La ley local que prepara el Gobierno tumba la cesión de
competencias a los ayuntamientos y ataca al Estatuto. El presidente de la FAMP
pide una defensa jurídica y política.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La nueva ley municipal que prepara el
Gobierno dará la vuelta como a un calcetín al mapa de competencias de las
administraciones públicas, con un principal damnificado: los ayuntamientos. El
proyecto de Mariano Rajoy es de tal calado que su impacto en Andalucía
afectaría de lleno al Estatuto y a las dos leyes estrella de la pasada
legislatura: la ley que delimita las competencias municipales de los
ayuntamientos y la ley que les permite participar de los tributos de la Junta.
Unas leyes que se aprobaron en mayo de 2010 por el Ejecutivo presidido por el
presidente andaluz, José Antonio Griñán -con Luis Pizarro, entonces consejero
de Gobernación, como principal impulsor-, y que de salir adelante
"demolería" la arquitectura municipal, según coinciden dirigentes de
la Junta y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
El anteproyecto de reforma de la Administración local que se conoce retiraría servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes en favor de las diputaciones, con la intención según el Gobierno de mejorar la eficiencia de los servicios públicos. El impacto es tal que los alcaldes representados en la federación nacional, también los del PP, han forzado un retraso. El proyecto casa con estudios como el de la Comunidad de Madrid, que entienden que un municipio es viable si alcanza los 20.000 habitantes. El 88,2% de los municipios andaluces resultarían afectados por la reforma, donde vive un tercio de la población.
Todos los municipios perderían competencias en educación y sanidad y los de menos de 20.000 habitantes también lo harían en políticas de servicios sociales, culturales o instalaciones deportivas. Los de menos de 5.000 dejarían de tener a su cargo parques, bibliotecas, mercados públicos o tratamiento de residuos. "Se trata de reducir el papel de los alcaldes y concejales al de meros gerentes. Es en esas localidades donde los cargos públicos tienen un nexo más cercano con el ciudadano, al que se le puede ver en la calle y hablar", lamenta Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas y presidente de la FAMP.
Toscano, regidor desde 1983, es un firme defensor del municipalismo y desde la FAMP propició la aprobación de unas leyes pioneras por las que se definieron cuáles son las 29 competencias de los ayuntamientos, con el compromiso de traspasos por parte de la Junta. El trámite de las leyes causó disputas internas en el PSOE con "aislamiento y presiones", recuerda ahora Toscano, que amagó con dimitir tras expresar la "insatisfacción" de los alcaldes con el planteamiento de la Junta. Meses después el Parlamento aprobó con los únicos votos del PSOE una ley que se calificó como el "Estatuto de los ayuntamientos" y que pondría en vanguardia a los municipios andaluces, al menos, en el papel. Pero dos años después, las leyes tienen un escaso nivel de desarrollo, apenas nada.
Toscano explica que se alcanzó un acuerdo político, pero éste no ha llegado a los servicios técnicos de la Junta, que se "resisten activamente" a ceder competencias a los ayuntamientos. Por ejemplo, las calificaciones de vivienda protegida o la prevención de la contaminación acústica y otras leyes medioambientales. "Llevan 30 años trabajando a la defensiva contra el Gobierno de la Nación y ahora les cuesta. Son sólo dos años de aplicación y lo positivo es que tenemos el modelo; pero si el Gobierno aprueba la ley, será volver atrás: se acabó la autonomía municipal", lamenta Toscano, que confía en que la presión de los alcaldes haga retroceder definitivamente al Gobierno. El presidente de la FAMP reclama una defensa jurídica y política.
Las dudas parecen haber llegado al Gobierno. Además de la presión de sus propios alcaldes, el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha planteado que la propuesta se apruebe como proyecto de ley (lo que requerirá debate en el Parlamento) y no como real decreto. Así se lo hizo ver al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, en una reunión a principios de julio, comentó a esta redacción el director general de Administración Pública de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Antonio Maíllo.
