reconocen que existen privilegios legales a su favor.
>
> La explicación parece encontrarse en el matiz introducido en la pregunta
concreta de la encuesta: en 2010 se interrogaba acerca de la existencia de
discriminación contra "el hombre", mientras que en 2012 se ha
referido a "el padre y los abuelos paternos". El conjunto de la
sociedad parece detectar la discriminación legal no en la condición sexual o
"de género", sino en la regulación del papel del varón en las
relaciones familiares.
>
> La aplicación de la polémica legislación de violencia de género en las
situaciones de crisis familiar sigue provocando la desconfianza de la mayoría
de la población. El 67,8% del conjunto de hombres y mujeres sigue creyendo que
"algunas mujeres ponen falsas denuncias de violencia de género para
obtener ventajas en sus procesos de divorcio". La evolución de los
resultados debe valorarse en relación a las masivas campañas difundidas por el
extinto Ministerio de Igualdad en defensa de la ley tras la publicación de la
primera oleada de esta encuesta. El efecto de dichas campañas parece sin
embargo haber sido limitado, pues el porcentaje de personas que creen que la
ley es un coladero de denuncias fraudulentas a la busca interesada de
privilegios permanece prácticamente idéntico (67,8 frente al 70% del 2010). Lo
que sí ha conseguido la propaganda oficial del anterior gobierno es radicalizar
la opinión pública residual: ha habido un desplazamiento de cinco puntos
porcentuales entre los que antes no tenían opinión formada sobre el tema (16%),
a los que ahora creen ciegamente en la honestidad de todas las denuncias, sin
llegar a superar el 21%.
>
> Vuelve a haber diferencias por razón de sexo: es superior en más de nueve
puntos el porcentaje de hombres que creen que hay falsas denuncias (72,6)
respecto al de mujeres (63,1), permaneciendo la proporción idéntica a la del
2010. En la distribución geográfica, todos los territorios reflejan porcentajes
mayoritarios de desconfianza contra la ley, llegando en Andalucía al 91%,
proporción cercana ya a la unanimidad demoscópica, siendo el dato más alto de
toda la encuesta. En Levante, zona Sur y zona Centro ha aumentado desde el 2010
el porcentaje de hombres y de mujeres que creen que hay falsas denuncias de
violencia de género; concretamente en Andalucía ha aumentado más de diez puntos
en estos dos años.
>
> Los datos anteriores contrastan con la versión oficial de que "no
existen falsas denuncias de violencia de género. El Observatorio Estatal sobre
Violencia de Género dependiente del Consejo General del Poder Judicial elaboró
un informe en Octubre de 2009 a través del "Grupo de expertos y
expertas", sobre el análisis de las sentencias de todas las audiencias
provinciales durante 15 meses: la proporción hallada de falsas denuncias fue
del 0,19%. Por otra parte, el extinto Ministerio de Igualdad difundió en agosto
de 2010 un informe sobre violencia de género, en el que se incluía el resultado
de una encuesta sobre la percepción social del fenómeno. En dicha encuesta se
afirmaba que el 88,9 por ciento de los encuestados opina que "hay mujeres
que retiran la denuncia pero eso no significa que éstas sean falsas", y
que el 76,1 por ciento cree que seguramente habrá alguna denuncia falsa
"como en todos los ámbitos". Hay que destacar que la encuesta del
Ministerio de Igualdad se encargó a una empresa externa al C.I.S. y a los
servicios demoscópicos de titularidad pública, y se realizó sobre el sistema de
"paneles", es decir preseleccionando el espectro social encuestado en
función de bases de datos proporcionadas por empresas privadas.
>
> Esta segunda oleada ha incluido dos temas relacionados con las
alternativas que se están planteando de cara a la futura reforma de la
legislación del divorcio, concretamente con la función de los operadores
jurídicos hasta hoy protagonistas exclusivos de la materia: jueces y abogados.
