Desaparece la empresa que construía la Residencia de Gravemente Afectados para la Diputación

Desde el 20 de julio de 2011, la obra presupuestada en más de un millón de euros se encuentra paralizada, sin que la empresa Imaga responda a los requerimientos
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La empresa Imaga, Proyectos y Construcciones, S.A. que ejecutaba las obras de la “Residencia gravemente afectados en Residencia Asistida” de la Diputación de Almería está desaparecida, o al menos eso parece tras haber dejado a medio hacer la construcción que le adjudicó en su momento el equipo de gobierno socialista, y que ahora el PP ha tenido que resolver el contrato. Y no es ese ni el primero ni el único problema desde que la Junta de Gobierno le adjudicó el día 8 de junio de 2010, el proyecto por 1.061.998,74 euros.
La formalización del contrato se efectuó el día 29 de junio de 2010, tras haber depositado la garantía definitiva por 45.775,80, en forma de aval otorgado por Caser Seguros.
El día 5 de julio de 2010 se firma el acta de comprobación del replanteo y se emiten las dos primeras certificaciones, pero con fecha 21 de octubre de 2010, por la Dirección de la obra se ordena la paralización de la misma, “hasta tanto no se resuelvan algunos desajustes administrativos que concurren sobre la misma”, tales como la carencia de licencia de obra mayor, un tema del que informó en su momento Noticias de Almería. El día 2 de noviembre de ese mismo año, por la Junta de Gobierno, se acuerda dicha paralización, constando la comunicación de la subsanación de las deficiencias citadas el 20 de julio de 2011.
La siguiente información recibida de Imaga, desde el inicio de la paralización, se produce en la fecha 11 de marzo de 2011, cuando la empresa comunica que ha solicitado y le ha sido concedida la declaración de situación concursal voluntaria, adjuntando el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña. El 25 de marzo, por los administradores concursales, se reclama el abono de una tercera certificación, por importe de 116.456,24 euros, que es aprobada por el órgano de contratación el 12 de abril de 2011, aunque su fecha de expedición corresponda a octubre del año anterior, ordenando el pago al número de cuenta que la administración concursal indica.
La propia declaración de concurso voluntario realizada por el juzgado constituye ya, por sí sola, causa de resolución del contrato según la ley.
La Diputación no recibe manifestación alguna sobre la suspensión de la actividad de la empresa, por lo que, de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, se mantiene la vigencia del contrato.
Tampoco consta en el expediente ninguna reclamación más por parte de la empresa ni de los administradores concursales según se ha informado a este medio.
Además, en septiembre de 2011, por la dirección de obra, se redacta y remite a la empresa Imaga para que preste su conformidad, un proyecto modificado para dar cumplimiento a la nueva normativa autonómica en materia de accesibilidad, sin que hasta la fecha se haya recibido conformidad ni objeciones al proyecto.
Se da la circunstancia de que la certificación última aprobada con fecha 12 de abril de 2011 no ha sido tramitada al considerarse, por parte de la Intervención Provincial, como litigiosa en cuanto a su beneficiario o perceptor ya que, por parte de Imaga, se comunica que los pagos se hagan mediante transferencia a favor de la Caixa D´Estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa, pero eso contradice lo ordenado por el juzgado.
Por otra parte, desde el 20 de julio de 2011, la obra se encuentra paralizada, sin que la empresa Imaga responda a los requerimientos que para continuar la ejecución se le han hecho desde la dirección de obra, ni presta la conformidad al proyecto modificado, lo que está ocasionando graves perjuicios a los intereses de esta Diputación, que no puede disponer de unas instalaciones necesarias para los mayores gravemente afectados de la Residencia Asistida, que fueron causa de su construcción y que, al día de hoy, mantiene inactivos unos medios financieros.
La Diputación considera que se ha producido un incumplimiento manifiesto del contrato por parte de Imaga, Proyectos y Construcciones, S.A., “debido al abandono o dejación de la ejecución de la obra desde la fecha indicada, sin que esta institución haya recibido notificación o comunicación alguna que justifique dicha situación, ni manifestación sobre su continuidad, por lo que es de presumir razonablemente un incumplimiento, no solo del plazo de ejecución de la obra ya que todavía está en plazo, sino que la actitud de la citada empresa revela una voluntad clara de no cumplir con el contrato mismo (artículo 206,e) de la LCSP), además de estar causando graves perjuicios a esta Diputación, como administración contratante, lo que justificaría, a resultas de las alegaciones y del expediente, la resolución del contrato y la posible incautación de la fianza”.
El equipo de Gobierno de la Diputación ha decidido por tanto incoar procedimiento para la resolución del contrato con la empresa adjudicataria de la obra que lleva 10 meses paralizada y que comenzó sin licencia.