En la Junta se observa con "preocupación" el proyecto y alertan de que, de salir adelante, se incurriría en una "inconstitucionalidad sobrevenida". También choca jurídicamente con el Estatuto, que otorga al Gobierno andaluz la competencia exclusiva en administración local. "Esta reforma supone una confrontación clara con el Estatuto de primer grado, al tener nuestro texto estatutario rango de Constitución", afirma Maíllo, unos de los miembros de IU elegidos por Valderas como alto cargo para su Consejería.
Además del Estatuto, las leyes locales de la Junta (Ley de Autonomía Local, Laula y la Ley Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, Patrica) se "diluyen" según el responsable de la Junta. Para Maíllo, hay un evidente propósito ideológico en la propuesta del Gobierno que camina en el sentido contrario al abierto por la Junta: de la descentralización a la "vuelta al tutelaje".
Valderas reclamó una conferencia sectorial de Asuntos Locales que no ha encontrado respuesta por parte de Montoro. La Junta se movilizará a partir de septiembre.
Desde el ámbito universitario también hay recelos al documento del Gobierno. "Es un mal documento. Lleva a la mesa uno de los desafíos que se mantienen desde principios de la década de los 90, como es las competencias que deben tener los ayuntamientos y sus recursos, pero es un galimatías. Lo razonable es que si se introducen modificaciones legislativas no se dispare en el pie. La Constitución consagra el nivel de gobierno de los ayuntamientos y ahora se convertirían en organizaciones prestadoras de servicios: sobrarían todos los alcaldes y concejales", resume Alfonso Yerga, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide y que fuera responsable de las políticas de Administración Local en la Junta.
El PP aduce el ahorro de 3.500 millones que proporcionaría un nuevo modelo. El documento apunta que así se evitaría la supresión de municipios. Para la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), todo lo relacionado con la reforma de la ley se resume en una idea muy clara: "Concretar y clarificar cuáles son las competencias de los ayuntamientos y cuál es su financiación", informa Pablo M. Durio. Ese debería ser a su juicio el principal objetivo de una verdadera reforma de la Ley después de 32 años de democracia. "Coger el toro por los cuernos", según entiende la primera edil gaditana. Y partiendo de esta idea, Martínez entiende que todo lo demás es secundario. "Si se recortan o no el número de concejales por ayuntamiento, si se limitan los sueldos de éstos... Todo eso también, pero después", explica. La alcaldesa recuerda que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no son suyas (como la atención a personas mayores o familias necesitadas) sin tener financiación para ello y recortando un 16% del presupuesto corriente que se destina a estos fines.
Esta redacción propuso al PP la publicación de un artículo expresando su opinión sobre este tema, pero el PP rechazó la propuesta.
El anteproyecto de reforma de la Administración local que se conoce retiraría servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes en favor de las diputaciones, con la intención según el Gobierno de mejorar la eficiencia de los servicios públicos. El impacto es tal que los alcaldes representados en la federación nacional, también los del PP, han forzado un retraso. El proyecto casa con estudios como el de la Comunidad de Madrid, que entienden que un municipio es viable si alcanza los 20.000 habitantes. El 88,2% de los municipios andaluces resultarían afectados por la reforma, donde vive un tercio de la población.
Todos los municipios perderían competencias en educación y sanidad y los de menos de 20.000 habitantes también lo harían en políticas de servicios sociales, culturales o instalaciones deportivas. Los de menos de 5.000 dejarían de tener a su cargo parques, bibliotecas, mercados públicos o tratamiento de residuos. "Se trata de reducir el papel de los alcaldes y concejales al de meros gerentes. Es en esas localidades donde los cargos públicos tienen un nexo más cercano con el ciudadano, al que se le puede ver en la calle y hablar", lamenta Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas y presidente de la FAMP.
Toscano, regidor desde 1983, es un firme defensor del municipalismo y desde la FAMP propició la aprobación de unas leyes pioneras por las que se definieron cuáles son las 29 competencias de los ayuntamientos, con el compromiso de traspasos por parte de la Junta. El trámite de las leyes causó disputas internas en el PSOE con "aislamiento y presiones", recuerda ahora Toscano, que amagó con dimitir tras expresar la "insatisfacción" de los alcaldes con el planteamiento de la Junta. Meses después el Parlamento aprobó con los únicos votos del PSOE una ley que se calificó como el "Estatuto de los ayuntamientos" y que pondría en vanguardia a los municipios andaluces, al menos, en el papel. Pero dos años después, las leyes tienen un escaso nivel de desarrollo, apenas nada.