>
> Respecto a la intervención judicial en las separaciones y divorcios, el
70% de la población prefiere esquivar la competencia judicial, y optan por
"llegar a un acuerdo privado a través de mediadores, sin acudir al
juzgado". Hay que destacar que el rechazo detectado por la encuesta no es
una manifestación más del descrédito y la deslegitimación social general que
padece la Administración de Justicia según todos los estudios demoscópicos,
sino que se refiere concreta y específicamente a los miembros de la judicatura,
es decir, a la actuación de los jueces y magistrados de familia. Solo el 25,6 %
prefieren que con ocasión del divorcio "los abogados defiendan los derechos
de cada uno y el juez decida".
>
> En contraste con otros aspectos de esta encuesta en que el sesgo de género
es muy marcado, en lo que se refiere al rechazo a la competencia judicial no
hay diferencias en los porcentajes entre los dos sexos. Tampoco se aprecian
diferencias de opinión por razón de hábitat, clase social o profesión de los
encuestados.
>
> En la distribución geográfica de los resultados la mayor preferencia por
la mediación y las soluciones extrajudiciales a los divorcios alcanza los
mayores porcentajes en dos zonas de muy distinto nivel de desarrollo económico;
en Andalucía, el 78,3%, y en la zona metropolitana de Barcelona llega a la
llamativa cifra del 84,4%
>
> Respecto a si "debe ser imprescindible la intervención de los
abogados en las separaciones y divorcios" la opinión pública es partidaria
por un escaso margen de prescindir de dicha intervención, dato que coordina con
la tendencia general a la desjudicialización de las crisis familiares. La
preferencia por el divorcio privado y sin abogados, presenta en esta encuesta
dos datos significativos en la desagregación de datos por sexos y por zonas
geográficas.
>
> Entre los varones, la proporción de quienes piensan que los abogados de
familia "complican y encarecen los divorcios" es diez puntos superior
a quienes consideran imprescindible su actuación (51% frente a 41%). Por el
contrario, entre las mujeres, la preferencia es la inversa, pero con una
diferencia inferior, de poco mas de seis puntos: el 49,7% creen imprescindible
divorciarse con abogado, 43,5%, no.
>
> La percepción por los encuestados del carácter obligatorio de la
intervención del abogado de familia puede responder más a un problema de
información de que opinión. La horquilla más amplia de toda la encuesta se
registra en la distribución territorial de resultados de este concreto
epígrafe, en que hay más de cuarenta puntos de diferencia entre la Zona Centro
y el área metropolitana de Barcelona. Es decir en parte de Extremadura,
Castilla-León Castilla-La Mancha y comunidad de Madrid (excluida la capital)
sólo el 33% rechaza la intervención del abogado, posiblemente por considerarlo
legalmente imperativo. Por el contrario en Barcelona capital y su zona de
influencia, se registra el mayor porcentaje de rechazo a los abogados de familia,
alcanzando el 73,3%
>
> El balance de esta segunda oleada de la encuesta arroja un panorama claro
sobre las preferencias de la ciudadanía respecto de la futura reforma de la ley
del divorcio: La consideración al interés de los hijos en los divorcios no debe
producir efectos sistemáticamente perjudiciales contra los padres y los
parientes paternos ni generar privilegios para las madres; custodia compartida
de los hijos como opción preferente; liquidación de la vivienda con ocasión de
la crisis familiar, sin esperar a que los hijos se independicen; preferencia
clara por los mecanismos privados de regulación del divorcio, con rechazo a la
administración de justicia y a la intervención de los actuales operadores
jurídicos especializados. Desconfianza mantenida contra la ley de violencia de
género en su relación con los efectos de las crisis familiares.
>
> La segunda encuesta sobre Custodia Compartida se puede descargar en el
siguiente enlace donde también puede hallarse el resumen de nuestra propuesta de
ley.
>
> www.abuelosseparadosdesusnietos.org/documentos/encuesta-sobre-custodia-compartida-junio-2012.html
>
> Fdo.: Guadalupe De la Fuente
>
> Presidenta Asociación de abuelos separados de sus nietos
martes, 31 de julio de 2012
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