzgado de instrucción 3, el pasado martes era la tercera vez que se le citaba a declarar, por lo que la jueza sustituta, María Pascual, le advirtió que de no hacerlo emitiría una orden de detención contra él. Tras su comparecencia, el fiscal pidió a la jueza la retirada del pasaporte a Ruiz-Mateos, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días, medidas que Pascual ha decretado, según han informado hoy a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La jueza ha rechazado, en cambio, la petición de fianza penal de dos millones de euros pedida por la abogada Isabel Fluxá, que representa al hotelero querellante Francisco Miralles. Largo registro domiciliario Por otro lado, recordar que efectivos de la Policía Nacional abandonaron a la una de la madrugada del jueves el domicilio de la familia Ruiz-Mateos en la calle Alondra situada en una urbanización de lujo de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón) tras 15 horas de registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El registro en el domicilio familiar ordenado en el marco de la pieza secreta del proceso Nueva Rumasa, lo ha realizado desde las diez de la mañana del miércoles un equipo formado por una quincena de policías, quienes pasados pocos minutos de la una de la madrugada de este jueves han introducido en dos coches varias cajas y bolsas que contenían diversa documentación incautada en el inmueble. El objetivo del juez, que ha ordenado también el registro de otros domicilios y de empresas vinculadas a los Ruiz-Mateos, es encontrar indicios que permitan conocer dónde ha ido el dinero de los 4.110 inversores que decidieron destinar más de 38 Poco antes, sobre las 00.45 horas de hoy jueves han intentado acceder a la vivienda dos de los hijos de José María Ruiz-Mateos, a quienes las fuerzas de seguridad no les ha permitido el acceso en esos instantes al coincidir con el momento en el que la Policía procedía a la retirada de la documentación incautada. Mientras, en el interior del inmueble permanecían José María Ruiz-Mateos, su hijo Zoilo y la mujer de éste, que a media tarde había accedido al inmueble. A pocos metros y en la calle Ciervo de la misma urbanización otro equipo de policías nacionales también ha efectuado otro registro en un chalé de la familia, que según distintas fuentes ha sido utilizado como oficina. Pese al movimiento policial que el registro ha supuesto, han sido escasos los curiosos que se han acercado a las inmediaciones, a excepción de los trabajadores de mantenimiento de la urbanización y algunos vecinos que salían a pasear por la zona. En esta urbanización la superficie media de las parcelas es de 2,4 hectáreas, por lo que se produce una gran dispersión de los vecinos, así como la total ausencia de comercios, bares o restaurantes en las inmediaciones. Durante todo el día miembros de la Policía han estado entrando y saliendo del domicilio del clan de los Ruiz-Mateos en busca de cualquier indicio que pueda revelar el destino del dinero que 4.110 inversores confiaron a las empresas de Nueva Rumasa que ofrecían pagarés con remuneraciones de entre el 8 y el 12 %. En concreto, los Ruiz-Mateos captaron a 4.110 inversores quienes invirtieron en pagarés de Nueva Rumasa -a través de las 13 emisiones conocidas hasta ahora- más de 337,37 millones de euros, y de los que a día de hoy aún faltan por pagar más de 289,11 millones (el 75 % de lo captado, contabilizado el principal más los intereses). Contra la familia Ruiz-Mateos (los padres, seis de sus hijos y uno de sus primos) pesa una querella presentada ante la Audiencia Nacional por más de 300 inversores en pagarés de las empresas de Nueva Rumasa por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible, entre otros. Durante el transcurso del registro se ha conocido que el juez Pablo Ruz ha admitido a trámite la querella presentada por el que fuera el abogado de la familia durante más de 27 años, Joaquín Yvancos, que se dirige contra el nuevo propietario de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia, así como contra una de las hijas de Ruiz-Mateos y su marido. Durante toda la mañana y parte de la tarde, los perros de la unidad canina policial desplazada al domicilio familiar han estado buscando indicios y pruebas en la finca de 2,4 hectáreas. El registro se produce un día después de que el patriarca de la familia José María Ruiz-Mateos, realizara ante los medios de comunicación declaraciones desafiantes hacia la justicia y los jueces en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se le retiró el pasaporte tras acudir a declarar como imputado por una presunta estafa en la venta de un hotel. Durante el transcurso del registro de la vivienda la Policía Nacional ha requerido la presencia de un empleado de mantenimiento de la finca para que procediera a la apertura de unas instalaciones en el jardín de la casa. A última hora de la tarde, un empleado de Correos ha entrado en el domicilio para entregar distinta documentación.