Toscano explica que se alcanzó un acuerdo político, pero éste no ha llegado a los servicios técnicos de la Junta, que se "resisten activamente" a ceder competencias a los ayuntamientos. Por ejemplo, las calificaciones de vivienda protegida o la prevención de la contaminación acústica y otras leyes medioambientales. "Llevan 30 años trabajando a la defensiva contra el Gobierno de la Nación y ahora les cuesta. Son sólo dos años de aplicación y lo positivo es que tenemos el modelo; pero si el Gobierno aprueba la ley, será volver atrás: se acabó la autonomía municipal", lamenta Toscano, que confía en que la presión de los alcaldes haga retroceder definitivamente al Gobierno. El presidente de la FAMP reclama una defensa jurídica y política.
Las dudas parecen haber llegado al Gobierno. Además de la presión de sus propios alcaldes, el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha planteado que la propuesta se apruebe como proyecto de ley (lo que requerirá debate en el Parlamento) y no como real decreto. Así se lo hizo ver al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, en una reunión a principios de julio, comentó a esta redacción el director general de Administración Pública de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Antonio Maíllo.
En la Junta se observa con "preocupación" el proyecto y alertan de que, de salir adelante, se incurriría en una "inconstitucionalidad sobrevenida". También choca jurídicamente con el Estatuto, que otorga al Gobierno andaluz la competencia exclusiva en administración local. "Esta reforma supone una confrontación clara con el Estatuto de primer grado, al tener nuestro texto estatutario rango de Constitución", afirma Maíllo, unos de los miembros de IU elegidos por Valderas como alto cargo para su Consejería.
Además del Estatuto, las leyes locales de la Junta (Ley de Autonomía Local, Laula y la Ley Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, Patrica) se "diluyen" según el responsable de la Junta. Para Maíllo, hay un evidente propósito ideológico en la propuesta del Gobierno que camina en el sentido contrario al abierto por la Junta: de la descentralización a la "vuelta al tutelaje".
Valderas reclamó una conferencia sectorial de Asuntos Locales que no ha encontrado respuesta por parte de Montoro. La Junta se movilizará a partir de septiembre.
Desde el ámbito universitario también hay recelos al documento del Gobierno. "Es un mal documento. Lleva a la mesa uno de los desafíos que se mantienen desde principios de la década de los 90, como es las competencias que deben tener los ayuntamientos y sus recursos, pero es un galimatías. Lo razonable es que si se introducen modificaciones legislativas no se dispare en el pie. La Constitución consagra el nivel de gobierno de los ayuntamientos y ahora se convertirían en organizaciones prestadoras de servicios: sobrarían todos los alcaldes y concejales", resume Alfonso Yerga, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide y que fuera responsable de las políticas de Administración Local en la Junta.
El PP aduce el ahorro de 3.500 millones que proporcionaría un nuevo modelo. El documento apunta que así se evitaría la supresión de municipios. Para la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), todo lo relacionado con la reforma de la ley se resume en una idea muy clara: "Concretar y clarificar cuáles son las competencias de los ayuntamientos y cuál es su financiación", informa Pablo M. Durio. Ese debería ser a su juicio el principal objetivo de una verdadera reforma de la Ley después de 32 años de democracia. "Coger el toro por los cuernos", según entiende la primera edil gaditana. Y partiendo de esta idea, Martínez entiende que todo lo demás es secundario. "Si se recortan o no el número de concejales por ayuntamiento, si se limitan los sueldos de éstos... Todo eso también, pero después", explica. La alcaldesa recuerda que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no son suyas (como la atención a personas mayores o familias necesitadas) sin tener financiación para ello y recortando un 16% del presupuesto corriente que se destina a estos fines.
Esta redacción propuso al PP la publicación de un artículo expresando su opinión sobre este tema, pero el PP rechazó la propuesta.
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